Aunque la polémica sobre el Proceso de Bolonia ha saltado a la luz este curso, hace años que la comunidad universitaria se está movilizando, en las aulas y en las calles, para frenar su aplicación. Esto ha sido provocado en gran medida por la ausencia de un debate participativo y en profundidad sobre las reformas universitarias en marcha que condicionarán el futuro de la universidad y tendrán importantes repercusiones sociales.
Hay que denunciar la escasa información que proporciona el Gobierno y su renuncia a organizar un amplio debate. Espero que el nuevo ministro de Educación y Universidades, Ángel Gabilondo, abra cuanto antes el diálogo con la comunidad universitaria y, especialmente, con los estudiantes. Sin renunciar a cuanto pueda contribuir a la mejora de la docencia y la investigación universitarias, así como a la eliminación de las barreras clasistas para acceder y completar estos estudios, la situación actual nos lleva a reclamar que se detenga la implantación de nuevos planes de estudio hasta que una verdadera discusión pública entre todos los componentes de la universidad permita esclarecer su sentido general y su contenido preciso en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
La puesta en marcha de titulaciones adaptadas a dicho espacio se presenta como un requisito para facilitar la movilidad de los distintos sectores universitarios (estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y servicios) y la de los futuros titulados en el marco del libre mercado europeo. Pero el proceso se realiza sin dotación presupuestaria adecuada y en condiciones de recorte del gasto público. Supone una amenaza para la calidad de las titulaciones, una insuficiencia clara de becas y peores condiciones de los préstamos para financiar unos másteres carísimos. Esta precariedad financiera abrirá las puertas a la financiación privada del sistema público universitario, como se plantea explícitamente en la Estrategia Universidad 2015, presentada a bombo y platillo por el anterior equipo ministerial como su gran apuesta para lograr la “modernización” de nuestras universidades en aras de una mayor competitividad de la economía. Eso pone en peligro la esencia de la institución universitaria, que ha de ser concebida como servicio público y no como un negocio más para banqueros y empresarios.
En IU creemos que ha llegado la hora de plantearse decididamente qué hacer frente a Bolonia. Proponemos que se tomen medidas como las siguientes: póngase en práctica lo que acordaron en Praga, en 2001, los mismísimos ministros de Educación europeos al declarar que “los estudiantes deberían participar e influenciar en la organización y contenido de la educación en las universidades”. Sólo con la participación y un amplio debate entre estudiantes, profesorado y el conjunto de la sociedad a través de sus representantes podrá hacerse una reforma democrática de la universidad. Y, para hacerlo viable, es imprescindible paralizar la reforma de los planes de estudio y suspender la fecha límite de 2010 como inicio de la extinción de los planes preBolonia. En segundo lugar, hágase realidad lo que también acordaron los ministros de Educación en Bergen, en 2005, sobre la llamada “dimensión social del Proceso de Bolonia”, entendida como “la necesidad de establecer las condiciones para que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico”. Esto exige llegar al 2% del PIB para la financiación universitaria, luchar contra el fracaso escolar como un objetivo central, trabajar por la gratuidad de todos los estudios superiores y generalizar un sistema de becas-salario. A su vez, esto implica descartar la subida de tasas, impedir que los másteres tengan elevados precios y rechazar los falsos préstamos-renta que hipotecan al estudiantado.
En tercer lugar, para hacer efectiva “una educación superior centrada en los estudiantes”, como promulgaron en Londres, en 2007, los susodichos ministros, póngase en marcha una auténtica renovación pedagógica que propicie un aprendizaje más activo, una relación más cercana estudiante-profesor, con grupos más pequeños y una docencia más tutorizada.
En cuarto lugar, hay que abandonar el objetivo de “incrementar la competitividad del Sistema Europeo de Educación Superior”, declarado en Bolonia, en 1999, dando pie a un proceso de mercantilización y privatización de la universidad, no a su reforma democrática. Los servicios educativos no deben tratarse como una mercancía y la mejora de su calidad no pasa por la competitividad entre las universidades de España, de Europa o del resto de mundo, sino por la cooperación entre ellas. Ha sido un mérito del movimiento estudiantil forzar a diversos actores a pronunciarse en contra de la mercantilización de la universidad pública, alertando de mil maneras de la subordinación al mercado que está implícita en el objetivo de la competitividad.
Por último, la necesidad de una formación universitaria que también prepare para el ejercicio profesional no debe servir de excusa para supeditarla a las necesidades del mercado en nombre de la llamada “empleabilidad”, sino que debe orientarse a formar personas críticas y altamente cualificadas, con capacidad investigadora e innovadora, que contribuyan a la creación cultural y a un desarrollo social y ecológicamente sostenible. Hay que dar un giro de 180 grados a la política universitaria de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, plasmada en su Estrategia Universidad 2015, y trabajar de forma efectiva por una universidad pública de calidad, gratuita, democrática y al servicio de la sociedad.
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