Cayo LARA

(Intervención de Cayo Lara en el Club Siglo XXI)

Buenas tardes,

Quisiera arrancar esta intervención con unos breves apuntes históricos.
El 9 de mayo de 1950, cinco años después de la capitulación de Alemania propiciada por la alianza entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, el Ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, expuso un plan para crear una Europa organizada atendiendo a ideas concretas y solidaridades de hecho.
Al año siguiente, el 18 de abril de 1951, seis países firmaban en París el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero que abrió paso a la vertebración de la Unión Europea. Un difícil camino que ha durado hasta nuestros días, con el ingreso de Bulgaria y Rumania el 1 de enero de 2007, hasta alcanzar un conjunto de 27 países.
En alguna parte del imaginario de la izquierda existe la idea de Europa como un espacio de derechos, de servicios sociales, de paz, de ecología y hasta de feminismo. Responde a la idea de un modelo de civilización, un punto de vista ético sobre el mundo opuesto, claramente, al sálvese quien pueda imperante en Estados Unidos.

Se podría decir que esta idea, esta ilusión común, era cierta, o lo fue en un principio, ya que respondía a las aspiraciones y deseos de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Un modelo económico de bienestar que fue posible gracias a la derrota del fascismo y a la existencia de un verdadero contrapoder, la Unión Soviética y los países socialistas de su entorno.

Estos acontecimientos históricos sirvieron para conformar las claves que moldearon esa idea de Europa. Se implantaron avanzados sistemas democráticos en los cuales el capitalismo tuvo que negociar ante el empuje de los partidos y sindicatos de izquierda. La socialdemocracia europea marcaba el ritmo hacia el Estado de bienestar mientras se impulsaban las instituciones económicas y resoluciones internacionales surgidas en la conferencia de julio de 1944 como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Carta de Derechos Humanos de la ONU.

En España esta idea de Europa no estuvo presente. La sublevación militar contra la Segunda República nos cortó cualquier relación con el destino europeo. La derrota militar de la incipiente democracia de 1931 impidió que nuestro país se sumara al tren del progreso que recorría Europa. Con Franco a la cabeza del Estado, secundado por la Iglesia Católica y la burguesía reaccionaria, se instauró un régimen de represión caracterizado por la miseria, el miedo y el atraso económico que impidió cualquier desarrollo político y social común.

Esta situación, insostenible, provocó que miles de personas tuvieran que exiliarse o emigrar a países como Alemania, Francia, Bélgica o Suiza, lo que contribuyó a extender el mito de que la entrada de España en Europa supondría la modernidad. Nuestro rápido ingreso en la Unión Europea en 1986, de la mano de Felipe González, se pagó con nuestra peculiar “OTAN de entrada NO”, la ruptura del tejido industrial pesado y la apertura de nuestro mercado interior, a cambio de unos fondos de cohesión y ayuda al desarrollo que en breve tiempo finalizarán.

La aplicación de férreas políticas neoliberales puestas en marcha por Reagan y Thatcher en los ochenta, la transparencia y modernidad impulsadas por Gorbachov y la caída del muro de Berlín en 1989, cambiaron el escenario mundial de forma radical.

La política social europea empezó, desde ese momento, a perseguir el establecimiento de prescripciones mínimas, es decir, claros recortes en las conquistas sociales que han derivado, en la actualidad, en una competición entre modelos nacionales donde se imponen las tesis ultraliberales anglosajonas.

Ideas y principios que se convirtieron, como todos sabemos, en el pensamiento hegemónico dominante. Una hegemonía neoliberal que influyó en gran medida en el desarrollo de la arquitectura de la Unión Europea de los 15. El cambio provocado por el Tratado de Maastrich supuso un giro en la orientación histórica de la Europa social en beneficio, exclusivamente, del libre mercado. El resultado es conocido, los ciudadanos y ciudadanas europeos estamos perdiendo derechos adquiridos.

Se establecieron, siguiendo criterios neoliberales, unas políticas públicas encaminadas a reducir la inflación, la deuda pública, la inestabilidad monetaria y la creación del embrión del futuro Banco Central Europeo y del euro. Prácticas que se han llevado a cabo reduciendo el crecimiento económico sostenible, el estado de bienestar y la calidad de vida de las familias, especialmente de las clases más desfavorecidas, y perjudicando a las pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Una vez más han primado los intereses del capital internacional sobre la vida de las personas. Somos todos, cada vez, más precarios. Menos ciudadanos con derechos y más esclavos de las multinacionales y sus extensas redes de explotación.

La política neoliberal ha provocado, y lo estamos padeciendo en esta crisis sistémica, un crecimiento del desempleo, una redistribución equivocada y torticera de la renta basada en un gran crecimiento de las rentas del capital y un estancamiento de las rentas del trabajo, una ralentización del crecimiento del gasto público social por habitante, disminución de los beneficios sociales y un incremento muy notable de las desigualdades sociales. Los ricos se han hecho escandalosamente más ricos y los pobres dramáticamente más pobres.

Un ejemplo: El 20% de personas de mayor renta en la Unión europea de los 15 recibe el 40% de la renta total, mientras que el 20% de menor renta recibe sólo un 7% de ésta.

Casi 15 años después de la firma del Tratado de Maastricht y 9 años de la Agenda de Lisboa las orientaciones neoliberales prevalecen y no se han cumplido ninguno de los objetivos perseguidos.

Muestra de ello es la modificación que realizó la Comisión Europea en 2004 por la que fijó nuevas prioridades para reforzar la Estrategia de Lisboa y que no tenían otro fin que desregular aun más los mercados, en especial el del trabajo, justificándolo con la mejora de la inversión en redes y en conocimiento, el refuerzo de la competitividad de la industria y de los servicios, más privatizaciones y la prolongación de la vida activa de los trabajadores. En resumen, más capital y menos derechos. La práctica de combate del neoliberalismo.

Estas prioridades han conseguido deteriorar aún más las condiciones de la mayoría de la población europea, con jornadas laborales más largas, salarios insuficientes, desempleo creciente y de larga duración, trabajo temporal e interinidades no retribuidas para jóvenes y mujeres. En todos los países europeos se privatizan los servicios públicos para obtener beneficios. Una política destinada a incrementar los beneficios empresariales. La Europa de los mercaderes, a costa del sacrificio de la población.

Estas políticas fueron rechazadas en los referenda sobre la Constitución Europea en 2005 por los ciudadanos de Francia y Holanda, que consideraron que la construcción Europea se estaba realizando con serias carencias democráticas. El NO, rotundo, significó también un rechazo directo a las elites gobernantes europeas. Elites que se creían tan seguras de ser los dueños de Europa que no concibieron la posibilidad de que alguien se opusiera a sus intereses. Uno de los países que refrendó la Constitución, y analizar las razones sociológicas seria prolijo, fue España.

Este “NO” a la Constitución Europea generó una crisis política en la Unión ante el temor de un creciente rechazo. Con este temor por parte de los gobernantes se llegó al Consejo Europeo de junio de 2007 en el que se encomendó la elaboración de un Tratado de Reforma que modificara los actuales de la Unión y el Constitutivo de la Comunidad Europea, aprobados en Maastricht y modificados posteriormente en Ámsterdam y Niza. Este será el Tratado de Lisboa firmado en diciembre de 2007.

Este Tratado conserva el capitalismo en su versión más neoliberal como modelo dominante, y fue realizado sin democracia ni transparencia. Todas las negociaciones se hicieron a puerta cerrada, sin participación de los ciudadanos ni de los parlamentos nacionales ni del europeo. Se pretendía que el Tratado no fuera ratificado por los pueblos evitando cualquier posibilidad de legitimación democrática. Pero volvió a pasar lo mismo: en Irlanda, único país que lo sometió a referéndum, el pueblo dijo NO.

La orientación política de la Unión Europea ha sido contestada en numerosas ocasiones en la calle. El mismo día que se reunían los Jefes de Estado y gobierno en Lisboa para aprobar estos principios, tenía lugar en Portugal la manifestación más grande en los últimos 20 años. Si los jefes de Estado hubieran sacado la cabeza por la ventana, hubieran visto a 200.000 personas manifestándose en la calle contra lo que estaban decidiendo.

El próximos mes de mayo podrán comprobarlo de nuevo con las euromanifestaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos en Madrid, Bruselas y Berlín, con el objetivo de buscar salidas a la crisis económica y que los costes no recaigan sobre los trabajadores. Esperemos que esta vez sí nos hagan caso. Estaremos en la batalla. Somos parte del pueblo europeo.

También estaremos en las movilizaciones convocadas por los movimientos sociales en una gran cantidad de ciudades europeas, entre ellas Madrid, el 28 de marzo.

IZQUIERDA UNIDA reafirma su “NO” al Tratado de Lisboa. La redacción de un nuevo Tratado debe emanar de una Asamblea Constituyente, elegida por sufragio universal directo de los ciudadanos de todos los estados miembros. La participación democrática y los parlamentos deben fortalecerse estableciendo normas sobre iniciativas populares, ampliando la co-decisión y las relaciones entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo.
Los ciudadanos de la Unión deben discutir y debatir una alternativa al Tratado de Lisboa para construir una Europa entre todos y no la que decida la clase dominante. Que esta neutralizando las conquistas sociales en nombre del llamado libre mercado. Se legitima la competencia desleal entre empresas de diferentes estados y se acentúa el dominio del perverso orden económico neoliberal sobre las aspiraciones democráticas de la población. Cada vez más, crece la Europa de la involución de los derechos. El capital contra las personas, podría ser uno de nuestros lemas.
Pero además, a este recorte de derechos y a la crisis política derivada del rechazo a la Constitución Europea, se le añade ahora la profunda crisis económica del sistema, catalizada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Una crisis también de valores y principios. El modelo económico quiebra.

En toda Europa el impacto de la crisis es brutal por la política llevada a cabo por las elites que controlan la economía y la política. El precio de estas actuaciones lo pagaremos los pueblos. Han puesto en peligro la paz, la seguridad internacional y la co-existencia. El mundo ha sido arrastrado a esta crisis global por la política hegemónica de los Estados Unidos, en especial, por la Administración Bush y el seguidismo de la Unión Europea, incapaz de tener una política unívoca frente a los desmanes de las administraciones de Estado Unidos.
La crisis demuestra una vez más el fracaso de la globalización neoliberal que ha maximizado los beneficios sin ningún control estatal o intervención pública. Las políticas, los estados y la sociedad entera se subordinan a un mercado financiero sin control. El resultado es claro: falta de democracia y el final de las políticas de protección social.
Seguimos dirigidos por el gran capital, por las grandes corporaciones bancarias ayudadas por unas agencias de calificación de riesgo, que han valorado de forma irreal el valor de ciertos activos con el fin de colocarlos rápidamente en unos mercados financieros fuertemente especulativos y opacos.

A eso se han dedicado los bancos, a colocar los recursos depositados por sus clientes en inversiones sumamente arriesgadas, muy rentables para ellos, pero muy peligrosas para su solvencia y para la marcha general de la economía. El colapso del sistema financiero está ahogando la actividad económica real, y ha puesto en situación de recesión a varios países provocando fuertes ajustes en el mercado de trabajo. El socialismo democrático, el nuevo socialismo del siglo XXI que planteamos, es la única solución posible.

La paradoja es que ahora, desde esas mismas tribunas que daban todo el poder al mercado se solicita dinero público, el de los contribuyentes, para conceder ayudas multimillonarias que eviten la catástrofe creada por la especulación. Apadrine usted a un banquero y rescátele de la quiebra, parece ser el mensaje de los gobiernos.

La crisis económica no la han generado los trabajadores ni sus salarios. Al contrario, éstos han sufrido la desregulación del mercado y la pérdida de poder adquisitivo. Es una crisis motivada por el modelo productivo capitalista. Por tanto, al igual que se están dedicando cantidades multimillonarias para intentar salvar al sistema financiero, se deben dedicar las cantidades necesarias para fundamentar un nuevo modelo de desarrollo alternativo y justo como oportunidad para salir de la crisis.

Para ello el sector público debe jugar un papel esencial como motor de la recuperación económica. El sector público, y la Constitución española lo ampara y reconoce, debe actuar protegiendo a los desempleados y a las familias sin ingresos, poniendo en marcha políticas de reactivación económica que generen empleo de calidad en especial en sanidad, educación, atención a la dependencia, desarrollo rural unido a la protección medioambiental y en desarrollo de energías alternativas y limpias.

El modelo económico actual ha fracasado y por tanto es urgente que los trabajadores y las clases más desfavorecidas de Europa, es decir, la mayoría, trabajemos unidos por una nueva construcción europea basada en un modelo económico que priorice los derechos y necesidades de los ciudadanos frente a los intereses de las multinacionales y el sector financiero.

Hace muchos años se exclamó que los trabajadores no tenían patria. Es hora de que esta premisa, con independencia del lugar de nacimiento o residencia, se haga efectiva y que el conjunto de la clase trabajadora europea se levante contra el neoliberalismo, contra la especulación, por un socialismo democrático que haga posible la vida en Europa y en el mundo.

Ahora más que nunca la Unión Europea está en una encrucijada:
O continúa con su actual política capitalista, que ahonda la desigualdad o se encamina hacia un modelo de desarrollo sostenible y con justicia social, de paz y cooperación mutua, de igualdad entre mujeres y hombres, de participación democrática y solidaridad, donde el antifascismo, el antirracismo, las libertades civiles y los derechos humanos sean prácticas comunes.
Los planes que presentan los líderes de la Unión Europea para salir de la crisis pretenden reconstruir y refundar el capitalismo impulsando la flexiseguridad y desregularizando aún más los derechos laborales conseguidos gracias a la lucha histórica del movimiento obrero, legitimando el dúmping social a través de directivas que atacan directamente al modelo social europeo como la relativa a los servicios públicos, la de trabajadores desplazados, la de la ampliación de la jornada de trabajo a 65 horas -a la cual el Parlamento asestó un revés-, o la de retorno de inmigrantes, también conocida como “Directiva de la Vergüenza”.

En esta misma dirección está inmerso el proceso de Bolonia, con el que se pretende que los estudios universitarios ya no tengan como finalidad potenciar el conocimiento humanista y científico de las personas y, por lo tanto, el enriquecimiento material e intelectual de la sociedad, sino una formación específica al servicio del sistema productivo capitalista, de las empresas que patrocinen los master.

Es una vuelta de tuerca más para afianzar el sistema: se trata de rechazar los individuos que piensan buscando sólo a aquellos que obedecen. Los primeros actúan de forma crítica y desarrollan la ciencia y las humanidades al servicio de la comunidad; los segundos serán peones al servicio de la producción globalizadora.

Izquierda Unida ha apoyado las movilizaciones realizadas hoy en Madrid y en otros lugares de nuestro país contra la implantación del proceso de Bolonia. Defendemos la transformación profunda de la Universidad, entendida como servicio público y una financiación pública suficiente que alcance el 2% del PIB.

Los tiempos turbulentos advierten de los problemas internos y de las desavenencias de las naciones y de los bloques como la Unión Europea. Ciertas decisiones adoptadas de forma unilateral por alguno de sus miembros esta despertando la xenofobia, el individualismo y el proteccionismo destructivo dentro de la Europa de los Veintisiete. Las recientes huelgas en el Reino Unido contra la contratación de trabajadores de otros países europeos, bajo el slogan “¡empleos británicos para trabajadores británicos!” o las medidas adoptadas por Sarkozy para defender los empleos de su industria automovilística con la condición de que las empresas aumenten la producción dentro de Francia y la disminuyan en el resto de países de la UE, así parecen indicarlo. Como se observa por estos ejemplos, los gobernantes quieren salvar su cuota de poder. Poco importa ahora la cohesión europea. El egoísmo y el individualismo es la bandera neoliberal.
Por ello es necesario decir que, frente a los intentos de refundación del capitalismo, solo el socialismo democrático puede dar solución a los problemas de los trabajadores, de los pueblos y del Planeta. De ahí la urgencia de refundar una Europa que subordine los intereses del mercado y del poder económico al poder político y que genere una cultura de paz y de solidaridad.
Izquierda Unida defiende una política basada en el desarrollo social y económico y en la protección de la naturaleza, con el objetivo de lograr la igualdad. Nuestro trabajo es concienciar a los trabajadores y a los ciudadanos de que es posible una Europa donde el pleno empleo de calidad y la instauración de un Estado social sean los objetivos.
Pero esto sólo será posible si reformamos el sistema financiero y económico internacional y procedemos a una nueva construcción europea basada en la intervención pública, reforzando aspectos como la educación, la sanidad, el cuidado de la infancia y la atención a las personas dependientes y prestando una especial atención a los sectores estratégicos europeos procediendo a su nacionalización, en su caso, con el fin de dedicar parte de sus beneficios a la inversión en I+D+i y al desarrollo de energías alternativas.

Para ello se debe incrementar el presupuesto del Gobierno europeo, para facilitar el estímulo del crecimiento y su impacto redistribuidor, y realizar una reforma fiscal europea que ponga nuevos cimientos a la financiación pública y acentúe la progresividad de las cargas a los más ricos.
Una reforma democrática que promueva una armonización justa de los sistemas fiscales europeos; que comience a aplicar impuestos ecológicos, que persiga y penalice la delincuencia financiera en todas sus formas; que dé pasos para eliminar los “paraísos fiscales”. Solo así podremos incrementar la ayuda al Tercer Mundo y proteger los bienes públicos mundiales. Juntos, es decir, de forma común, socialista y democrática. El individualismo es un cáncer. Extirparlo con proyectos e ideas colectivas es la única solución.
Habría que reemplazar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un nuevo Pacto de Solidaridad que se centre en el crecimiento, el pleno empleo y la protección social y ambiental.

Debemos sustituir la Estrategia de Lisboa por una «Estrategia Europea para la Solidaridad y el Desarrollo Sostenible» centrada en una serie de nuevas políticas económicas, sociales y ambientales que fomenten la dignidad y calidad del trabajo en todos sus aspectos, mejore las normas laborales, reduzca a 35 horas la jornada de trabajo semanal, garantice un salario mínimo interprofesional europeo que represente como mínimo el 60% del salario medio nacional.

Debemos crear una legislación que facilite el desarrollo de convenios colectivos a nivel europeo y que luche contra la pobreza y la exclusión social, garantizando una vida digna a todo el mundo y una ley de inmigración que refuerce el derecho de los inmigrantes a trabajar allá donde vivan.

Debemos invertir en I+D+i, en cultura, infraestructuras básicas y de apoyo a la industria, innovación pública, mejora de la cualificación laboral, protección del medio ambiente, impulso de las tecnologías ecológicas a través de inversiones que promuevan la reducción y el tratamiento de los residuos, en especial los industriales y tóxicos peligrosos, así como el fomento de sistemas de transporte más seguros y menos contaminantes.

Así mismo, el control público y democrático del Banco Central Europeo es cada vez más necesario. Es inaceptable que una institución tan poderosa no esté sometida al control por parte de la ciudadanía. El Banco Central Europeo debe tener la responsabilidad de apoyar el desarrollo, la inversión y el empleo y no la estabilidad y el control de precios.

No es justificable el desembolso de dinero público para tapar los agujeros de las instituciones financieras que se han estado lucrando a costa del ciudadano de una manera inmoral. Si existe dinero para darle a los bancos, ¿cómo no existe para invertir en servicios públicos como la sanidad o la educación?

Por último, el siglo XXI reclama cambios profundos y radicales en las relaciones económicas y políticas internacionales que eviten la supremacía de los EEUU y otros países de la OCDE.

Son necesarias nuevas instituciones que reemplacen al FMI, al Banco Mundial y una reforma profunda de las Naciones Unidas.

El Fondo Monetario y el Banco Mundial- cuyo lema es trabajamos por un mundo sin pobreza- no sólo no han conseguido su propósito, sino que han arruinado con sus recetas neoliberales a economías emergentes como la que llevó a Argentina a decretar el “corralito”, y conducido a los países pobres, o en vías de desarrollo, al pago de una deuda y sus intereses que colapsa las economías y por lo tanto su posibilidad de progreso. En definitiva unas nuevas instituciones internacionales que no hagan de empobrecedores de otros países.

Se impone que Naciones Unidas represente verdaderamente a “Nosotros los pueblos…” de forma igualitaria, justa y democrática. No es democrático que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sigan utilizando el derecho de veto.

La Organización Mundial del Comercio debe transformarse de forma que prime el desarrollo sostenible de todos los pueblos y la colaboración mutua, y no el principio de libre competencia que ha tenido como consecuencia el aumento de la pobreza en el mundo.
Apoyamos la exigencia de soberanía alimentaria, es decir, el derecho de los pueblos a decidir sobre su política agraria por ellos mismos respetando el medio ambiente. Ello significa dar prioridad a las producciones locales agrarias, a la calidad en la alimentación y el no sometimiento a los mercados mundiales.
El acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos se debe regular para llevar a cabo una verdadera reforma agraria en Europa y en otros continentes.
Demandamos una política de desarrollo rural integral que apoye la biodiversidad agrícola y el empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres. Los subsidios deben darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes terratenientes o productores en algunos sectores.
Tenemos que empezar por reorientar la distribución del presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular, hacia las necesidades de las zonas rurales, los pequeños productores y las zonas desfavorecidas y montañosas.
La agricultura del siglo XXI tiene que proteger el material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de los campesinos del mundo a tener sus propias semillas (frente al empuje de multinacionales como Monsanto), aplicando programas de desarrollo de la agricultura y la ganadería orgánicas.
Es urgente prohibir el uso de organismos modificados genéticamente en la producción de alimentos, defendiendo y valorando la denominación de origen, incluso en los mercados no europeos.
Izquierda Unida y los partidos de la Izquierda Europea exigimos una Europa civilizada y pacífica, cuya economía sea sostenible y social, feminista y desarrollada sobre la base de la democracia y la solidaridad. Una Europa socialista, nueva y democrática, que supedite el capital internacional al mundo del trabajo y a los intereses de los ciudadanos. Se requieren ideas, iniciativas y un gran esfuerzo de los protagonistas políticos y de las fuerzas democráticas, de los sindicatos, los movimientos sociales y ecologistas y de los representantes de la sociedad civil. Las alternativas socialistas son posibles a través de una lucha común tanto en las calles como en los parlamentos. No renunciaremos a nada. La lucha es más necesaria que nunca.
La Izquierda Europea apuesta por garantizar plenos derechos para las mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida. Derechos que recojan, por ejemplo, la facultad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo dentro del sistema público europeo de salud. Un sistema en el que se elimine toda forma de violencia de género.
La Unión ha de promover y proteger los derechos de las personas discriminadas por razón de raza, sexo, ideología, religión, discapacidad y edad. Es nuestro deber denunciar la actitud represiva de las políticas de inmigración de la Unión y luchar para darles un giro radical orientándolas hacia la solución del problema.
Los ciudadanos de la Unión hemos de decidir hacia dónde queremos avanzar. La respuesta no puede ser ni la resignación ni la abstención. Ante esta gravísima situación, provocada por la voracidad del capitalismo, nosotros decimos que hay alternativas. La política en cada país y en Europa debe y puede cambiar. Es el momento de abrir un debate público en Europa, y para ello las elecciones europeas son el mejor marco para que los ciudadanos y ciudadanas podamos reconstruir la Unión sobre la base de la intervención del mercado y desde la participación pública de la economía.
Asistimos, pese al maquillaje y las palabras vacías de los gobernantes, al fracaso del modelo económico neoliberal basado en la especulación, la explotación y el individualismo.

Ha llegado la hora, por tanto, de levantarse del suelo y proclamar, con orgullo, que la construcción de una Europa socialista y democrática es posible, que es más necesaria que nunca y que sólo podrá realizarse si los ciudadanos europeos asumimos con determinación que en nuestras manos, ideas y sueños, está el futuro.

Amigos y amigas:

Agradezco la invitación del Presidente de Nueva Economía Forum y a ustedes su presencia.

Esta tarde cuando se oculte el sol, toda la población activa de una ciudad de 13.000 personas se incorporará a la cifra del paro en nuestro país.

Esta noche, cuando salga la luna, 3.400.000 personas hablarán en sus casas del drama del paro que sufren en carne propia, y más de un millón masticarán la amargura de no tener ni subsidio de desempleo.

Esta noche, en 827.000 hogares españoles, en los que no tiene trabajo ningún miembro de la unidad familiar, se acostarán con el sueño de que tal vez mañana alguno encuentre un trabajo.

Mientras todo esto ocurre, unos cuantos dormirán tranquilos porque aseguraron sus inmensas fortunas en uno de los 44 paraísos fiscales que hay en el mundo.

Los altos ejecutivos de las empresas del IBEX no se despertarán sobresaltados porque sus salarios medios son 66 veces superiores a los de los 11 millones de mileuristas que hay en España.

Los banqueros no tendrán remordimientos de conciencia por exhibir retribuciones que se mueven entre los 3 y los 6 millones de euros anuales, y otros especuladores se acostarán pensando dónde invertir para ganar el máximo beneficio en el menor tiempo posible.

Yo, hoy, me siento un privilegiado entre los primeros y un asombrado ante los segundos. Asombrado por que el ser humano, por la ambición infinita de acumular, ha renunciado a sus valores y es capaz de generar tanto sufrimiento a millones de seres humanos violando, sin piedad la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pero hoy no hemos venido aquí a hablar de la reconversión de los capitalistas, ni en éste 23 de Febrero, vamos a hablar de lo que significó de verdad ésta fecha hace 28 años, ni del papel que jugó el Rey.

Hemos venido a hablar de una crisis que lleva a la depresión económica, personal y social. De una crisis del sistema capitalista de producción que es, financiera, energética, económica, climática, alimentaria y de valores, de los valores más nobles del ser humano tal como transmiten a diario los medios de comunicación.

En la llamada sociedad de la información, o del ruido y la confusión, de los espías, de la caza y de la corrupción, no podremos decirles a las generaciones venideras que no sabíamos lo que estaba pasando. Hoy, somos conscientes y, tal vez cómplices de que una parte del mundo esté muriendo por causa del afán y el interés especulativo mundial.

La obsesión por el beneficio inmediato que preside esta fase actual, quizá terminal, del capitalismo, que algunos han definido como turbocapitalismo, nos ha llevado a esta situación, a esta crisis sistémica, una crisis mundial del modelo productivo sustentado sobre la economía financiera, especulativa, donde los grandes capitales y sus intereses han dirigido la política mundial, organizado guerras, decidido la suerte de gobiernos, países, continentes enteros, provocando, entre otras cosas que una multitud errante, un nuevo sujeto histórico, camine por las rutas de la tierra buscando trabajo, alimento, buscando vivir.

El resultado es conocido. Estamos en la crisis económica más grave desde la segunda guerra mundial, una crisis que ha revelado la imposibilidad del capitalismo para organizar el mundo de forma estable, justa y democrática. No es hora de volver la espalda a la crisis. Es el tiempo de plantear alternativas, repensar todo, y definir estrategias radicales, estrategias de ruptura.

Es hora de negar, con mayúsculas, el fundamentalismo del mercado.

Izquierda Unidad se define, entre otras ideas, como una fuerza anticapitalista que pretende ayudar a cambiar el modo y las relaciones de producción, a vivir y sentir de otra forma, a conquistar la transformación en la calle y en las instituciones, a pesar de que a una parte del pueblo se nos recorta la voz en el Parlamento por un sistema electoral, tan injusto, que hace que cada escaño nos cueste 7 veces más votos que a cada uno de los dos grandes partidos.

Un sistema electoral concebido hace 30 años para castigar, primero al PCE, y luego a IU. Un sistema electoral que nos empuja al limbo de la marginalidad como reconocieron públicamente los señores Calvo Sotelo y Rodríguez de Miñón.

Permítanme, por tanto, que use, desde esta impuesta marginalidad, términos clásicos, términos que a nuestro juicio describen con gran precisión la situación actual.

Estamos en una crisis de un modelo de producción que se ha mostrado ineficaz para crear sociedades de bienestar, sociedades equilibradas que garanticen los derechos fundamentales del ser humano. No nos engañemos con el espejismo del primer mundo. Cuando aquí ha llegado la crisis, el tercer mundo lleva décadas de agonía incrementándose el hambre hasta llegar a la escalofriante cifra de mil millones de personas.

El capital internacional, las grandes multinacionales y, por extensión, los gobiernos neoliberales, reaccionarios, y los socialdemócratas, siempre temerosos, han secuestrado la política, la capacidad libre de decidir sobre lo esencial a los ciudadanos. Quiero decirlo una vez con claridad, con rotundidad: la democracia, con las reglas de funcionamiento que conocemos, es incompatible con el capitalismo.

En esta situación, y con independencia de las propuestas concretas que desgranaré a continuación, es necesario proclamar sin rubor, que la izquierda transformadora, radical, es más necesaria que nunca. Proponemos un discurso coherente, reivindicamos la ética en la política, aportamos ideas y alternativas y nuestro objetivo sigue siendo el mismo: el socialismo democrático.

Es cierto, que la crisis financiera tiene su origen específico en la masiva concesión de hipotecas conocidas como “sub-prime” en Estados Unidos, hipotecas que se distribuyeron por el mundo en paquetes tóxicos debidamente barnizados por las agencias de calificación de riesgo, produciendo una economía de casino en la que los bancos invertían con el señuelo de una rentabilidad a corto desmesurada y con la ausencia total de control por los gobiernos. El impago de hipotecas llevó a una devaluación de los valores que las sustentaban y hoy nadie sabe a cuanto asciende la burbuja que ha estallado.

En el caso español, aquí, entre nosotros, en nuestra trinchera cotidiana, la crisis mundial nos afecta doblemente por las características propias de nuestro modelo de crecimiento que se ha basado en gran medida en el sector de la construcción, la precariedad laboral y una desfiscalización de las rentas del capital.

Este modelo ha sido defendido e impulsado a nivel estatal y autonómico, tanto por los Gobiernos del PP como del PSOE. Ambos, en esencia, se han dedicado, legislatura a legislatura, a quebrar los instrumentos de intervención pública existentes con el fin de impedir un cambio de modelo. La privatización de la Corporación Bancaria de España (ARGENTARIA), la supresión de los impuestos de las grandes fortunas, o posibilitar la especulación inmobiliaria son un claro ejemplo de ello.

En España, en los años 2005, 2006 y 2007 se han construido 800.000 viviendas anuales, aproximadamente el 95% en el mercado libre. Tantas como se han edificado en Alemania, Francia y Gran Bretaña, cuando España sólo representa el 9,7% de la población europea. Hoy hay un excedente de cerca de 1 millón de viviendas sin vender. El déficit de viviendas de protección pública es clamoroso -lo que impide el ejercicio del Derecho a la vivienda que establece el artículo 47 de la Constitución española y los Estatutos de Autonomía- y cerca de 100 mil familias cuentan con una orden de desahucio por impago de sus hipotecas.

Hace tan sólo un año el Gobierno negaba la existencia de una crisis económica que venía mostrándose desde mediados de 2007. Ocultó la realidad a la población y no dijo verdad cuando afirmó que era una simple desaceleración pasajera. En estos momentos, ante nuestros ojos, la recesión es un hecho. Y se extiende por Europa como la vieja peste. Y se extiende por el mundo.

Esta crisis tiene víctimas con rostro. Las víctimas, los de siempre, los de abajo, son los trabajadores y las trabajadoras -sean asalariados, autónomos o cooperativistas- que ya están pagando en muchos casos, con su puesto de trabajo o el embargo de su casa, los excesos y el abuso de la banca y la especulación. Esta crisis tiene también claros responsables. Aquellos que pudieron evitarla, frenarla, y no lo hicieron.

No debemos permitir que nuestros gobernantes no propongan ideas y se limiten a ofrecernos recetas a corto plazo y alambicados discursos de proximidad con el drama ajeno. El elevado endeudamiento de empresas y familias, el descomunal saldo negativo de la balanza de pagos o el descontrol de la burbuja inmobiliaria, ya anticipaban ajustes al crecimiento de la economía que el Gobierno ha despreciado sistemáticamente. Ajustes cuya duración e intensidad desconocíamos, pero que se han acelerado con la crisis financiera internacional.
Por tanto, el verdadero riesgo de nuestra economía no proviene, únicamente, de la crisis internacional, sino también de la implantación de un modelo de crecimiento basado en la acumulación de capitales y beneficios sin límite, en el que la riqueza creada no se ha repartido adecuadamente para reducir las desigualdades. En suma, un modelo que ha permitido ganar dinero de cualquier forma, en especial a los bancos, que han arriesgado sus depósitos para financiar lo que era más rentable a corto plazo, sin calcular los futuros problemas de insolvencia. Quienes exhibían 19.000 millones de euros de beneficios hace solo un año, ahora, piden ayuda pública.

Ese es el riesgo que tendría que haber subrayado el Banco de España y no, como ha recalcado, la necesidad de reformar el mercado de trabajo con un abaratamiento del despido cuando en nuestro país, las tasas de desempleo, temporalidad y precariedad en el trabajo son las más altas de la Unión Europea.

Pero el Banco de España, corresponsable de la implantación de ese peligroso modelo económico, no puede denunciarlo ya que defiende y se alinea con las grandes empresas y bancos para quienes están diseñadas esas políticas liberales.

La derecha económica (CEOE) pide, sin tapujos, el abaratamiento del despido, el que los ERE´s no necesiten autorización administrativa y control salarial. ¿A dónde llegarán con la siguiente propuesta? ¿Hablarán del trabajo esclavo?

El Partido Popular sigue pidiendo lo de siempre, reducción de los impuestos de los ricos y aumento de los impuestos a los pobres, reducción del sector público, de la sanidad, la educación, los servicios y prestaciones sociales públicas. Piden la privatización de todo ello para tener otro espacio de negocio privado. En definitiva, piden recomponer la tasa de ganancia para volver al punto de partida del capitalismo neoliberal a costa de los derechos laborales y de los costes salariales, o sea, el tipo de medidas que se han venido aplicando hasta ahora y que son, exactamente, las mismas que ha acelerado y agravado la crisis.

En esta tesitura, el Ministro Solbes -que llegó a afirmar que los banqueros no necesitaban lecciones de cómo gestionar la inversión del dinero público de la línea de 50.000 millones de euros que abrió el gobierno- sabía antes de concederlo que el dinero no llegaría a las PYMES y que los bancos lo utilizarían en tapar sus agujeros negros. El Ministro ha anunciado ya su retirada en ésta legislatura. Tal vez le pase lo que a aquel preso que tenía pendientes largas condenas y le dijo a su abogado en el locutorio de la cárcel: “¿Cómo va lo mío” y el abogado le contestó: “Lo tuyo va bien pero si te puedes escapar te escapas”.

Pero las consecuencias de la crisis, que afectan al conjunto de la sociedad, no pueden recaer sobre las espaldas de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de los autónomos y de la pequeña empresa ya que, además de injusto, llovería sobre mojado

En la pasada reunión del G-20 -el presidente Rodríguez Zapatero pidió una silla prestada- se intentó refundar el capitalismo, salvar el capitalismo, empezando por su sistema financiero. Se levantó acta de las heridas de muerte que presenta el actual esquema neoliberal, el integrismo de mercado, y se avanzó la hipótesis de la bondad de un capitalismo de rostro humano, dotado de más férreos controles públicos.

Sin embargo, nos enfrentamos a un problema, un planeta con recursos limitados. Por tanto hay que hacer frente a la crisis con otro modelo. Un modelo de desarrollo sostenible, más justo, solidario, que reduzca las desigualdades sociales, respetuoso con la naturaleza. Una nueva forma económica, social y humana, que acabe con el hambre en el mundo y que logre la paz y la transparencia financiera mundial terminando con los verdaderos santuarios del dinero opaco y criminal que son los paraísos fiscales referidos. Este debe ser el objetivo de los sindicatos y de todas las fuerzas políticas transformadoras.

Ante la gravedad de la crisis en nuestro país, Izquierda Unida considera que el objetivo fundamental de toda política económica debe de ser la defensa del empleo existente y la creación de nuevos puestos de trabajo. Con menos fiscalidad, con menos sector público, con ayudas y avales de 150 mil millones a la banca nacional no vamos a ninguna parte.

Si no se actúa de forma enérgica y eficaz, las consecuencias serán dramáticas con una desintegración social desgarradora e insostenible. Si no se actúa de forma enérgica y eficaz la movilización social estallará justamente para exigir un cambio de modelo a otro de rostro humano.

A las puertas de este verano, si no se adoptan medidas urgentes que generen empleo y reactiven la economía es posible que lleguemos a los cuatro millones de parados, cuatro millones de dramas humanos. En esta situación de crisis, de desesperación, los peores sentimientos afloran. No permitamos que la xenofobia, el racismo, se afiance entre nosotros.

Izquierda Unida se ha situado en la protesta y en la propuesta. Ha elaborado un Plan de Empleo plurianual a tres años como alternativa a la crisis. Un Plan para crear 1.900.000 puestos de trabajo que se deberá dotar con 61.000 millones de euros provenientes de reformas fiscales progresivas, de lucha contra el fraude y de incremento de la deuda pública -que tiene margen de maniobra-, con el objetivo de que a final de 2011 nos situemos en el índice de paro que teníamos al 1 de enero de 2008.

Un plan que incorpora una renta mínima de subsistencia a las personas sin recursos, que ayuda a las PYMES, que incrementa el fondo de inversión municipal, sitúa una fuerte inversión en obra pública y crea empleo público directo en educación infantil, dependencia, justicia, salud y agencia tributaria, entre otros, y que queremos discutir con los agentes sociales y con el Gobierno, con el fin de llevar a los parlamentos estatal y autonómicos distintas medidas que conformen una alternativa de la izquierda social y política.

Una alternativa sobre un modelo en el que el beneficio privado esté subordinado al interés social, como establece la Constitución.

Ese modelo debe suponer la mejora de los servicios sociales y el reforzamiento del sector público, la sostenibilidad medioambiental, el cambio de estrategia energética y una apuesta decidida por las energías renovables, un sistema agrario que garantice la soberanía alimentaria y la viabilidad de las empresas agrarias familiares, un enfoque diferente del habitat, del urbanismo y del sistema de transportes, un cambio radical del enfoque de la vivienda residencial hasta llegar al predominio de la vivienda pública en alquiler. La creación de un sistema financiero público, nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, (es un despropósito y una vergüenza que Berlusconi controle la luz de nuestros hogares) el control público y social de la economía, la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo, el control del excedente económico y una reforma del mercado laboral que tienda al establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales. Todo ello posible sin modificar la CE.

Un modelo, en definitiva, que contemple el reconocimiento de los derechos sociales básicos como derechos subjetivos y exigibles.

Estas son propuestas concretas.

Algunos dirán que son postulados utópicos, inviables. Es el mismo pensamiento que decía que era utópico acabar con el feudalismo, utópico acabar con el esclavismo. Con el neoliberalismo también se acabará porque la crisis ha llegado y sólo saldremos de ella con una nueva mirada sobre el mundo.

Los que no nos resignamos a pagar con nuestras vidas las facturas de otros, creemos que la salida alternativa a la crisis capitalista pasa por la creación de un movimiento social capaz de imaginar y crear las bases del Socialismo democrático del Siglo XXI.

Estamos convencidos de que es posible convertir la crisis en una oportunidad para superar un sistema caduco, un sistema agotado que ya no da más de sí. El capitalismo ha fracasado. Entre todos los que creemos que otro mundo es posible, busquemos, sumemos ideas, hasta lograr un sistema capaz de crear riqueza y distribuirla con justicia.

Para este empeño Europa debe recuperar su liderazgo en el mundo y ser el pilar fundamental que ofrezca soluciones ante la crisis multidimensional que amenaza el futuro de millones de trabajadores en nuestro país, en el mundo y que llevará, si no se toman medidas urgentes, a seguir incrementando la pobreza extrema a millones de personas en África y otros países del Tercer Mundo.

Las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebraran en junio, son esenciales para la construcción de una Europa social, con una fuerte mayoría de izquierda, en la que la política recupere el poder que nunca debió ceder ante el empuje de los poderes económicos.

La política es la única herramienta que tienen los trabajadores y la ciudadanía para decidir su futuro. Los partidos de la izquierda en Europa tenemos el compromiso de construir la Europa de los pueblos, no la Europa de los bancos y de las multinacionales.

Frente a los intentos de refundación del capitalismo decimos que sólo el socialismo democrático puede dar solución directa a los problemas de los trabajadores, de los pueblos y del planeta.

Europa está en una encrucijada. Por eso entendemos necesario rechazar el Tratado de Lisboa, de Niza y de Maastricht.

Someter a control democrático el Banco Central Europeo.

Sustituir el Pacto de Estabilidad por un Pacto de Solidaridad con el objetivo del pleno empleo, el crecimiento y la protección social y ambiental.

Controlar las transacciones económicas y prohibir los paraísos fiscales.

Derogar las directivas que recortan derechos, como la de expulsión de inmigrantes, rechazar el concepto de flexiseguridad y la privatización de los servicios públicos.

Revisar la política agraria europea, hasta asentarla en el respeto a la soberanía alimentaria.

Cumplir con los compromisos adoptados por la Unión Europea relacionados con el cambio climático.

Reafirmar nuestra posición contraria a la OTAN y a la dinámica de bloques y ejes. Las tropas de los países europeos deberán salir de Iraq y de Afganistán.

Proponer una política comercial europea respetuosa con los derechos de los pueblos.

En suma, es necesario reconocer que el modelo neoliberal europeo ha fracasado. Es el momento de abrir un debate público en Europa, y para ello las elecciones europeas son el mejor marco para que la ciudadanía decida y sea consciente de que se puede reconstruir la Unión Europea sobre la base de intervenir en el mercado, con una activa y determinada participación pública en la economía desde postulados de solidaridad, cooperación y ayuda mutua.

El objetivo estratégico es un nuevo Tratado de la Unión con los contenidos que los pueblos de Europa demandan. Es inexcusable que la nueva Europa social lidere una política que intente acabar con la pobreza en el mundo. La crisis ha puesto de manifiesto que cuando hay voluntad política, hay recursos suficientes.

No olvidemos que, en unos meses, los países ricos han destinado 27 veces más dinero para paliar su propia crisis financiera que el reclamado por las organizaciones sociales desde hace décadas, para erradicar la pobreza y el hambre de millones de personas.

La creación de una Europa verdaderamente democrática, debe ser el objetivo para girar la política económica europea, común, orientada hacia el refuerzo de las garantías sociales, coordinando las políticas económicas y armonizando las fiscales. Sólo una Europa fuerte, de izquierdas, podrá ayudar a su cohesión social y al Tercer mundo.

Estamos convencidos que, más pronto que tarde, se cuestionarán los principios de la economía política que se han venido dando como irrefutables. Me refiero a la relación entre el crecimiento y la cohesión social. La tríada del crecimiento se basa en tres pilares que tendremos que repensar: publicidad, que nos obliga a comprar lo que no necesitamos; crédito, que nos ofrece recursos aunque no dispongamos de dinero, y la obsolescencia programada de los bienes de consumo.

La izquierda debe apostar por el progreso, que es mucho más que crecimiento. Es una visión que apunta al perfeccionamiento general del ser humano, con más conocimiento, más sensibilidad, más arte, más ciencia, más cooperación, más solidaridad.

Quiero terminar esta intervención recordando que mientras hoy estamos aquí, reflexionado en voz alta, describiendo el estado del mundo y de España, intentado aportar alternativas concretas a la crisis del sistema, miles de mujeres y hombres, millones, mueren de hambre, de enfermedad, viven en condiciones extremas, huyen, son perseguidos y explotados.

Africa se desgarra ante la indiferencia mundial, Asia es el territorio de la nueva esclavitud laboral, América latina se debate entre la crueldad neoliberal y los nuevos proyectos alternativos, los inmigrantes se multiplican, los recursos naturales se agotan, las mujeres son maltratadas, humilladas, mutiladas y asesinadas en muchos países y miles de niños trabajan de sol a sol. Y, como telón de fondo, la guerra permanente, alimentada por la industria armamentista.

Esto que he descrito ocurre en el siglo XXI, a nuestras puertas, y tiene un solo nombre: barbarie.

Por eso, es cada día más urgente y necesario alcanzar una sociedad justa y democrática. Y nos atrevemos a repetir y a proclamar que: socialismo o barbarie. Un socialismo para el siglo XXI para que algún día, cuando salga la luna, ningún ser humano tenga que hablar en sus hogares del drama del desempleo, la marginación, el hambre o la guerra. Todos tenemos derecho a soñar. Hagamos los sueños realidad.

Gracias por su atención.