Enrique J. Díez Gutiérrez

La asamblea universitaria de la Universidad de León, principalmente secundada por estudiantes y una pequeña representación del cuerpo académico, ha convocado una huelga en la Universidad para el 17 de noviembre. Esta movilización se une a la convocatoria de huelga de la Plataforma por la Defensa de la Educación Pública contra los recortes en Educación y a la convocada por los centros universitarios catalanes y las asambleas de estudiantes de las universidades públicas españolas, organizadas en la plataforma ‘Toma la Facultad’. Tras la convocatoria a la huelga del sistema universitario público catalán el 17 de noviembre, tres días antes de las próximas elecciones generales del 20-N, aprobada por la asamblea de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de las siete universidades públicas catalanas el 8 de octubre, las Asambleas de estudiantes de las universidades públicas de Madrid se han unido a esta convocatoria, así como las Universidades de Sevilla, Valencia, Almería, Cádiz, Córdoba y Valladolid. También León se une a esta cita.

Esta convocatoria denuncia los recortes en la universidad pública y las medidas mercantilistas y privatizadoras que impone la ‘Estrategia Universidad 2015′ del Gobierno y que se plasman en la subida de tasas universitarias: las segundas y terceras matrículas en una asignatura suben hasta cubrir el 50% y el 100% del coste real del servicio (que se estima en unos 8.000 €/curso). Esto significa terceras matrículas de unos 1.000 €/asignatura: una subida sin precedentes de los precios de las universidades que convierte la educación en un privilegio. Denuncia el nuevo modelo de gobernanza corporativa que se propone en las Universidades: una Junta de Gobierno formada por personas externas a la universidad, mayoritariamente grandes empresarios, que nombrará directamente al rector, y éste a los decanos de facultad, y éstos a los directores de departamento; lo cual supone un auténtico golpe a la autonomía universitaria y el gobierno unilateral de esta institución por parte de los grandes grupos de poder económico. Denuncia el fomento de rankings y la competitividad entre las universidades públicas y su diferenciación, ya que recibirán financiación pública extraordinaria aquellos proyectos de investigación más atractivos que obtengan resultados económicamente provechosos para ser apropiados por la empresa privada, lo que supone un traspaso de capital público al sector privado y donde se evaluará la pertinencia de las investigaciones en base a criterios de rentabilidad extracientíficos.

Esta convocatoria responde también a la llamada a la movilización y a la lucha ante la progresiva degradación de las condiciones de la educación universitaria pública. El recorte en los presupuestos aún mayor que se anuncia para las Universidades Públicas, de entre un 6% y un 10%, y que la Junta de Castilla y León ya lo ha transmitido a las Universidades de la región. En concreto a la Universidad de León estos recortes le suponen una reducción de un millón y medio de euros respecto a la asignación inicial para el año 2011 del presupuesto ya aprobado y los gastos comprometidos, en un contexto en el que en 2011 los campus universitarios públicos ya han sufrido un recorte general de unos 300 millones de euros.

Estos recortes afectan también a las condiciones de contratación del profesorado y del PAS, viendo como la Universidad de León echa a su profesorado asociado a la calle, profesorado de reconocido prestigio que aporta su experiencia profesional a la formación de nuestros estudiantes y que es el peor remunerado de toda la Universidad, cuando acaba el curso en junio y le vuelve a contratar en septiembre el mismo día que empiezan las clases, por no pagarles las vacaciones; lo cual no solo conculca un derecho históricamente conquistado, el derecho a cobrar durante el período de descanso vacacional, sino que afecta gravemente a la calidad de la docencia y a la formación y evaluación de los estudiantes, encontrándose con profesorado que les evalúa y que no ha sido quien les ha impartido la materia. De igual manera se ha generalizado el hecho de rescindir los contratos que se realizan al personal de administración y servicios durante los periodos de vacaciones.

Estos recortes también significan la no contratación de profesorado para atender desdobles de grupos matriculados que superan los 100 estudiantes, que no entran en las aulas universitarias o se hacinan en las mismas, llevando a algunos decanos y a profesorado a preguntarse: “¿dónde vamos a dar clase?, ¿en los aparcamientos?”. El problema es que las clases han empezado en la Universidad de León y se está repitiendo la masificación de las clases, que tantas veces se aseguró que se iba a erradicar con el nuevo Plan de Bolonia. Parece que la traducción del Plan Bolonia a coste 0 es aumentar las tasas universitarias y, a cambio, ofrecer peores condiciones y menos calidad docente.

Por eso la asamblea de la universidad de León se ha sumado a esta jornada de huelga educativa del 17 de noviembre, en la que ya actualmente han confluido las convocatorias de la plataforma de asambleas de universidades públicas del Estado, las asambleas de centros de infantil, primaria y secundaria, los sindicatos de educación, así como todas aquellas asambleas, plataformas y movimientos que se están movilizando contra los recortes al sistema educativo y en defensa de un educación pública, gratuita, laica y universal, con el lema “la educación no se vende, se defiende”. En León esta movilización ha sacado de nuevo a la calle a la comunidad universitaria y educativa contra los recortes sociales y en defensa de una Universidad y una Educación Pública de calidad de todos y de todas y para todos y todas.

Como analizan la mayor parte de los expertos en política educativa a nivel internacional el neoliberalismo se ha convertido en el telón de fondo de los ajustes de la política educativa a nivel mundial, que no se limitan ya al recorte en la asignación de recursos o a su privatización, sino que afectan básicamente a los núcleos centrales del ideario educativo y a las políticas pedagógicas. Los conflictos que se dirimen en la escuela no son más que una parte de la crisis más general de la política y de la ciudadanía en el capitalismo global.

En la denominada “sociedad del conocimiento” se ha consolidado un nuevo bloque de poder que ejerce una influencia cada vez mayor en la educación y en todo lo social. En esta alianza, como explica Michael Apple, seleccionado como una de las 50 figuras más importantes en el ámbito educacional del siglo XX, se combinan múltiples sectores del capital que abogan por soluciones mercantilistas neoliberales a los problemas educativos, intelectuales neoconservadores que abogan por el ‘retorno’ a unos mayores niveles de exigencia y a una supuesta ‘cultura común’ , fundamentalistas religiosos populistas y autoritarios que se sienten amenazados por el laicismo e intentan preservar a toda costa sus propias tradiciones, y unos sectores concretos de la nueva clase media profesional que impulsan la ideología y las técnicas de la calidad, la medición y la ‘gestión’. Aunque en esta alianza existen claras tensiones y conflictos, su objetivo común es crear las condiciones educativas que consideran necesarias para aumentar la competitividad, las ganancias y la disciplina, y hacernos volver a un pasado romántico basado en una imagen idealizada de la escuela, la familia y el hogar.

Se abandona de facto (aunque no se reconozca) la idea de que la educación debe estar prioritariamente al servicio del desarrollo integral de las personas y de la formación de ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en su mundo y transformarlo. Frente a eso se promueve un modelo educativo cuya prioridad pasa a ser el logro de la eficacia y la eficiencia, en el doble sentido de que sea útil para responder a las “necesidades del mercado”, a la vez que para homogeneizar e integrar a quienes se educan en un pensamiento pragmático, “realista”, acrítico, aceptable socialmente.

Mientras, se mantiene el analfabetismo y las más precarias condiciones de escolarización en los países empobrecidos. Forzados a aplicar durísimas políticas de recorte de gastos sociales por los garantes del sistema (OMC, Banco Mundial, FMI…), no sólo no pueden dar prioridad a las políticas de fomento de la educación para todos y todas, sino que en muchos casos se está retrocediendo en los avances mínimos de extensión de la escolarización que se habían conseguido anteriormente.

Las políticas educativas neoliberales y conservadoras que inundan el planeta se parecen cada día más, al menos en su motivación y objetivos, tanto en los países empobrecidos como en los enriquecidos. La aparición casi simultánea de reformas similares en distintos continentes, a pesar de materializarse en tiempos, lugares y formas diferentes, ha llevado a los expertos en educación a sugerir que las reestructuraciones actuales de la educación, que siguen las directrices de los organismos internacionales, han de entenderse como un fenómeno global y coherente con la ofensiva neoliberal que se vive en todos los campos y todos los frentes, indistintamente de centros y periferias en donde, a parte de algunos matices, tan sólo cambia el grado de persuasión o de presión, en unos casos u otros.

De hecho, se ha tornado cada vez más difícil reconocer alguna divergencia sustantiva en las acciones y en los discursos de quienes actualmente orientan las propuestas de cambio educativo en todo el mundo. La tesis central que se viene a concluir es que no sólo se está en un proceso privatizador a escala mundial abriendo la educación a los mercados y rompiendo la concepción de la educación como un derecho social que ha de ser protegido por el Estado, sino que se está adecuando la misma educación a los principios y prácticas del mercado. Lo sorprendente es que esta dinámica neoliberal se ha configurado como “sentido común” tan poderoso que ha sido capaz incluso de redefinir los límites de la discusión.

Todos estos síntomas no son un ‘daño colateral’ del proceso de globalización neoliberal en el ámbito educativo, sino que son aspectos estructurales y cruciales dentro del proceso de adecuación de la educación a las nuevas exigencias de la economía capitalista.

Corre por la red un vídeo en youtube titulado “Mala Educación: Nos jugamos nuestro futuro”. En él se plantea de una forma clara y sintética cómo la educación, un bien esencial para la sociedad y para nuestros hijos e hijas, está sufriendo un continuo recorte de inversión y recursos en los últimos años.

Estos recortes están aplicándose en todo el Estado. Madrid está siendo un exponente del camino que han emprendido las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP o CIU (Murcia, Valencia, Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña…), pero el resto de las comunidades gobernadas por el PSOE parecen continuar una senda similar. El motivo que esgrimen es la necesidad de ahorro aprovechando la excusa de la crisis. Pero medidas de ahorro se llevan aplicando desde hace mucho tiempo en la escuela pública, como la última bajada de sueldo del 7% al profesorado, mientras en Castilla-La Mancha, por poner un solo ejemplo, la señora Cospedal ha subido el sueldo a sus asesores.

Además, simultáneamente a estos recortes, se están implantando ventajas fiscales para quienes estudian en centros privados y se va aumentando la inversión en la privada y los conciertos educativos: desde 2006 ésta ha crecido en conjunto un 26% en Madrid, mientras que la inversión en enseñanza pública ha caído casi un 50%. Por lo que no parece que el motivo de los recortes en lo público sea realmente el ahorro. Y en caso de establecer medidas de ahorro ¿no habría que empezar por priorizar el ahorro en armamento, o bienes de lujo o rescates a bancos antes que en educación?, o ¿no tendríamos que aumentar la recaudación fiscal de las grandes fortunas y de los paraísos fiscales, para tener una educación pública digna y de calidad?

Entre los recortes más llamativos, destacan el aumento de horas lectivas semanales y la no consideración como lectivas de las horas de tutoría, actividades extraescolares y de jefatura de departamento. Además, se aumenta la ratio de alumnado por aula de 25 a 30 (en algunos niveles casi 40), se reduce el número de materias optativas, y se amplía la consideración de “materias afines”, de manera que se permite al profesorado impartir materias distintas a su especialización.

Claro que estas medidas son consecuencia del recorte de profesorado. Porque lo que se pretende con el aumento de horas lectivas no es que trabajen más sino ahorrarse la contratación de 3.200 interinos en la educación pública madrileña, que equivalen a 5,5 millones de horas de trabajo docente al año. En Madrid se ha recortado así un 12% de plantillas en Secundaria, mientras el número de docentes en la enseñanza privada aumentó ese mismo año en 771, en un año en el que el número de estudiantes ha aumentado en 15.000.

Como denuncia la plataforma de acción ciudadana “Soy pública”, estos recortes se enmarcan dentro del paulatino proceso de privatización que está sufriendo la enseñanza pública y que tiene lugar a través de numerosas medidas que van disminuyendo la calidad de los centros, al tiempo que degradan las condiciones laborales del profesorado, especialmente de los interinos, quienes sufren cada vez mayor inseguridad laboral: vacaciones no remuneradas, turnos de media jornada o incluso de un tercio o un cuarto, menor número de vacantes, etc.

Estos recortes de profesorado se traducen en la eliminación de desdobles de Lengua, Matemáticas y otras materias, la desaparición de grupos reducidos de Inglés, la reducción del número de asignaturas optativas, el cierre de la biblioteca y de otros servicios, el peor funcionamiento de los medios técnicos, informática, audiovisuales…, la reducción de las guardias de patio y de aulas, la reducción o eliminación de las actividades extraescolares, la menor disponibilidad de los equipos de Orientación, la reducción de la atención al alumnado con problemas de aprendizaje, etc.

Algunos dirigentes del PP (Esperanza Aguirre, Ana Botella, etc.) han reaccionado ante las críticas de estos recortes por parte del profesorado, tratando de desprestigiar a los docentes insinuando que trabajan poco. Dando datos falsos sobre las horas de trabajo del profesorado en los que sólo hablan de las horas de docencia directa, es decir, las horas que están físicamente delante del alumnado. Es como si contáramos las horas que trabajan Esperanza Aguirre o Ana Botella en función del tiempo que están sentadas en su escaño o a los presentadores de televisión por el tiempo del programa en el que salen o a los futbolistas por la hora y media a la semana del partido de liga.

Como dice Elvira Lindo a algunos políticos y políticas se les llena la boca con que no hay inversión más útil en nuestro país que la destinada a educación, hasta que un día se ponen a hacer números y empiezan por ahí: prescindiendo de interinos y poniendo sobre los hombros de cada trabajador dos horas más. No se puede confundir intencionadamente horas lectivas con horas de trabajo, porque alienta la sospecha de que los docentes gozan de más ventajas que el resto de los trabajadores y trabajadoras. Estos discursos surgen reiteradamente siempre que se trata de estrechar los derechos laborales en la enseñanza, como dice esta escritora, porque ser docente no consiste solo en dar clase. Entre las clases, tutorías, claustros, horas de biblioteca, reuniones con los padres, actividades de apoyo y refuerzo y correcciones de exámenes completan sobradamente sus 37,5 horas semanales, que es en realidad su jornada.

Si no que se lo digan a la jefa de estudios del IES Lázaro Cárdenas que se pregunta irónicamente si, a partir de ahora, según las nuevas orientaciones ¿ya no tengo que permanecer en el centro 27 períodos semanales y dedicar 10 horas y media semanales a claustros, juntas de evaluación, preparar mis clases, preparar exámenes y corregirlos, guardias de patio, atender a la biblioteca a razón de 5 horas semanales? ¿Ya no tendré que acudir a las reuniones de tutores para coordinar el plan de acción tutorial con la orientadora? ¿Ya no tendré que tratar nunca más en la hora de tutoría que, afortunadamente ya no existe, de temas tan intrascendentes para nuestros alumnos como la resolución de conflictos, la autoestima, el compañerismo, el tabaquismo, la anorexia, etc.? ¿No tendré que controlar el absentismo de los alumnos de la tutoría que nunca me asignarán? ¿No tendré que detectar nunca más las carencias, los problemas y las necesidades de mis alumnos y alumnas?

No podemos olvidar que los principales afectados por este nuevo golpe a la educación pública no son los profesores y profesoras sino el alumnado. Se está recortando en la Educación de nuestros hijos e hijas. Por eso el profesorado se está movilizando para defender la dignidad de todos los profesores y profesoras como trabajadores y la calidad de la Educación que dan.

Drástica reducción de personal en los servicios públicos

Cada 10 médicos y médicas que se jubilen, sólo serán sustituidos por uno. Cada diez bomberos y bomberas sólo serán sustituidos por uno. Cada diez maestros y maestras, cada diez profesores y profesoras, sólo serán sustituidos por tres. Así se consolida la privatización de la sanidad pública. Así se consolida la privatización de la educación pública. Así se consolida el desmantelamiento y privatización de los servicios públicos. Esta es la forma de desmontar la educación pública, la sanidad pública, los servicios públicos.

Esta reducción de personal en los servicios públicos ya empezó en 2008. Cuando nos demos cuenta y reaccionemos, será ya tarde. Empezaremos a protestar por la falta de profesionales de la medicina para la atención primaria y pediátrica, la falta de especialistas en los hospitales públicos, las largas colas y tiempos de espera que aumentarán cada vez más porque no dan abasto con la demanda, la reducción del tiempo de atención a cada paciente porque tienen muchos en lista de espera… Mientras, las empresas de la sanidad privada se están frotando las manos, viendo que el suculento trozo del pastel que se están llevando va a aumentar más aún.

Esta estrategia, abanderada por algunas comunidades autónomas, de deteriorar los servicios públicos, para que la ciudadanía empiece a recurrir a los servicios privados (quienes se los puedan pagar), es una forma de deshacerse de lo público, privatizando el Estado de Bienestar. Pero la pregunta que habría que hacerse es: si el Estado y las Administraciones públicas no garantizan los servicios públicos, si no los prestan, ¿para qué sirven, si esta es su finalidad fundamental?

Cuando desde todos los ámbitos se proclama que la educación es la mejor inversión y un instrumento imprescindible para combatir los peores efectos de la actual crisis económica, imponer nuevos recortes es una muestra más de que tales proclamas son pura retórica y de que la educación pública no es una prioridad política para PSOE y PP.

Porque esta tasa de reposición en educación es un nuevo asalto a la educación pública, privándola del personal docente necesario para mantener, cuando menos, la calidad de la atención educativa que precisan nuestros escolares. Llega además en el peor de los momentos, cuando los resultados educativos en nuestro país siguen siendo muy insatisfactorios, especialmente entre la población con menores recursos, por lo que esta medida lo que contribuye es a reforzar las desigualdades sociales.

Este tipo de recortes se traducen en el incremento del número de interinos e interinas, es decir, de profesorado en situación provisional y precaria, con el consecuente aumento de la inestabilidad del profesorado y de los equipos docentes. Se traduce igualmente en una reducción pura y dura del número de profesorado, que tiene su inmediato reflejo en el empeoramiento de sus condiciones y de la calidad de la enseñanza, al tener que concentrar y aumentar aún más el número de alumnado por grupo. Cuando se concentra el alumnado en las aulas, el profesorado se ve obligado a volver a la clase magistral, a no poder personalizar el proceso educativo, a no poder atender la diversidad, a tener que estar más pendiente de la disciplina que del aprendizaje, es decir, a convertir los centros en espacios de contención y de control, en vez de lugares de aprendizaje y desarrollo personal. Esto genera un progresivo deterioro de los centros públicos, que hace que las familias empecen a mirar a los centros privados y concertados, para los que no hay reducciones de aportaciones de dinero público. Al revés, Comunidades Autónomas del PP, de CIU, incluso del PSOE, están incrementando la financiación de la educación privada-concertada.

Es inmoral esta política social y económica del actual gobierno del PSOE, que han aprovechado las Comunidades Autónomas del PP para pisar el acelerador de su política habitual de privatizaciones. Es obsceno seguir recortando en pilares básicos del Estado del bienestar, como la educación o la sanidad, antes que renunciar a inversiones “glamourosas" y de escasa rentabilidad social, como por ejemplo el AVE. Sólo con lo que ha costado uno de los tramos del AVE no haría falta recortar en sanidad ni educación, denuncia el catedrático de Economía Germà Bel. Renfe puede decir que el año pasado ganó 2,5 millones de euros porque no paga nada de los trenes, ya que se los regala el Gobierno. Es decir, que el mismo Gobierno que recorta en educación regala los AVE a una empresa privada.

Todos los estudios realizados, como explica el catedrático Vicenç Navarro, muestran sobradamente que son las inversiones en los servicios del estado de bienestar las que crean el máximo número de puestos de trabajo en el mínimo de tiempo y que tales empleos son los que benefician al mayor número de personas posible. Comparando la creación de empleo en infraestructuras físicas y en inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales, como centros de infancia, servicios domiciliarios a personas dependientes, servicios sanitarios o servicios educativos, estos últimos son los que crean más empleo, y proveen servicios que benefician a un número mayor de personas. La misma cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos de trabajo en infraestructuras físicas, crea 1.2 millones en los servicios del estado de bienestar. Estos datos son especialmente relevantes para España donde se está siguiendo una política errónea de reducción del empleo público y de gasto público, desaprovechando la oportunidad creada por la crisis de corregir el enorme déficit de empleo público en los servicios del estado del bienestar. España es el país de la UE.15 con el número más bajo de empleo público (6.5 empleos públicos por 100 habitantes, muy inferior a 14 en Suecia, 10 en Francia, 17 en Dinamarca y 12 en Finlandia.

Tal creación de empleo público debería financiarse a base de aumentar los impuestos de los grupos que se beneficiaron más en los años de exuberancia de los beneficios bancarios y empresariales y de las rentas superiores

La tasa de reposición es, pues, parte de la respuesta neoliberal a la crisis, promovida sobre todo por la banca y por los partidos conservadores, liberales y socialdemócratas, que prioriza la reducción del déficit y de la deuda, frente a la que debiera promoverse favoreciendo la creación de empleo, incluyendo empleo público, a fin de disminuir el desempleo, una de las causas de la falta de recuperación económica.

Trabajar dos años más, para cobrar dos años menos. Este es el resultado del “acuerdo” entre el Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT. Al final las recetas anticrisis, que propugnaba el denostado expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y que tanto criticaron los sindicatos que ahora han firmado el pacto, se han hecho realidad: “trabajar más, para cobrar menos”.
La edad legal de jubilación se retrasa a los 67 años. Tendremos que cotizar 37 años para retirarnos a los 67 y mantener la pensión íntegra, que es la demanda que hacía la UE, el FMI y los grandes fondos financieros. Si nos quisiéramos retirar a los 65 años, tendríamos que haber cotizado 38,5 años. Es decir: si empezamos a trabajar a los 26 años, o antes, y lo hemos hecho de manera ininterrumpida y a jornada completa. Además cobraremos menos, pues el cómputo para calcular la pensión aumenta de 15 a 25 años. Ninguno de los que han pactado elevar la jubilación a los 67 tendrá que trabajar tres años y medio más para retirarse a los 65 con toda su pensión. Y los que, desde la banca exigen confianza en una reforma que garantizará, según Emilio Botín, presidente del Santander “la viabilidad del sistema y mandará una señal a los mercados de la sostenibilidad de las finanzas públicas”, cobrará 21 millones de euros en su plan de pensiones o el presidente del BBVA, Francisco González, que cobrará 79,7 millones de euros gracias al plan de pensiones para directivos de ese banco.
Podemos justificarlo como queramos o vestirlo de Prada o de Dior, pero lo que el PSOE ha conseguido es que los sindicatos mayoritarios acepten que la edad legal de jubilación se retrase a los 67 años y que su cuantía se reduzca considerablemente. Porque la inmensa mayoría seguiremos jubilándonos como lo hacemos ahora pero cobrando menos, por mucho que se haya introducido la excepción para aquellos raros especímenes que puedan acreditar 38,5 años de cotización, a los que se permitirá recibir la pensión íntegra a los 65 años. Podemos adornarlo, pero el pacto es un brutal recorte en la cuantía y la duración de las pensiones que pagarán los de siempre, los más débiles: la generación de jóvenes que mañana no podrán jubilarse y hoy no pueden trabajar.
Porque esta reforma no contribuirá a crear empleo, al contrario: habrá 500.000 puestos de trabajos potenciales menos para las generaciones que se jubilen a los 67 años. Además con un 20% de paro en nuestro país, la posibilidad de trabajar de forma ininterrumpida desde los 26 años para alcanzar la meta de la jubilación a los 65 es sencillamente una fantasía, en el contexto de precariedad y temporalidad laboral que viven hoy los jóvenes, especialmente quienes pertenecen a las clases sociales más bajas. El 43% de los menores de 25 años en España ni trabaja ni estudia. Los jóvenes de hoy pasarán a la historia como la primera generación que vivirá peor que la de sus mayores desde la II Guerra Mundial.
Además este acuerdo presenta como mejora un auténtico retroceso en los derechos de las mujeres. Establece que las mujeres que interrumpan su vida laboral para dedicarse al cuidado, se le computará como tiempo cotizado. Es la “excusa perfecta” para que las mujeres vuelvan al hogar. Frente a la lucha del feminismo porque la conciliación de la vida familiar y laboral sea compartida entre hombres y mujeres, por la incorporación de las mujeres al empleo en condiciones de igualdad y por romper con la división sexual del trabajo, regresa la tradición del rancio machismo en forma de “ventaja” si se vuelven a casa a cuidar.
En definitiva, PSOE, CC.OO. y UGT han firmado un acuerdo que recorta de forma sustancial, aún más, los derechos sociales y las condiciones laborales de la clase trabajadora. De no sentarse a negociar hasta que no se diera marcha atrás a la reforma laboral, se ha pasado a un “gran acuerdo” con el mismo ejecutivo que ha emprendido las reformas más antisociales que recordamos en los últimos años, siguiendo la estela de Aznar y los gobiernos conservadores. Algunos lo justifican alegando que los sindicatos mayoritarios temían más otra huelga general que a la presión del Gobierno. Especialmente UGT, que recupera así la “justificación moral” de poder pedir el voto a su afiliación para su partido “de referencia” en las cercanas elecciones municipales. Pero se trata de una claudicación, acompañada de una desmovilización desde las direcciones sindicales, que han renunciado, para mejorar sus condiciones de negociación, a la lucha en la calle y que han evitado cualquier proceso de discusión entre las bases.
Parece que atrás quedaron los tiempos en que los sindicatos luchaban en la calle y movilizaban a los trabajadores y trabajadoras para conseguir arrancar mejoras en las condiciones laborales y sociales de la ciudadanía. Desde hace años asistimos a la estrategia del consentimiento, aceptando rebaja tras rebaja de los derechos sociales más básicos.
Como plantea el presidente de ATTAC, este es un retroceso histórico que tendrá graves consecuencias sobre la credibilidad de los sindicatos y debilitará la capacidad de responder a las futuras agresiones sociales y políticas. La aceptación de una solución negociada equivocada, aporta no sólo una nueva derrota para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, sino que propicia el desarme ideológico de la posición de los sindicatos que empiezan a ser vistos por buena parte de la población como “cómplices” que han consentido y colaborado en que los peores temores se cumplan.
Con esta nueva reforma, además de los grandes capitales que ven cómo se abre la vía de la demanda de fondos privados de pensiones, sólo gana un Gobierno que ve legitimada sus políticas cada vez más antisociales. Tan solo el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha sido crítico desde sus primeras valoraciones del acuerdo: “No hay razones objetivas para hacer este recorte de las pensiones”, es un ataque a los derechos de los trabajadores.
Lo sorprendente es que los países de América Latina que sufrieron ya este sunami neoliberal en los años 70, 80 y 90, que quebrantó todas las economías hasta sumirlas en quiebra permanente, están saliendo de ella gracias a políticas radicalmente contrarias: Recientemente Bolivia ha renunciado al sistema privado de pensiones después de comprobar que al Estado le cuesta mantener éste más que el sistema público, con el añadido de que el sistema privado no permite una planificación de la economía. En 2008, el Gobierno argentino firmó un protocolo para nacionalizar los fondos privados “para preservar los derechos de los trabajadores”.