1. Me preocupa el auge actual de los partidos de la extrema derecha en Europa. El Partido del “Progreso”, en el que militó el asesino de Oslo, en Noruega, supera ya el 23% de los votos, el de los “Auténticos” Finlandeses el 20%, los Partidos de la “Libertad” austriacos y holandeses tienen más del 15%, el Partido “Popular” danés casi el 14% y lo que se espera con el Frente Nacional de Le Pen, es que pase del 10% de su padre, al 25%, en las próximas elecciones francesas. Desde que George Bush llamó “libertad duradera” a su invasión contra los “infieles”, ¡vaya nombrecitos que eligen estos partidos para denigrar lo que han sido tradicionales valores de las izquierdas!
2. Me preocupa que en el Parlamento Español la ultraderecha no esté oficialmente representada y más, que esté sentada en la bancada del PP. Ahora en algunos ayuntamientos catalanes también la tendremos en las filas de la Plataforma por Cataluña y alguna que otra formación, igualmente racista.
3. Me preocupa que Ángela Merkel diga que “el multiculturalismo ha fracasado completamente” –cuando lo que había que haber trabajado era la interculturalidad real- y más me preocupa, que se le sumen famosos políticos de la derecha radical europea, como Nicolás Sarkozy, David Cameron, o el mismo Mariano Rajoy, para coquetear, sin ambages ni vergüenza, con los extremismos mas xenófobos, por aquello de que eso parece que da votos, y todo ello, sin importarles las graves consecuencias que pueden derivarse, como tristemente hemos comprobado esta semana en Oslo, con la execrable matanza a manos del iluminado ultraderechista noruego, además de islamófobo declarado, fundamentalista cristiano y masón, Anders Behring Breivik.
4. Me preocupa que aumente tan incruentamente el racismo institucional, el racismo mediático y el racismo político, pues ellos son precisamente, los responsables de crear y extender ese estado de opinión que nos hace exteriorizar lo peor que cada uno llevamos dentro (nuestros miedos al diferente, por ejemplo) para colectivizarlo en una especie de racismo popular o xenofobia de calle.
5. Me preocupan las gratuitas declaraciones racistas –nada inocuas, por cierto- de tanto politiquillo moderno que denigran a los inmigrantes o apoyan restrictivas leyes de extranjería, por cuanto son los que dan razones a estos “terroristas políticos” como el xenófobo ultraderechista noruego citado que, como decía que había que tratar a los marxistas como a los musulmanes, asesinó a 68 jóvenes socialistas que estaban acampados en la isla de Utoya.
6. Me preocupa que mucha gente corriente haga en sus blogs y redes sociales verdadera apología del terrorismo político, (y no se hace nada cuando con tanta paranoia se persigue cualquier atisbo de terrorismo presuntamente islámico), pues pueden incitar a la violencia como la de Anders B.B. que en su facebook escribía constantemente diatribas contra el multiculturalismo o expresaba lindezas como que “hay que tratar de igual manera a musulmanes, nazis o marxistas, porque cualquiera de ellos puede volverse extremista” ¿?, y
7. Me preocupan las graves consecuencias que tiene estigmatizar la inmigración, haciéndola el “chivo expiatorio” responsable de todos los males de esta crisis, de los recortes sociales y laborales o del incipiente final del estado del bienestar, porque los verdaderos responsables, son otros, que afortunadamente la marea actual de indignad@s del 15-M ya nos los están identificando a diario.

Albacete no tiene un Centro de Internamiento de Extranjeros, y quizás por ello, muy poca gente sabe de la barbarie de estas pseudo cárceles que tenemos en España en pleno siglo XXI, y que desde luego no debieran existir. Otros que si saben de su existencia, prefieren mirar para otro lado. Incluso en las elecciones pasadas, qué poco salió el tema, fuera de los partidos más racistas como esa plataforma de Cataluña que ha sacado varios concejales o de cierta militancia de extrema derecha que hay en el PP y que anda encantada con todo lo que sea recortar derechos y libertades a las personas inmigrantes.
Aquí algo nos enteramos hace unos meses cuando detuvieron al ciudadano Salif, hoy ya casado con una albaceteña, y que las pasó –pero que muy mal- en ese CIE de Aluche al que le enviaron y que gracias a que movimos algunos hilos y a que mucha gente nos acompañó en la concentración ad hoc, celebrada en el Altozano, pudo finalmente volver a nuestra ciudad y no ser “deportado”.
Para quien no lo sepa y quiera seguir leyendo les recordaré que los CIEs, forma de internamiento de las y los inmigrantes sin papeles, están previstos en nuestra indecorosa Ley de Extranjería, y constituyen uno de los escenarios que más socavan nuestro Estado de Derecho, ya que “encarcela” a quienes han cometido una infracción administrativa y no ningún delito. Estos CIEs son una vergüenza colectiva por cuanto resultan unas zonas demasiado obscuras en las que no se garantizan ni respetan los más elementales derechos de los extranjeros internados.

Como ya han denunciado diversas organizaciones en la campaña denominada “ QUE EL DERECHO NO SE DETENGA A LA PUERTA DE LOS CIEs “ y que muchos ya hemos apoyado tanto personalmente, como desde colectivos como ACAIM en nuestra ciudad, hace tiempo que el Ministerio de Interior está elaborando un Reglamento, cuya publicación parece inminente, para regular el régimen y funcionamiento de estos centros, sin que se haya dado ningún tipo de información sobre sus líneas básicas a las organizaciones y asociaciones que trabajamos en este ámbito, a pesar de haber pedido que se nos informe y se escuchen nuestras propuestas. Por todo ello estamos reclamando al Gobierno mayor transparencia, mejoras jurídicas y materiales– y sobre todo que el Reglamento que se está elaborando garantice los derechos básicos de las personas “encarceladas” en estos centros.
Pero también estamos reclamando directamente al Gobierno, el cierre de estos Centros de Internamiento de Extranjeros porque van contra los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por España, y porque marginan a la sociedad civil en el tratamiento de uno de los puntos más cuestionados y represivos de la política migratoria, como es la privación de libertad a personas cuyo “delito” es el de no haber podido obtener o renovar su permiso de residencia.
Si eres una persona preocupada por los derechos humanos y piensas que otra forma de entender la inmigración, más justa y más decente no solo es posible sino necesaria, te pido que apoyes esta campaña, firmando aquí y difundiendo entre tus amistades esta justa reivindicación. Muchísimas gracias y feliz semana.

Aunque pienses que estas ante un titular exagerado, te diré que en tan solo unas semanas ya se han protagonizado en nuestra capital varios casos de vejaciones, discriminaciones, abusos y hasta palizas a inmigrantes –todos ellos negros- cuando intentaban disfrutar con sus amigos o parejas en diversos pubs y discotecas de la ciudad. Y pongo “preocupante” porque estás actitudes xenófobas, de no atajarse rápidamente, corren el riesgo de extenderse como una mancha de aceite, y más en tiempos de crisis. Créeme que no exagero, pues el asunto ya está documentado con al menos 4 denuncias que yo sepa, y con argumentos que van desde denegar la entrada en un local con la excusa de “llevar las zapatillas sucias”, hasta la brutal paliza a un africano, al que le quedarán secuelas serias, simplemente porque quería disfrutar de la música en un pub, como el resto de nosotros. En Albacete como en muchos lugares de este país, hay gente que interpreta el legal derecho de admisión de una manera inadecuada, arbitraria y discriminatoria. Toda la ciudadanía deberíamos saber que en ningún caso las diferencias de nacionalidad, orientación sexual, color de piel, discapacidad o pertenencia a minoría étnica pueden ser causa para limitar a nadie, el acceso a ningún establecimientos público, ya que esa particular interpretación iría contra los mas elementales principios de igualdad y de no discriminación. Por eso si presenciamos algún caso similar, deberíamos actuar. Menos mal que siempre hay gente sensible que está al loro de la integración de las personas inmigrantes y ya se han movilizado, poniendo en marcha una campaña que en breve verá la luz y que probablemente llevará por lema Albacete por la Inclusión. Una magnífica iniciativa, esta del colectivo de Apoyo a inmigrantes (ACAIM), que desde el primer día está con los afectados ayudándoles a presentar las correspondientes denuncias y acompañándoles en los duros momentos por los que están atravesando. Y un magnífico lema -a mi juicio-, porque como ya expresé en mi libro, “De la integración a la inclusividad”, trabajar por una escuela inclusiva, -o una sociedad-, es el mejor camino para evitar cualquier posible “exclusión”. Si Albacete por la Inclusión tiene éxito, estaremos construyendo una sociedad mas justa e igualitaria, donde lo único que se excluirán serán las actitudes racistas, xenófobas y discriminatorias. Y puesto que una buena manera de ir acabando con estas malas prácticas es la denuncia pública, (un buen ejemplo se dio hace unos años con unos discapacitados a los que no dejaban entrar en algunos de estos locales porque iban en silla de ruedas), diré que hasta el momento sabemos de discriminaciones con o sin agresión en lugares tan conocidos como Bundhaka, Swing, Crossroad, o el Portón. Así que ojo al dato, porque o empiezan los jefes a dar otras instrucciones a sus porteros y seguratas, o la ciudadanía –independientemente de que la justicia diga en qué medida son o no responsables y les imponga las correspondientes sanciones (desde cuantiosas multas, hasta la suspensión de la actividad o incluso la clausura temporal o definitiva del local)-, empezaremos a darles a ellos con las puertas en sus narices. Esas mismas puertas que les cierran arbitrariamente a los inmigrantes.

Como mucha gente sabe, en las próximas elecciones, las y los inmigrantes de determinados países que tienen acuerdo de reciprocidad con España (Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia, así como con Trinidad y Tobago, Cabo Verde, Islandia y Nueva Zelanda) por fin van a poder participar, siempre y cuando sean mayores de 18 años, tengan cinco años su permiso de residencia y se inscriban antes del 15 de enero en los censos de los municipios donde estén empadronados.
Pero a mucha gente que apostamos por la ciudadanía plena, esto -que ya puede considerarse un logro-, no nos basta. Por eso en 2006 apoyamos la campaña “aquí vivo, aquí voto”. Ahora 4 años después, volvemos a suscribir esta campaña reclamando que los residentes extranjeros en España puedan votar y presentarse como candidatos/as en las elecciones que se celebran en el país donde viven, ya que consideramos que posibilitar el ejercicio de los derechos políticos a estos/as ciudadanos/as es un elemento clave para su verdadera integración social, que no asimilación.
Hay que reformar ya el artículo 13.2 de la Constitución española para que las personas inmigrantes puedan participar en las elecciones autonómicas y nacionales, tal como ya ocurre en otros países de nuestro entorno, así como para que se elimine la exigencia de tratados internacionales bajo el criterio de reciprocidad y baste con la residencia estable en España para poder votar y presentarse como candidato en las elecciones municipales; es mas, la residencia estable debería ser considerada como tal con un plazo temporal muy inferior a los 5 años contemplados en los últimos tratados.
Si queremos ser honestos y verdaderamente justos y solidarios ahora que en estas fechas se nos llena la boca de palabras semejantes, no podemos negar que la reivindicación de la ciudadanía plena y, por ende, del derecho al sufragio activo y pasivo, de los residentes extracomunitarios, en España es:
• una exigencia democrática, ya que no existe una democracia plena sin un sufragio universal real, que incluya a todos los miembros de la comunidad socio-política, algo que no ocurre si no se les reconoce a los residentes extracomunitarios sus derechos de participación política,
• una reivindicación de justicia social, como contraprestación al hecho de estar sujetos a las mismas normas de convivencia y deberes legales, tributarios… que sus conciudadanos que disfrutan de una ciudadanía plena,
• un instrumento de lucha contra la exclusión y la fractura social, ya que la desigualdad y exclusión socio-jurídica de determinados grupos mantenida en el tiempo pone en riesgo la convivencia y armonía social,
• una apuesta por la integración y la cohesión social pues acoger a todas las personas que realmente forman parte de la comunidad, superando los límites del concepto clásico de ciudadanía vinculada a la nacionalidad facilita el proceso de integración de los nuevos ciudadanos en la sociedad de acogida,
• y un reconocimiento de la realidad social que implica asumir que vivimos en una sociedad plurinacional, multiétnica, multicultural y pluriconfesional.
Que ese gran valor que es la vergüenza, no nos falte nunca, que decía Carlos Marx, y Feliz Año Nuevo.

Haciendo nuestras todas y cada una de los motivos expuestos recientemente por El Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), y después de haber presentado desde IU una enmienda a la totalidad para su devolución, creemos que el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que de nuevo se está tramitando, debe ser retirado ¡YA! por atentar flagrantemente contra los Derechos Humanos de las personas inmigrantes, así como porque generara un mayor deterioro social. Y todo ellos por las siguientes razones:

a) No pretende establecer las bases de una auténtica política de inmigración, sino hacer política con la inmigración en tiempos de crisis estructural del sistema capitalista.

b) Articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia nacional” o del español.

c) Oculta deliberadamente que las directivas de la Unión Europea no obligan al recorte de derechos, libertades y garantías, ya que el principio de subsidiaridad permite sin problema jurídico alguno la aplicación de la norma nacional más favorable.

d) Incide en su marcado carácter policial, reforzando no solo la ordenación de los flujos migratorios desde una óptica propia de los subsistemas policiales, si no consagrando las prácticas discrecionales no regladas y los actos arbitrarios de los agentes del subsistema policial.

e) Consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al conectarla con las necesidades de la situación nacional de empleo.

f) Olvida que no puede darse una auténtica integración de las personas inmigrantes sin que previamente se articule un sistema jurídico que garantice la plena igualdad en los derechos políticos, sociales, económicos y culturales con la ciudadanía española.

g) Deja de lado que las políticas de integración han de ser contempladas de modo recíproco y que la integración no impone la asimilación.

h) No articula barreras eficaces de carácter jurídico frente al discurso de la xenofobia social, si no que abre plenamente la vía para las estigmatización social de la inmigración irregular, y de este modo el Proyecto viene, en cierto modo, a apuntalar pautas de xenofobia institucional que indirectamente incrementan la xenofobia social, al sostener el discurso de que la inmigración irregular atenta contra la cohesión social, contra la dignidad de las personas y que los irregulares distorsionan y precarizan el mercado de trabajo.

i) El Proyecto olvida una vez más la Convención de la ONU de 1990 sobre los Derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias, no ratificado por España a pesar de ser un tratado de ratificación prioritaria puesto que dicha Convención establece altos estándares de protección de derechos sobre todo en materia de reunificación familiar.

j) Olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, por ello el mecanismo de reciprocidad choca de forma inaceptable con el principio de igualdad. Por ello, sin desconocer la literalidad del Art. 13 de la Constitución, lo cierto es que el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

k) Restringe el derecho a la educación no obligatoria de los extranjeros residentes, quebrando así un elemental derecho a la educación que tiene especial proyección y alcance en materia de integración social.

l) Quiebra el derecho fundamental a la unidad familiar, y ello de modo acusado en relación con el tratamiento jurídico de la reagrupación familiar de ascendientes.

m) Dificulta al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión.

n) Establece medidas de control policial de las entradas y salidas de los extranjeros no comunitarios, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

o) No establece un auténtico sistema de garantía de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, ya que supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables a la mujer víctima de violencia de género, cuando lo cierto es que un procedimiento penal puede archivarse mediante el sobreseimiento provisional y por lo tanto colocar a la mujer víctima de violencia de genero en una situación de desamparo frente a los expedientes administrativos sancionadores por estancia irregular.

p) No contempla debidamente el interés superior del menor, primando la repatriación a la debida protección.

q) Incrementa las medidas represivas en materia infracciones, de sanciones y cuantía y extensión de las mismas, tanto para inmigrantes como para quien les apoye, (hasta el punto de sancionar con multa de 500 a 10.000 euros a quién empadrone a alguien que no esté domiciliado en su vivienda), y además mantiene el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo.

r) Consagra y refuerza el régimen opaco, arbitrario y policial de los Centros de Internamiento, hasta el punto de que se configuran como centros de peor derecho que los establecimientos penitenciarios.

s) Aumenta injustificada e innecesariamente la duración del periodo de internamiento a 60 días, sin que exista la más mínima motivación, justificada de que el periodo de 40 días resultase insuficiente a efectos de materializar una expulsión.

t) A pesar de desviar a los jueces la suspensión del cómputo de los plazos de duración máxima del internamiento, establece supuestos de suspensión auténticamente represivos por el mero ejercicio de solicita asilo o solicitar un habeas corpus.

u) No establece mecanismos de garantía judicial inmediata de los derechos de los extranjeros internados en centros de internamiento, limitándose a un aclamación retórica de derechos que se vienen a vaciar de contenido mediante la técnica del enunciado vago, genérico, difuso, inconcreto e indeterminado.

v) Refuerza la articulación antigarantista de la utilización del procedimiento preferente de expulsión, consagrando en la práctica la indefensión efectiva y real de la persona sometida al procedimiento preferente de expulsión.

x) Olvida la situación real de las personas inmigrantes “inexpulsables” a quienes se mantiene un limbo jurídico absoluto perpetuo, y se les objetualiza como seres carentes de derechos, y especialmente el derecho a sobrevivir mediante el trabajo por cuenta propia o ajena.

y) El Proyecto, que constituye la cuarta reforma de la LOEX en 8 años se olvida de establecer las bases para una regularización de los trabajadores “sin papeles” que de modo notorio existen en España en un número elevado desde la última regularización y que ven cerradas las puertas a la misma dados los estrechos cauces legales y los desproporcionados requisitos exigidos, máxime cuando la Administración está dificultando las regularizaciones por arraigo.

z) Y lejos de contribuir a eliminar las desigualdades legales en que se encuentra la población y favorecer la igualdad ante la ley, supone un aumento de la discriminación y contribuye a envilecer y degradar a la sociedad en su conjunto.

Enmienda a la totalidad de IU para la devolución del proyecto de ley del gobierno para modificar la Ley de extranjería

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (número de expediente 121/000032).

Palacio del Congreso de los Diputados, Madrid a 10 de julio de 2009

La Exposición de Motivos justifica la necesidad de proceder a la reforma de la Ley de Extranjería para adaptarla a las sentencias del Tribunal Constitucional y para proceder a la transposición de las directivas europeas a nuestro ordenamiento jurídico.

Si bien el proyecto de la ley que se presenta reconoce a los extranjeros en situación irregular los derechos constitucionales de asociación, reunión, sindicación y huelga, aprovecha la transposición de la normativa europea para introducir una nuevo recorte de derechos y una visión utilitarista de la inmigración orientada a las necesidades productivas, haciendo que la célebre frase que pronunció el escritor Max Frisch “pedimos mano de obra... y llegaron personas” recobre vida.

Las directivas europeas son normas de mínimos, es decir el deber de transposición no justifica un retroceso en nuestra legislación. El caso más evidente en el de los centros de internamiento, la legislación europea no nos obliga a incrementar el periodo de retención y pasar de 40 a 60 días, aunque un Gobierno como el nuestro que se reclama progresista opte por ello.

Después de la aprobación en esta Cámara de una Ley de Asilo restrictiva, contaminada con retazos derechistas y demasiado secuestrada por la crisis económica, la ecuación establecida entre la regulación de los flujos inmigratorios y la coyuntura económica requiere una plena subordinación al reconocimiento pleno y efectivo de los derechos de las personas migrantes, y un alejamiento de los senderos de populismos anticrisis, que son causa y consecuencia de la ignorante xenofobia.

Desde nuestro Grupo Parlamentario entendemos que esta reforma debe de significar una oportunidad para incorporar la visión de integración y el respecto a los derechos humanos de acuerdo con la realidad actual, pero nos encontramos con todo lo contrario, se trata de un texto cuyo punto de partida es la regulación de la inmigración como respuesta al contexto de crisis, justificando de esta manera la rebaja en el listón de derechos y el incremento de sanciones, presentando a la personas inmigrantes como simple mano de obra y estigmatizando su figura, vinculándola a la ilegalidad y optando por medidas de represión y control y muy poco de integración.

En la legislatura anterior no fue posible, en el seno de la Subcomisión, llegar a una consenso para la firma de un Pacto de Estado para la Inmigración, y hoy se nos presenta un texto en el cual se impone la tendencia de gobernar a golpe de Código Penal copiando las peores prácticas de nuestro entorno. Si las leyes civiles y mercantiles siguen siendo las mismas para los extranjeros que para los españoles, no encontramos justificación para que no sea así en el ámbito laboral y mucho menos en el que les corresponde como ser humano, constatando una vez más el paradigma del racismo institucional.

Ni en medidas que aparentemente representan avances estimamos que se ha optado por la mejor solución. Este es el caso de las autorizaciones de residencia por reagrupación familiar que a partir de ahora serán también de trabajo pero quedaran sometidas -el primer año- a las condiciones de “situación nacional de empleo”. En lo relativo al derecho a la educación y el acceso a becas y ayudas, el proyecto de ley sigue incumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional, discriminando a los extranjeros no residentes mayores de edad, obviando la vinculación entre educación e inclusión social.

Centrándonos en aquellos aspectos que más nos preocupan cabe señalar el internamiento, concretamente la aberrante ampliación de la privación de libertad por una simple falta administrativa que podría ser sancionada con una multa. Las intenciones del Gobierno Español son inaceptables porque dan carta blanca a la vulneración sistemática de los derechos fundamentales, no plantean la óptica desde los derechos humanos y no sólo establecen medidas de privación de libertad sino que tampoco fijan normas de protección suficientes para impedir que las ya deplorables actuales condiciones se deterioren todavía más. Como mínimo, podría haberse planteado articular una auténtica garantía judicial que podría pasar por la creación de una jurisdicción específica que además de ejercer la función de control judicial del internamiento con la finalidad salvaguardar los derechos de los extranjeros internados y corregir los abusos y desviaciones de la actuación administrativa, estuviera capacitada para revisar el internamiento y corregir situaciones tan paradójicas como las de los inexpulsables.

Desde la misma óptica se endurece el régimen sancionador, la redacción del artículo relativo a la hospitalidad provocará, tal y como ya ha denunciado Cáritas, graves situaciones principalmente para las familias migrantes ya asentadas, además de discriminar por cuestiones de nacionalidad puesto que la carta de invitación se exige tan sólo para algunos países. Tampoco se corrigen errores de lógica jurídica como el del falso empadronamiento, hubiera sido un acierto suprimir este precepto y regularlo en el marco de la Ley de Bases de Régimen Local, como entenderíamos que así se hiciese con otros comportamientos que no son exclusivos de las personas extranjeras como el del falso empadronamiento para acceder a una zona escolar determinada. El padrón constituye la principal vía de acceso a las prestaciones sociales, mantenerlo como infracción grave empeorará el riesgo social de las familias.

Otra expresión de este retroceso es el Registro Central de Extranjeros que acredita el enfoque represivo de la política migratoria y el afán del Gobierno de situar el problema en el ámbito del orden público, favoreciendo la equivalencia inmigración/delincuencia.

En lo relativo a derechos políticos y participación pública, se sigue relegando el derecho de voto a criterios de reciprocidad sin hacer propuestas de fondo como la modificación del art. 13.2 de la Constitución, pasando por alto que existen países con los que no podremos firmar tratados por motivos legales, sociales o políticos, condenando a sus ciudadanos a no ser reconocidos como ciudadanos de primera. El Estado español se sitúa así al nivel democrático de los países de origen y obvia la evidente asimetría entre los países emisores y receptores de migración. Fruto de ello, se esquiva establecer el debate necesario para superar un déficit que sabotea los mismos principios democráticos de una sociedad moderna, fomentado la segregación política y, en consecuencia, dificultando la integración y la cohesión social.

Por lo que respecta al resto de derechos sociales y laborales el proyecto de ley tampoco cumple con unos mínimos. El derecho a la tutela judicial efectiva queda en entredicho, al dificultarse el acceso a la asistencia jurídica gratuita, exigiéndose una nueva solicitud para el acceso a la vía jurisdiccional, además de una reiteración de la voluntad de recurrir, requisitos éstos que en cambio no se exigen a los españoles. De la misma manera debería de aprovecharse la reforma para incluir la supresión de las disposiciones adicionales relativas a la inadmisión a trámite. Sigue sin abrirse vías para la regularización de personas basada en la normalización de situación laboral y en la mejora del acceso a través del arraigo. No se resuelve la situación de los menores mayores relegándose a desarrollo reglamentario. La reagrupación familiar en el caso de los ascendientes reagrupados se condiciona a la residencia de larga duración, es decir a 5 años frente a los 2 años que propone la directiva de transposición. Además se introduce un concepto jurídico indeterminado como son las “razones humanitarias” para la reagrupación de los ascendientes menores de 65 años, como mínimo debería de hacerse referencia al resto de estatus jurídicos que establezca el ACNUR.

El artículo referente al derecho a la vivienda es restrictivo cuando lo realmente importante atendiendo a la función social de la vivienda no es ni la situación administrativa de la persona no el tiempo que lleva residiendo en nuestro país.

Asimismo, el texto no cuestiona el inoperante modelo actual de contrataciones ordinarias en el extranjero de carácter individual o a través del contingente, desaprovecha la oportunidad de encarar las reformas necesarias en el Código Civil a fin y efecto de modificar las exigencias para la obtención de la nacionalidad para asociarla al arraigo, con la finalidad de eliminar los agravios comparativos entre aquellas personas a las cuales se les exige requisitos y condiciones distintas a otras.

Por supuesto, tampoco se aborda la necesidad de reformar de forma profunda la estructura administrativa en el ámbito de la administración pública pertinente, como pudiera contemplarse mediante el desarrollo de la Ley de Agencias avanzando en su coordinación con las Comunidades Autónomas, las cuales deben tener garantizado el ejercicio de sus competencias exclusivas y de la necesidad de intervenir en otras cuestiones, como por ejemplo la concesión de los permisos de residencia permanente y de la misma nacionalidad.

Por todo ello se presenta la siguiente enmienda a la totalidad.

Una adecuada reforma de la Ley de Extranjería y no los regresivos sucedáneos que prepara el gobierno, como el de “ILEGALIZAR LA SOLIDARIDAD” sería la mejor forma de celebrar hoy el día internacional contra el racismo. Es urgente ya, hacer una verdadera Ley de integración de las personas inmigrantes que garantice el acceso de los/as nuevas/os ciudadanos/as a todos sus derechos humanos, independientemente de la situación de regularización administrativa que tenga en España, hecho este por cierto que ya fue dictaminado por el Tribunal Constitucional.
“Nos pondremos a la cabeza del mundo en la lucha contra el racismo con la Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación", declaró ayer Pedro Zerolo, el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, refiriéndose a una supuesta nueva Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación, que está preparando el Gobierno porque –según él- “haremos una ley por la igualdad de trato, por la igualdad de consideración, por la igualdad de oportunidades, por la justicia social, por lo que hemos luchado siempre las mujeres y hombres socialistas". ¡Amos anda!. Que bellas palabras y mantenéis una Ley de extranjería racista y discriminatoria que cada día nos hacéis mas retrógrada. ¿A quien queréis engañar?
Hoy 21 de marzo celebramos desde hace mas de 40 años el Día Internacional para la Eliminación Racial, que promulgara la ONU porque tal día de 1960, la policía disparó y mató a 69 personas en una pacífica manifestación contra las leyes del apartheid que tenía lugar en Sudáfrica.
Desgraciadamente en la calle, en la TV, en mi instituto de educación secundaria, y en demasiadas encuestas, estamos comprobando día a día un crecimiento de actitudes y comportamientos xenófobos y, porqué no decirlo, racistas. (El Instituto de la Juventud por ejemplo, en la Encuesta sobre “Los Jóvenes y la Inmigración 2008”, muestra que hay una mayoría de jóvenes que cree que hay demasiados inmigrantes en nuestro país y que el principal inconveniente es que “nos quitan los puestos de trabajo”
En unos momentos de crisis como el actual la situación puede empeorar y hacer que aumenten los conflictos y las mismas reacciones xenófobas: criminalización de quienes ayuden a los sin papeles, políticas de discriminación hacia los inmigrantes, preferencia nacional para los puestos de trabajo, reacciones xenófobas ante la competencia laboral o por los recursos sociales de los/as inmigrantes, abaratamiento de los salarios, contratos de integración, etc.
En fin, que menos que en este día al menos, nos dejemos de teorías y bellas declaraciones gubernamentales porque lo cierto es que hoy día en España no tenemos unas políticas efectivas contra el racismo, y la lucha contra la discriminación no pasa precisamente por un planteamiento que vaya mas allá de lo meramente teórico. Como dice la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDH-A, “mientras que se destinan fondos para programas de integración, el discurso político es velada o abiertamente racista o xenófobo. Y muchas de las medidas tomadas en este último año alimentan precisamente la sensación de que parte de la solución a la crisis pasa por controlar a los inmigrantes y disminuir su incidencia en nuestro país”. Me parece que sobran más comentarios.

Me llega de Paris con fecha 9 de diciembre, mas concretamente de la ACER (Asociación para una Ciudadanía Europea de Residencia), un comunicado que aunque no traducido aún al castellano, pide claramente al Presidente del Consejo Europeo, la instauración de la ciudadanía europea de residencia, junto a la ciudadanía actual basada en la posesión de la nacionalidad de uno de los Estados miembros. También, y derivado de ello, se solicita el derecho al voto y a ser elegidos en las elecciones municipales y europeas para todas y todos los residentes europeos, sean de la nacionalidad que sean.
Me parece importante recordar que fue con el Tratado de Maastricht cuando se instauró una división en la atribución de los derechos a los residentes extranjeros en función de su sola nacionalidad cualesquiera que fueran por otra parte sus cualidades personales. Desde entonces los extranjeros se dividen en dos grupos bien diferenciados: “los buenos extranjeros” que tienen la nacionalidad de uno de los estados miembros, tienen la ciudadanía europea y por tanto el derecho a votar y a ser elegidos y elegibles en la elecciones municipales y europeas, y “los otros extranjeros”, mas de 15 millones en toda Europa (equivale a toda la población de los Países Bajos), que son excluidos. Curiosamente solo 8 países de los 27 de la Unión superan en habitantes a estos 15 millones de extranjeros no comunitarios que residen en la Unión Europea.
También que ya son varios los países que han ampliado el derecho de voto en las elecciones locales a los extranjeros no comunitarios con o sin derecho a ser elegidos (En el Reino Unido, los nacionales de la Commonwealth tienen el derecho de voto activo y pasivo a todas las elecciones y en consecuencia a las elecciones municipales y europeas).
Y finalmente, también me parece oportuno recordar como ya en la Cumbre Europea de Tampere del 16/10/1999, cuyo lema era “HACIA UNA UNIÓN DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA:”, se señalaba lo siguiente: “El estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros. A una persona que haya residido legalmente en un Estado miembro durante un periodo de tiempo por determinar y que cuente con un permiso de residencia de larga duración, se le debería conceder en ese Estado miembro un conjunto de derechos de carácter uniforme lo más cercano posible al de los ciudadanos de la Unión “
Ya hace unos meses se empezaron a recogen firmas con este fin y con fecha 30 de noviembre se le enviaron al Sr. Sarkozy, en su calidad de presidente del Consejo europeo con dicha demanda.
En España, por el momento, solo hay 12 organizaciones firmantes (abanderadas por la prestigiosa federación de asociaciones “SOS Racismo”, o las no menos importantes APDH-A, Asociación pro derechos humanos de Andalucía o el CEDEHU). Sería importante que sumáramos apoyos y sobre todo que siguiéramos divulgando esta campaña para ir creando conciencia y conseguir que finalmente se eliminara una discriminación que entra en contradicción con el principio de igualdad en el que se basa la Unión Europea.
No se puede proclamar la adhesión de la Unión a la igualdad y a la democracia y excluir a esta población del debate democrático. El Consejo Europeo recuperaría buena parte de su perdida credibilidad si propusiera una modificación del Tratado de Maastricht para permitir la concesión de la ciudadanía de la Unión y el derecho de voto para las elecciones municipales y europeas a todos los residentes. Ante toda la gente de bien y a los ojos del mundo, sería un importante avance de la Unión hacia la igualdad y la democracia.

Interesados enviar adhesiones a “paul-oriol@orange.fr“

Vínculo: http://luisangelaguilar.blogspot.com/2009/02/el-gobierno-ilegaliza-la-solidaridad.html

¡SALVEMOS NOSOTROS LA HOSPITALIDAD!
La escasamente anunciada Reforma de la Ley de Extranjería pretende dar una vuelta de tuerca mas en la tendencia criminalizadora de la inmigración, llegando a sancionar incluso a quienes -de manera solidaria- ejercen el deber de la hospitalidad, y por lo tanto, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de ”promoción de la permanencia ilegal en España”.
Ahora a quienes se va a criminalizar es a las redes de apoyo al inmigrante, poniendo en automática situación de ilegalidad a miles de personas que acompañan, empadronan en sus casas y apoyan a personas sin papeles. A partir de ahora, muchas ONG, Congregaciones religiosas, plataformas y ciudadanos en general, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verán perseguida su actuación. Más aún: la reforma pretende ampararse en el silencio cómplice de los ciudadanos ante estos atropellos contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Un vergonzoso y desapercibido dictamen de patronal y sindicatos.
Es curioso que los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, junto a las organizaciones de empresarios y patronales CEOE y CEPYME, en ese órgano llamado Consejo Económico y Social (CES), hayan avalado el recorte de derechos para las personas inmigrantes, e incluso hayan hecho un informe en el que siendo “mas papistas que el papa”, proponen al gobierno endurecer algunos aspectos del anteproyecto de reforma, indicándole los puntos en los que tiene que ser mas duro, y supuestamente justificando la reforma por el contexto económico de la tan traída y llevada crisis. Como ha denunciado SOS Racismo “el gobierno ha cogido la interpretación mas extrema y dura de la directiva de la vergüenza (Directiva europea del retorno de inmigrantes) y el CES, con el beneplácito de UGT y CCOO le han pasado por la derecha al propio gobierno”.
Salvemos la hospitalidad.
Ante este nuevo atentado contra los derechos de las personas inmigrantes os invito a firmar la campaña denominada “Salvemos la Hospitalidad” que según el manifiesto adjunto, plantea unas reivindicaciones mas que justas y pretende la reforma en concreto del artículo 53 c) que sanciona a quienes ayuden solidariamente a los extranjeros en situación irregular. Este objetivo último y limitado no es un fin en sí mismo, sino que puede servir para ir logrando otros objetivos no menos importantes, tales como la sensibilización social en torno a los valores de la solidaridad y de la hospitalidad. Unos valores que cada día se encuentran más desvalorizados por un imaginario colectivo cada vez más miedoso y proclive a legitimar cualquier medida en la lucha contra la inseguridad y la promoción de procesos de etiquetamiento y exclusión social.

(*) Luis Ángel Aguilar Montero es miembro de las Comunidades Cristianas Populares y Coordinador Provincial de Izquierda Unida de Albacete

MANIFIESTO PARA LA REFORMA DEL ART. 53 C) QUE SANCIONA A QUIENES AYUDEN SOLIDARIAMENTE A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN IRREGULAR.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art. 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Uno de los deberes presente en todas las culturas, y en algunas, señal de su identidad, es el de la “hospitalidad”. Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en España si prospera la anunciada reforma de la legislación de extranjería.
En concreto, el art. 53 c) del Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto”.
Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.
El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se olvida que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH).
Ante esta situación, exponemos:
1.- Que hemos constatado, después de tantos años acogiendo y acompañando itinerarios vitales de personas en situación de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de la solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios como forma concreta de expresión de corresponsabilidad humana y social con aquellos que no tienen los mínimos de supervivencia –casa, pan y trabajo-.
2.- Que una parte significativa de la responsabilidad de la miseria en que se hallan los pueblos de origen de quienes tiene que migrar a España está provocada por procesos históricos y políticas económicas y colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del denominado Primer Mundo, que mantiene intereses en el sostenimiento de regímenes no transparentes ni democráticos en el Tercero (incluida, por cierto, la venta de armas y el tráfico de personas).
3.- Que el principio de solidaridad para con los más desheredados del mundo es un elemento ético de legitimación en una sociedad que se denomina democrática, que considera que los bienes de la tierra tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria del prójimo y su derecho a sobrevivir.
4.- Que el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro.
Ante ello, con independencia de otras numerosas discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto concreto, como auténtico mínimo ético, que modifique el Anteproyecto en el sentido de incorporar al texto normativo la necesidad de “ánimo de lucro”en el infractor para que pueda ser sancionable.
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