P.MONTESINOS

El derechista ex presidente del gobierno español José María Aznar es, además de un connotado guerrista, un delincuente internacional, que al final tendrá que ser juzgado no sólo por crímenes de lesa humanidad sino también por robar dinero del erario público de su país en beneficio personal.

Una reciente noticia circulada en medios de prensa internacionales reveló que el Tribunal de Cuentas de España aceptó la semana última investigar a Aznar y a su ex ejecutivo por utilizar 2,3 millones de euros para contratar un lobby que presionó al Congreso norteamericano con el objetivo que se le concediera una medalla de oro que otorga esa institución legislativa.

La denuncia contra el ex líder del conservador Partido Popular (PP) subraya que tres meses antes de las elecciones generales españolas de 2004, el referido personajillo pagó los servicios del despacho de abogados de Piper Rudnick para promocionar su imagen en Estados Unidos, y obtener la ansiada presea que nunca se le entregó.

Las enfermizas ansias de protagonismo de Aznar, cuya estatura política siempre ha sido similar a su talla física, lo llevaron a sustraer esos fondos públicos con el propósito de comprar las firmas necesarias de los congresistas norteamericanos.

La nueva acusación en su contra, esta vez por malversación, se suma a una querella interpuesta al ex cabecilla del PP en marzo último por la “Plataforma Juicio contra Aznar” que lo imputa por su activa participación en la sangrienta guerra impuesta a Irak por Estados Unidos y sus aliados en 2003.

Dicha plataforma, que engloba a varios colectivos sociales y fuerzas progresistas en España y que en 2009 recogió más de 20 mil firmas, denunció al ex mandatario por involucrar a ese país europeo en el trágico conflicto desatado en Irak por las tropas de ocupación.

En el texto de la querella, formalmente entregada al Tribunal Supremo español, se señala que la implicación de esa nación ibérica en la guerra contra Irak fue “total y absoluta” por responsabilidad de Aznar, quien apoyó política y militarmente al ex régimen norteamericano del presidente George W. Bush en su agresión castrense.

El artículo 588 del Código Penal de España establece una pena de prisión de 15 a 20 años para los miembros del gobierno que, sin cumplir lo dispuesto en la Constitución, declaran la guerra o firman la paz.

La justicia española tiene hoy más que suficientes elementos para sentar de una vez por todas en el banquillo de los acusados a Aznar, no sólo por ser responsable de la muerte de miles de inocentes en Irak, sino también por traicionar a su pueblo y saquearle su dinero.