Categoría: Artículos

“No siempre se han de decir todas las verdades, sino
sólo aquellas que producen algún fruto”
(B. Pascal)

“No podíamos pensar que el futuro sería esto, decían
--casi-- unos versos de Benedetti
(Haro Tecglen)

Exponíamos ha poco por qué vemos a España como arquetipo del esperpento. Tomen lo que sigue, si leerlo les pluguiera, de resopón ad hoc. ¡Querido país!, este nuestro, prácticamente sin Ilustración (en su lugar, gritaba el pueblo “¡Vivan las caenas!”, las del infame Fernando VII, pateando sobre el santo y seña liberal “¡Viva la Pepa!” o Constitución de San José de 1.812); sin revoluciones burguesas (excepto la tardía y traicionada del 68, y la fusilada de la II República); sin clases medias en el siglo XIX (como sí hubo en Francia, Alemania, Inglaterra); sin separación total Iglesia/Estado cual en la católica Francia... y, a día de hoy, único país de Europa con absoluta impunidad de la barbarie fascista. Incluso con un destacado ministro de Franco, firmante solidario de sentencias de muerte, de senador y presidente insigne de un Partido que se supone democrático (el Presidente “de honor” es su digital sucesor Aznar, que no vean lo que escribía contra la democracia cuando era funcionario de Hacienda en Logroño). Por lo demás, el honor --decía Aldous Huxley-- “se parece a las faldas de las mujeres. Se lleva largo o corto, ancho o estrecho, con enaguas o sin bragas”.

De un partido, añadimos, especializado en marear la perdiz; que, tras incendiar cuanto ha podido el tema del Estatut catalán (del que rechazaba puntos importantes que sí le habían parecido bien en otras Comunidades Autónomas), anda ahora encogidico como un pecado mortal para no molestar a CiU, a cuyo tanganillo se encomiendan para lograr el poder, y no es cosa de volver a gritar “¡Pujol, enano, habla castellano!” y haber luego de jurar que parlan catalán en el tálamo. Pues rige aquí la doctrina Mourinho: carece de valor jugar bien o mal, sólo importa ganar. ¿Tratará el PP de fichar a Mourinho? ¿Y puede darse una nación cultural y política, pero no jurídica? ¿Durante cuánto tiempo, si ya en Sentencia de octubre del 93 el Tribunal Constitucional alemán definía a la Unión Europea como “confederación de Estados democráticos”, y hoy el PP va facilitando el guión a los independentistas? Una guinda aún (más esperpento): tenemos un Estado en muchos aspectos federal, mas la Constitución se guarda bien de considerarlo tal, llenándose la boca de “Nación española” desde su primera línea.

La cuestión básica de este grave asunto es que España está “sin acabar” desde el Conde-Duque de Olivares y la imposición, luego, a cargo del primer Borbón --por derecho de victoria sobre media España-- del modelo centralista francés, opuesto a mil años de tradición y hondas huellas acá: de Reconquista, Reyes Católicos y cinco Reyes Austria. Y, cuando la II República empezaba a resolver el problema, la asaltó y apioló el monipodio de militares africanistas, terratenientes explotadores, obispos poco evangélicos y contrabandistas como Juan March, más la carne de cañón extranjera de moros y legionarios y los aviones y cañones de Mussolini y Hitler. ¿Conocen ustedes otro golpe de estado triunfador gracias a Duce y Führer cuyos autores lleven tres cuartos de siglo subidos en el machito, ellos y sus descendientes; donde los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (prevaricando, en el análisis jurídico de uno) siguen defendiendo la validez de los homicidas consejos de guerra franquistas con el argumento de que ”aplicaron las leyes vigentes”? (A su concepto del Derecho quizá cabría aplicarle lo de Huxley sobre el honor).

Por ende, durante la dictadura militarista-fascistoide-clericaliana-bonapartista, a falta de poderes democráticos clásicos y legítimos hubo otros omnipotentes como el genocida “poder desaparecedor” (tras el tiro en la nuca). Mas Lo gravísimo es que éste continúa flamante, con más de cien mil ciudadanos “desaparecidos” y asesinados, lo cual significa otros tantos delitos permanentes. Y que gran mayoría de jueces se llaman andana sobre la materia. Así que, si un juez tira de la manta (Garzón), dejando trasero al aire a tantos otros (prescindiendo de si don Baltasar aspirase a presidente de la III República, que uno sospecha que quien de verdad aspira es “Ánsar” y a lo mejor hasta lo habló con Bush, albarcas sobre la mesa), al haber Garzón obedecido al Art. 6 y el 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 10.2 de la Constitución (sobre Tratados y Acuerdos internacionales ratificados por España), el 131.4 del Código Penal, etcétera --que, en resumen, vedan la aplicación de la Ley de Amnistía de 15/10/77 a los imprescriptibles delitos de lesa humanidad-- parece haberse generado una conspiración-contra-Garzón para que el pacto político de Democracia y franquismo (suscrito bajo trágalas y coacción de éste, con el Ejército del caudillo vigilando) siga prevaleciendo espuriamente sobre todas las normas jurídicas de alto rango citadas, incluida la Constitución. Conspiración de alto copete para disuadir, cortar las alas, escarmentar en cabeza ajena a cualquier potencial investigador judicial de los crímenes contra la humanidad de la dictadura. Verde y con asas, alcarraza. Lo más triste quizá es ser el hazmerreír jurídico y moral del mundo, después de haber perseguido tantos delitos de lesa humanidad lejos de España.

Por si no me explicara bien, permitan un ejemplo, entre cien posibles, de los dobles “juegos”: ¿recuerdan la que armaron contra Garzón por pedir certificación a los Registros Civiles de la defunción de Franco, Mola, Queipo, Yagüe, Vigón, etc (en auto de 16/10/08)?. Pues el magistrado de Valencia Sr. Ceres (quien, junto al ídem Sr. De la Rúa trató de exculpar al presidente Camps por el asunto “de los trajes” en agosto de 2.009, lo que fue impedido unánimemente por el Tribunal Supremo), el Sr. Ceres, decimos, pidió que le certificaran ser Camps Presidente de la Generalitat Valenciana, sin que nadie arremetiera contra él (aunque se pueda pensar que era por dilatar el procedimiento, para que lleguen antes las Elecciones autonómicas que el eventual banquillo).

Mala cosa, en suma, los enjuagues entre Derecho y Política. Mas hablemos, por terminar, una miaja de ésta, a vuelapluma. ¡Qué hombre de suerte es ZP: tener de oponente máximo, en momentos tan difíciles, a Don Mariano el Leve! (FG también la tuvo, le tocó Fraga durante mucho tiempo). Aunque es verosímil que los candidatos a las Generales no sean Zapatero ni Rajoy. Buena parte del PP teme que, si la situación económica mejora algo y el PSOE pone a Rubalcaba o Pepiño, verbigracia, Rajoy pierda por tercera vez, emulando a San Pedro. Así que rabian pidiendo Elecciones ya, pues su mejor baza es la crisis económica. Y han tenido que aguantar el alegrón de la ciudadanía por que España ganó el Mundial de fútbol. Y encima se viene a veranear acá la familia Obama, ¡qué mala suerte!

Así que gerifaltes y carguetes del PP cuentan a sus bases que la única conjura es contra el Partido (conjura de fiscales, policías especialistas en delincuencia dineraria, funcionarios de Hacienda, interventores del Estado, incluso jueces). Y toca a los cargos públicos ser más leales al Partido que a los ciudadanos. Oigan al Conseller valenciano R. Blasco --ex PC m-l, ex Conseller del PSOE valentino, y hoy hombre fuerte del Gobierno de Camps-- decir que éste debe ser Presidente aunque la Justicia le condenase por cohecho o soborno (y demás posibles delitos que están asomando la orejilla: prevaricación, financiación ilegal del Partido, delito electoral...). Camps, temo, acabará más abandonado que don Manuel Azaña. De momento, ni Rajoy ni Cospedal ni González Pons ni Trillo, ni... se hacen una foto con él, y tampoco se le proclama candidato a la Generalitat.

Mientras, el buen Rajoy juega a que la crisis económica le gane las Elecciones, y se abstiene de criticar la corrupción (por cierto, me parece que el Rey también lo omite). Así que Mariano no hace propuestas. Encima, el antes hacedor de trascendentes leyes sociales ZP le pisa el discurso, tomando medidas económicas a lo Cameron, Merkel o Berlusconi. Lo que permite a Dª Cospedal asegurar que el PP es el partido de los trabajadores (más esperpento). ¿Será, en fin, que “lo decisivo no se puede organizar democráticamente”, como sostiene el obispo ultra Kurt Krenn (tan comprensivo con la pederastia)? ¿Es la mentira básica en la vida política, en la amorosa con frecuencia, en la social? Lean a Javier de Lucas en el importante libro “¿Es conveniente engañar al pueblo?”, del Centro de Estudios Constitucionales.

¿El pueblo?: les animo a ver la estupenda película de hace un par de años “Frost/Nixon”, particularmente cuando ese ignominioso ex Presidente USA se derrumba. O lean a Louis Blanc: “El pueblo despertó asustado con el ruido de pasiones que no eran las suyas”. (Con esta frase presentaba el sabio cínico Mitterrand su obra contra De Gaulle “El golpe de estado permanente”).

José Luis Pitarch,
Presidente federal de Unidad Cívica por la República

Servidor cree que España es por antonomasia el país del esperpento. A Valle-Inclán no se le queda atrás Forges con sus geniales viñetas como “Vótanos, vota trinque” o “Yo lo trincado no lo devuelvo, que lo sepas”, testimonios de primer orden de este tiempo. Esperpento, decimos, machihembrados lo grotesco y lo trágico, entre Don Quijote y Don Friolera. Quizá por eso nadie dimite ni se suicida, salvo Larra, que reventó de hastío y náusea, cuernos o mal de amores aparte. Y la Comunidad Valenciana se lleva la palma estos años, culminando por ahora con el esperpento de Orihuela/Alicante, de Ripoll y cia.

Pareciera que lo del cacique Fabra en Castellón, casi eternalmente imputado-sin-juicio por delitos infames en tan alto representante de los contribuyentes, era el súmmum, mas no. O lo del Presidente Camps, llamando a un alcapone de guardarropía “amiguito del alma” y “queriéndole un huevo”, más la esposa del presi protestando con la boca pequeña al mismo apache porque éste se pasaba muchos pueblos en sus regalos a la familia Camps, no devueltos por cierto. Mas ahora salta lo de la basura alicantina, en sentido real y alegórico. Todo lo cual semeja ya demasiado a aquello de Alí Babá etcétera.

El PP berlusconiano gobernante del río Sénia al Segura se supera, pues, a sí mismo, y, si Don Friolera aseguraba que en el cuerpo de carabineros no hay cabrones, aquí los populares postulan más o menos la absolución de la corrupción. Esto es, la conversión de la política en politicastrería. Como pantalla o tapadera construyen unas nuevas pirámides de Egipto (Oceanográfico, Ágora, nuevo puente de Calatrava, Museo de las Ciencias, Hemisfèric, Palacio de las Artes), que permiten suculentos contratos, muchos de ellos amañados para quien corresponde, pero miles de niños valencianos siguen estudiando en barracones porque no queda dinero para hacer sus escuelas (hay medio centenar “pendientes”).

Mas el presidente Camps --que en cualquier país europeo occidental habría dimitido hace año y medio-- se envuelve en la bandera valenciana, autoidentificándose con ella y sus tierras, se ampara en su amigo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, y proclama que él y la Comunidad Autónoma son mártires de persecución a cargo de fiscales, jueces como Garzón, policías expertos en delincuencia económica, interventores del Estado y funcionarios de Hacienda. Y quien más le consuela y defiende es la distinguida alcaldesa Rita, delincuente confesa del Artículo 426 del Código Penal (el mismo por el que va camino del banquillo el Sr. Camps), pues afirma que a ella también le regalan bolsos de tres mil euros. ¡Dios mío, la demagogia intentando desplazar al Derecho, o qué asesores jurídicos tendrá la alcaldesa! Lo que no dice Dª Rita es que Valencia acumula más deuda que Barcelona. Ni que el Vaticano anda cabreado por los enjuagues económicos que hubo a favor del Bigotes y Gürtel con la cobertura televisiva de la visita del Papa a cargo de TelePP, o sea, la TV pública autonómica sufragada con dinero de todos, fiel fámula de Camps y cia.

¡Querido y esperpéntico país!: cuando el pueblo echó a patadas a don Alfonso XIII, nació el partido monárquico Renovación Española. Y hoy el PP, con su estrategia sobre el Estatut catalán, deviene el mejor reventador de la España que pretenden. Gracias a ellos, puede que España acabe siendo no federal, sino confederal, el PP nos empuja a la senda de Bélgica y Canadá, ¡qué visión! ¡Ah!, y otro par de esperpentos supremos: el PP es el partido defensor de los trabajadores, lo ha dicho Dª Cospedal. Y el bragófilo don Vicente Sanz, hasta ayer nº 2 de la citada TV Valenciana, que coaccionaba a despojarse de sus más íntimas prendas a trabajadoras de la casa, pues gustaba de coleccionarlas, cuando al fin fue denunciado por varias de ellas e imputado judicialmente, no ha sido despedido, sino pasado a otro puesto de la casa y cobrando. (Este sujeto sonará a ustedes por su famoso “Estoy en la política para forrarme”, a la vera de Zaplana en Benidorm. ¡Cuánto debe saber, y qué miedo deben tener a que tire de la manta!)

Mas, volviendo a Orihuela y sus basuras, por desgracia no me sorprende casi nada de lo ocurrido. He estado allí varias veces el último año, y además tiene uno memoria. ¿Se acuerdan del Sr. L.F. Cartagena, ex Conseller con Zaplana, ex Vicepresident del Gobierno autonómico, que, siendo Alcalde oriolano, latrocinó más de ocho millones de pesetas, de las de hace dos décadas, de unas monjitas que las habían recolectado para obras sociales e, ignorantes de la condición de alguna marranalla con altas dignidades, se las entregaron a Cartagena para tales obras, mas éste las guardó en su bolsillo, y encima se hizo con facturas falsas de que las había destinado a tales obras de solidaridad con los más necesitados? (Aparte otras andanzas de dicho “juliánmuñoz” oriolano por las que le imputó el mismo Juzgado nº 3 del actual esperpento: ¿les suenan las cesiones de crédito, primas únicas, etc?).

Aunque lo peor es quizá el laberinto mental al que se lleva al ciudadano de a pie, no docto en lo jurídico (al poder no le interesa que el súbdito entienda de Derecho; si no, introduciría asignaturas de iniciación al Derecho en ESO y Bachillerato), la confusión a que se conduce a Juan/a Español/a. En lo que hay auténticos maestros, como tiburón G. Pons hablando mentidamente de ”detenciones ilegales” y afirmando que la policía suplantó al juez. O don Pío García el senatorial asegurando que Ripoll fue secuestrado. O el TSJ valenciano diciendo y desdiciéndose, tratando de desviar la atención del fondo del asunto. Por no hablar de los “comunicados” de la Diputación comandada por Ripoll.

A la ciudadanía hay que informarle de que la policía puede --y tiene obligación de-- detener y hacer preguntas al detenido sin necesidad de orden judicial, cuando haya barruntos de delito. Y de que el juez de Orihuela, ¡atención! había dicho a la policía especializada en la materia que “tomaran las medidas necesarias” (y es una policía muy cualificada que no suele cometer chapuzas), lo que incluye posibles detenciones. Y también les había ordenado que “acompañaran”, trasladaran a Comisaría a quienes tuviesen que declarar en ella (posteriormente, leídas por el juez estas declaraciones, les interrogaría de nuevo si era pertinente, ya en sede judicial). Además, el juez había informado a la policía de qué horarios tenía disponibles para dichas as declaraciones en juzgado, con arreglo a lo cual la policía trasladó las citaciones correspondientes. Me queda la duda, entre lógica y esperpéntica, de si el juez dejó la toma de declaraciones para el jueves porque el miércoles 7 jugaba España con Alemania.

En cuanto a los registros, ordenados por el Juez a la policía, se hicieron en presencia del Secretario judicial (lo cual calló, me parece, el TSJ). Todo, pues, fue legal y bajo control de Juez y Fiscalía Anticorrupción; y la Policía informó debidamente a Su Señoría de lo que iba haciendo. Pero, habiendo llegado a tal clímax la podredumbre del PP valenciano (recalificaciones urbanísticas fraudulentas, pelotazos, troceo de contratos para eludir controles legales, contratos sospechosos de la Generalitat con familiares del Vicepresident Cotino, del Conseller Castellano, etc, etc, más lo de Fabra, Camps, Ripoll...), en vez de sanear y purgarse de tanto miasma y gusanaje, para ser un partido de derechas “desente”, como decía Alfonsín, ¡a marear la perdiz!, a escabullirse del terrible fondo de la cosa, a decir que hay un Estado policial que acosa al PP (aunque Rajoy, Cospedal, etc tienen buen cuidado de no salir en fotos junto a Camps), a pedir que Rubalcaba comparezca, a no apartar a los imputados como hace el propio PP en otras Comunidades. Mas lo cierto es que Ripoll está imputado por cinco delitos graves, tiene que presentarse en el Juzgado periódicamente, y, tras tanto pedir separar del partido a las “manzanas podridas” (sic), ahora dice que él no dimite, y que no sabe nada del sumario. ¡Toma, porque es secreto!

En fin, en un país con tantas herencias aún de dictaduras y dictablandas (o, si quieren, en un cesto democrático construido y mantenido con tanto porcentaje de mimbres franquistas), y en particular en una Comunidad Valenciana donde nadie dimite ni se disuelven les Corts y se convocan Elecciones autonómicas, puede pasar casi de todo. Como que la C.V. sea la última de 17 en porcentaje de estudiantes de ESO que alcanzan el título correspondiente, o que el Presidente Camps siga sin recibir, cuatro años después, a las familias de los 43 muertos en el accidente de Metro por no haber balizas adecuadas.

José Luis Pitarch

Presidente federal de Unidad Cívica por la República

I

¿Quién soportaría “the law's delay” (en libros jurídicos suele traducirse por “la lentitud, o tardanza, de la justicia”), se duele el buen Hamlet junto a otras desdichas cual el amor menospreciado, una vida de fatiga y tedio, o la insolencia de quienes detentan cargo, poder (“office”). ¡Inconmensurable Shakespeare! Pues he ahí para remediarlo el juez de la horca don Luciano Varela (“Aquí los linchamientos se producen al amparo de la ley”, ¿recuerdan el film de otro inmenso, John Huston, con Paul Newman, Ava Gardner, Tony Perkins?). Lo de la horca va por la inusitada rapidez enjuiciadora de don L.V., discúlpeseme el tropo; que ya no hay pena de muerte, eso era en el franquismo, hasta los fusilamientos de 1.975. (Con una precisión sobre la abolición de tal pena capital, que muestra cómo el franquismo llega, en aspectos, hasta 2.010... en las Fuerzas Armadas. Pues en 1.978 los militares de Franco impusieron a la Constitución que sí pudiese haber pena capital en tribunales militares; para eso tenían a algún firmante de pena de muerte en la dictadura, como Fraga, de “padre” de la Constitución). Ahora, dice Fraga que no acepta la jurisdicción universal. No es tonto el hombre.

¡Vertiginoso proceso el llevado a cabo por don Luciano!, de envidia muero. Servidor aguarda respuesta ¡treinta años! a un Recurso contra hospedaje forzoso de seis meses en la Prisión Militar de Alcalá de Henares, que uno cursó en mayo del 80. Ya reza el adagio: “la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música”, lo que cítase sin ánimo de universalizar ni dar vejamen. (Distinto asunto es si confluyen condición de mílite y de no demócrata, cruce del que tenemos ejemplos hasta ayer y hoy. Pueden repasarlo, si permiten, en mi libro “Memoria irredenta del franquismo”, más up-to-date ahora que cuando vio la luz hace un año. O vean la invectiva de ha dos meses del general García de Dios, contra las medallas al patriotismo y lealtad al pueblo concedidas a los oficiales de la UMD).

Perdonen estas digresiones y embragues con asuntos adyacentes. Mas, habiendo ya pecado, dejen que reincida con una cita menos colateral, por la que confío no me riña Baltasar Garzón. Hace menos de un año, en viaje del mismo a Valencia por motivos privados, compartimos un largo café durante el cual don Baltasar me inquirió, un tanto divertido, por qué en mi mencionado libro, escrito en 2.008 (cuyo índice onomástico refiere a una decena de páginas bajo la advocación “Garzón”) aventuraba uno que “legión de políticos, jueces, etc” tratarían de “hacerle pagar cara” su investigación sobre los crímenes internacionales o “universales” de lesa humanidad y genocidio franquistas.

Crímenes hasta ahora tapiados --y lo que sigue en este párrafo temo me haga reo, si no me salva mi irrelevancia, de la admonición o desprecio de Javier Pradera, a quien tanto he admirado, una vez leído su infumable artículo “¿La amnistía contra la Constitución?” del día 5 de los corrientes; ¡no es revisionismo, don Javier, es dignidad y derecho a la justicia!--, hasta ahora enterrados, decimos, por esa “transacción” bajo fuertes coacciones y trágalas de los “vencedores” de 1.939 a la que se ha llamado púdicamente “transición” (cuya considerable parte de méritos uno conoce), y en la que dichos triunfadores gracias a Hitler y Mussolini no quisieron un “abrazo de Vergara” como en 1.839, sino mantener en las tinieblas, por poner un solo ejemplo entre no pocos, a los combatientes antifascistas (maquis) homólogos de los “resistentes” franceses, holandeses, serbios y del resto de Europa, este y oeste, contra el nazifascismo; en todas partes héroes, aquí aún bandidos. Washington, Jefferson, Adams, Madison, creadores y Presidentes de los EEUU, se revolverán en sus tumbas, porque ellos también ejercieron el sagrado derecho de rebelión armada contra la tiranía, que viene de Aristóteles, Tomás de Aquino, Locke.

Respondí a la pregunta de Garzón, más o menos: pues tratarán de que pagues muy caro haber dejado con el trasero al aire (en términos jurídicos y democráticos) a gran mayoría de los jueces de este país que se han llamado y siguen llamando andana respecto a las fosas de la ignominia y lesa humanidad, en cuyo ranking o número sólo nos supera posiblemente en el mundo --a Bosnia la “ganamos”-- la Camboya de Pol Pot (aparte los exterminios hitlerianos); y otro tanto en relación a muchos de nuestros altos gobernantes durante más de tres décadas. Unos y otros, jueces y políticos --dejamos para otro día los fiscales--, añadí, temo que ni habrán leído tus Autos de 16 de octubre y 18 de noviembre de 2.008, ni las Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU del 31 de octubre intermedio, especialmente sus inquietudes o preocupaciones (“concerns”) por que la Ley de Amnistía de 15-10-77 permanezca “in force”, obstaculizando contra lege el cumplimiento de obligaciones asumidas voluntariamente por España en una larga serie de Tratados y/o Convenios Internacionales, europeos y mundiales; obligaciones de mayor rango jurídico que dicha Ley de Amnistía, por lo que deben prevalecer sobre ésta. En fin, la ONU añadió expresamente la petición a España de “no aplicación por los tribunales españoles” de normas que restrinjan “la persecución de crímenes contra la humanidad”. Otra vez verde y con asas, alcarraza.

II

Entonces, ¿es que el magistrado Sr. Varela, aparte desoír al Fiscal, desconoce todo esto? ¿Y el Artículo 10 de la Constitución --el primerísimo de su Título Primero--, que prescribe: “Las normas relativas a los derechos fundamentales (...) se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos --de la propia ONU-- y los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”? ¿Es ignorancia, es prevaricación, es vendetta personal o corporativista, o qué demonios es esto que nos convierte en escándalo y hazmerreír jurídico, político y moral del mundo civilizado?

¿Tendrá razón Joan Garcés cuando escribe --citando jurisprudencia de nuestros Tribunal Supremo y Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “cuya doctrina es obligatoria para España”, de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda-- que el auto de fe y los sofismas del Sr. Varela tratan de crear doctrina distinta a la de todos esos Tribunales en tanto acarrea leña para quemar a Garzón? ¿Tendrá razón Garcés --uno cree que sí-- cuando señala que esta “doctrina Varela” es un peligro para el orden público internacional y un ataque a principios democráticos irrenunciables?

También se pregunta uno si el Sr. Varela habrá leído el “manifiesto” de Jueces para la Democracia del pasado 14 de abril, donde consta: “Cuestionar la ley de amnistía (como ha hecho Garzón) basándose en el Derecho Internacional que niega validez a las normas que otorgan impunidad a los crímenes internacionales NO PUEDE SER UN HECHO DELICTIVO, porque entra en la función del juez ponderar las normas que debe aplicar y determinar la que mejor haga efectivos los valores constitucionales y el Derecho Internacional de los derechos humanos”. Mas “hoy --prosigue el manifiesto-- se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo lleven al banquillo a un juez que simbolizaba la conquista civilizatoria de los derechos humanos, rompiéndose así con valores constitucionales y poniéndose en cuestión los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español”. También firma este escrito la Unión Progresista de Fiscales, Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, y la Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia.

Quedan muchas preguntas, por lo que abreviaremos, un poco en revoltillo. Conocemos el robusto ego de Garzón, pero ¿qué hay del de Varela? ¿La imputación de Garzón es un aviso a navegantes para que no osen ventilar las cloacas de la dictadura? ¿Prevaricaron los magistrados de la Audiencia Nacional Clara Bayarri, Ramón Sáez, J. Ricardo de Prada por pronunciarse en altas Resoluciones judiciales a favor de las tesis de Garzón? ¿Se aplicará la “doctrina (anti)Garzón” sobre prevaricación al Presidente del Tribunal Superior de Justicia valentino, Sr. De la Rúa, de quien cinco magistrados del TS, por unanimidad, han dicho que “infringió la ley” al exculpar a su “más que amigo” Camps (cuando ya debió excusarse de conocer en tal proceso, por dicha amistad)? ¿Hay una “politización” retrofranquista de buena parte del “poder judicial”? ¿Los jueces no se dejan nunca influir por consideraciones, convicciones o intereses políticos? ¿Tampoco en el asunto del Estatuto catalán?

Terminemos: ¿coincide en algo Javier Pradera con Dª Esperanza-de-Tamayo-y-Sáez cuando ésta llama “aquelarre de carcamales resentidos” a los reunidos en un acto de apoyo a Garzón, o cuando Don Mariano-el-leve tilda de “brutales” y “antidemócratas” a quienes ejercen crítica lícita de algunos jueces? ¿Conocen la frase de José Luis Sampedro: “lo grave no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos”? ¿Y la de Galeano: “somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para cambiar las cosas”? No se puede abdicar del pasado, y el olvido, a veces, está lleno de mentiras. El olvido sella la muerte del que existió, sobre todo si se persigue su derecho a ser recordado. Me lo enseñó Carlos Castilla, como él solía denominarse a sí mismo, omitiendo “del Pino”. Un día de 1.983, en Córdoba.

José Luis Pitarch

Profesor de Derecho Constitucional

Presidente federal de Unidad Cívica por la República

El Tribunal Supremo ha resuelto que “ha lugar”, que tienen razón, los Recursos de “casación” (casar, en estas guardianías jurídicas, equivale a romper, quebrar, como el francés casser, esto es, a anular, revocar) elevados por la Fiscalía Anticorrupción y por el Partit Socialista del País Valencià contra la decisión de los Sres. Magistrados De la Rúa y Ceres (Auto del sábado 1 de agosto último), que ordenaban el libérrimo sobreseimiento o/y cese de las actuaciones judiciales en que estaban imputados el Sr. Camps y otros eximios gerifaltes del PP igualmente valenciano. Auto que ahora se anula porque el mismo “infringe la ley” (sic), dice el T.S. Permitan un comentario de alcance, a bote pronto.

Uno se alegra, como el Bautista en el vientre de Santa Isabel, de esta Resolución del T.S., tanto por el bien de la vapuleada moral pública --espantosamente dañada en la Comunidad Valenciana por infinidad de casos de corrupción a cargo de la “clase política”, mayormente la que gobierna con mayoría absoluta varios lustros hasta creerse, parece, que las Instituciones, el dinero de todos, la TV pública autonómica, son “suyos”-- cuanto por haber uno defendido reiteradamente, y hasta apostado, que el Supremo pondría en su sitio el intento de De la Rúa y Ceres de cerrar y archivar el proceso a Camps y cia con tantas llaves como el sepulcro del Cid.

El Supremo no podía prácticamente hacer otra cosa, en términos jurídicos; ni podía admitir que los dos magistrados citados archivaran también de facto, enviándolo al limbo, vaciándolo de contenido, el Art. 426 del Código penal (cohecho, soborno “impropio”). No podía jurídicamente, decimos, entre otros motivos porque, si confirmaba tal pirueta, el más alto Tribunal del Poder Judicial casaría, quebraría su propia jurisprudencia (Autos, Sentencias anteriores), y además tendría que explicar razonada y convincentemente el porqué de tal giro de rumbo.

Y otro además: “el espíritu” del Art. 426 del Código Penal --por cuya presunta transgresión estaba y está de nuevo imputado Camps, aunque tiburón González Pons intente confundir o/y hacer méritos diciendo que no lo está, mientras aguarda discretamente, puesto que sí lo está, a ver si la Presidencia de la Comunidad Autónoma cae del zurrón de Camps al suyo--, la razón de introducir el PSOE este Artículo hace tres lustros en el Código Penal, siguiendo el “íter-itíneris” de las democracias avanzadas, es clarísimamente impedir por vía penal todo regalo a cualquier autoridad o funcionario público que no recibiría si no desempeñase ese cargo o función. En otras palabras, el Art. 426 busca asegurar y preservar la imparcialidad del cargo público.

Clarifiquemos, para el lector poco docto en Derecho (¡qué poco interés tiene “el Poder”, dicho sea de paso, en que las/os ciudadanos entiendan algo de Derecho, introduciendo alguna asignatura de iniciación o rudimentos jurídicos, verbigracia en el bachillerato!): a la conducta penada en el 426 se la denomina soborno, cohecho “impropio”, pues tal Artículo no persigue el que el funcionario o cargo acepte dádiva para hacer algo, ni como “pago” por algo que ha hecho (conductas ambas de cohecho “propio”); sino busca impedir aquellas dádivas que, en román paladino, encajan dentro del refrán “el que regala bien vende si el que recibe lo entiende” (o “el que regala bien invierte...”). Todo el mundo sabe que los agasajos y zalamerías de cientos de miles o millones de las antiguas pesetas buscan “reblandecer”, ablandar al obsequiado, persona “de influencia(s)”, por si al obsequiante le conviene en cualquier momento que el obsequiado “eche una manita” con sus “contactos” e influencias.

Mas los Sres. De la Rúa y Ceres “inventaron” que, para que exista el delito del 426, tiene que haber “causalidad” entre dádivas y adjudicaciones, esto es, que el recibiente de la dádiva sea el encargado “de firmar, de decidir”. En este caso, sobre la adjudicación de numerosísimos contratos millonarios bajo gran sospecha. Curioso invento del Sr. De la Rúa, “más que amigo“ del Sr. Camps, según palabras de éste. Debería conocer más entre otras cosas, si me permite decirlo, los estudios y trabajos del Instituto Universitario de Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia, que dirige el catedrático de Derecho Penal Enrique Orts.

Y es que --según señala hoy en “Levante” otro catedrático, éste de Derecho Procesal en Alicante, José María Asencio-- el repetido 426 castiga la mera recepción de regalos en atención a ser el receptor un cargo público, “sin que sea necesaria una relación de causalidad” entre el obsequio “y un favor presunto o cierto. Se trata de un delito de peligro abstracto, que pretende salvaguardar la confianza de los ciudadanos en la Administración, en su honradez”. Verde y con asas, alcarraza (botijo). En fin, el ensayo de Rúa y Ceres de prácticamente “eliminar” --dicho en lenguaje coloquial-- del Código Penal el “soborno impropio”, ha sido fulminado por el T.S. Y ¡atención!, lo ha sido por absoluta unanimidad de cinco altos magistrados. Sólo uno de los cuales pertenece a la asociación de jueces más conocidamente “progresista”. Los otros cuatro, “centristas” y “conservadores” (no me quiten las comillas). Interprete usted, lector.

Por lo demás, el análisis jurídico de un servidor --por suerte o desgracia, coherente con el análisis político, e incluso con la dicha amistad entre Camps y De la Rúa-- le hicieron remusgar de la presteza de este último en cerrar a cal y canto y archivar el proceso penal de marras, incluso trabajando en sábado de agosto. Y cerrarlo antes de conocer “oficialmente” nuevos datos o/y pruebas que ya habían llegado de Madrid y verosímilmente podían agravar la situación del Sr. Camps. En fin, venturosamente había instruido un juez, José Flors, al que admiro profundamente desde hace muchos años, por su absoluta integridad y sentido intachable de la justicia.

Y un par de guindas: el imputado tiene derecho a mentir, a no declarar; pero el político, se supone que todo lo contrario, especialmente si le quieren preguntar en el parlamento estatal o autonómico los representantes del pueblo soberano. ¿Y cómo se come esta duplicidad, esta insoluble contradicción, quien no puede dimitir de imputado como el Presidente Camps? La otra refiere al Sr. De la Rúa --del que muchos pensamos que ya debió abstenerse en este proceso, por su amistad con Camps; y ahora corregido de plano y unánimemente en el Tribunal Supremo por “infringir la ley”--: si se le aplicara la “doctrina” sobre prevaricación utilizada para imputar penalmente a Garzón, ¿qué pasaría?

Claro que Rajoy respaldaría a ambos, gran consuelo (mientras no le devore su gran enemiga madrileira), pues ya tiene dicho don Mariano que se le da una higa la justicia. En fin, una pregunta algo perversilla, de cierre: ¿seguirá el Sr. Camps queriendo un huevo a su Cap

I

Motiva las presentes líneas el glosar unas declaraciones de neta vitola fascio-militaroide —en diario “Levante” de Valencia y día de San Valentín— de un coronel por nombre Ángel Adán. Declaraciones que causan tristura, tanto como convocatoria a hacer frente al in crescendo de una derechona tardo o retro-franquista que intenta reverdecer, por narices o por miedo. Glosa que un servidor compone, antes que como profesor de Derecho Constitucional dos décadas o militronche en activo seis lustros (hasta rango de “jefe”), en cuanto delegado en Valencia de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y, si me permite el lector abusar, en tanto presidente federal de Unidad Cívica por la República.

Temo que esas declaraciones de Adán guardan relación —dentro de dicho lozaneo o sacar-pecho fascistoide— con “casos” como el de Garzón, a quien quieren linchar vistiendo la política con ropajes jurídicos; pero esto queda para hablar largo en otro artículo. Digamos sólo que hasta el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, y catedrático de Derecho Penal, don Tomás Vives (a quien no sitúo en la derechona tardofranquista, aunque en este asunto sea su compañero de viaje) participa en el acoso y derribo de don Baltasar con un inteligentísimo artículo en el mismo periódico valentino (el pasado 27 de febrerillo el loco), en el que tira la piedra y esconde la mano, arremetiendo contra los “medios de comunicación defensores” del juez de la Audiencia Nacional. Que lo hacen —Vives dice— “sin argumentos” y “eludiendo la verdadera justicia”. Hasta se burla un poquito de Saramago (le tilda de “profeta”), y de Amnistía Internacional por escandalizarse de que Garzón pueda acabar en el banquillo. Asegura, en fin, Vives que “los defensores de Garzón no respetan los principios básicos del Estado de Derecho”, sino que sus “planteamientos” son “interesados, irresponsables o irreflexivos, buscando presionar ilegítimamente al Tribunal Supremo”.

Me doy por aludido (como modesto “defensor” garzoniano) por la insolencia o cinismo de Vives, que hace un discurso purísimo, cual en campana de cristal, sobre la administración de justicia; en perjuicio de lo que implica Justicia con mayúsculas, el primer gran valor o referencia de la Constitución, línea primera de su Preámbulo. Por otro lado, sostener que fue ilegal lo que instruyó Garzón es pasarse por do no digan dueñas todo el ius cogens imperativo en materia de terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad desde el Tribunal y Juicio de Nürnberg. Y es hacerse el sueco con la obligación, asumida voluntariamente por el Reino de España en Tratados Internacionales, respecto a tales delitos, a saber: que NO PRESCRIBEN NUNCA.

Todo ello salvo que el Sr. Vives crea que el “desaparecer” y asesinar sistemáticamente a decenas o centenar de miles de españoles durante los años en que la feroz dictadura de Franco creía que iba Hitler a ganar la guerra no constituyó “delitos contra la humanidad”. Dígalo si se atreve. Y repase, por favor, el Art. 10.2 de la Constitución Española, el 29 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional y el 27 de la Convención de Viena sobre “Derecho de los Tratados”. Así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el concluyente pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el 31/10/08, sobre la barbaridad jurídica de que la Ley de Amnistía de 15/10/77 permanezca “in force” (en vigor). También me gustaría preguntarle si cree que los magistrados de la Audiencia Nacional Clara Bayarri, Ramón Sáez y José Ricardo de Prada —que votaron que Garzón sí era competente para la investigación penal sobre las fosas de la vergüenza y la indignidad de nuestra democracia— prevaricaron o son, los tres, unos ignorantes en Derecho. II

Quedan, igual, pendientes para otro artículo monográfico algunos aquilatamientos sobre el “reconocimiento” a la UMD y cómo el Gobierno —al que uno aplaude por su osadía democrática al dar la cruz al mérito castrense al ocho o nueve por ciento de los “úmedos”, lo que ha hecho rabiar a montonazo de mílites tan poco partidarios de la democracia como aquel cura del pecado— no osa (¿aún?, ¿espera a que se mueran?) hacer general honorífico a algún “úmedo” de gran prestigio profesional y de “estado mayor” de los que fueron persecutoriamente postergados. Por ejemplo, Monge Ugarte o Díez Gimbernat. Nuestra automitificada democracia, elaborada en demasiada parte bajo coacción-intimidación del franquismo (por lo que, supone uno, mantiene treinta y pico años enterrados sin nombre por zanjas y barrancos a más de cien mil españoles torturados y asesinados en crímenes de lesa humanidad) no da más de sí. Creo que alguna vez —cuando seamos Europa occidental no sólo parcialmente— algunos “úmedos” serán generales honoríficos póstumos. Y los combatientes antifascistas o maquis serán reconocidos como en toda Europa, este y oeste, menos en España. Único país del Continente con la más absoluta impunidad del fascismo.

III

Estamos desolados, sí, por el in crescendo de una derechona (no hablamos de todos los conservadores) que suena simplemente a fascistoide o tardofranquista. Y vamos ya al asunto que motiva de inicio el presente artículo, veamos algunas de las perlas del coronel de marras en Levante, equivalentes a un tratadillo resumido y contundente de militarismo antidemocrático. Empiezan por la II República, “la cual se instauró por la fuerza de un golpe” (así aprueba y comparte, parece, la traición y rebelión del 18/7/36). Añade: “la República no tuvo una llegada democrática y feliz” (¡infeliz historiador don Ángel!, se diría cree que la misma llegó a tiros. A tiros llegó la monarquía borbónica con Felipe V, Alfonso XII, Juan Carlos I...). Remata con ignorancia supina: “La República no fue aceptada realmente por nadie”; y además, “insisto, no fue democrática”.

Tira también don Ángel a justificar el terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad de los feroces fusilamientos y “desapariciones” franquistas, en especial durante el tiempo en que el césar-marroquí-bajo-palio y sus secuaces o esbirros estaban convencidos de que el fascismo ganaría la Guerra Mundial. Vean cómo justifica Adán esta mansalva de asesinatos: “porque muchos de los fusilados, por no decir su inmensa mayoría, tenían las manos manchadas de sangre”.

También explica el coronel, con parecida solvencia intelectual, lo felices que éramos durante la dictadura militar-católica-fascista-bonapartista de Franco: “a partir de finales de los años 50, muy pocos, por no decir ninguno, pueden quejarse de nada”. Y en cuanto al sistema autonómico: “La mayor parte de los militares vimos el Título VIII de la Constitución con profunda decepción (…) veíamos las autonomías como un peligro. El cual ahora se ha puesto claramente de manifiesto”.

Respecto al 23-F: “jamás se sabrá lo que ocurrió”. ¿Es lo que Adán querría? A lo mejor, cree que los celtíberos somos tontos y no sabemos sacar conclusiones y deducciones. Lo que más parece doler a don Ángel del 23-F no es la evidencia del terrible atraso democrático de España respecto a Europa occidental, USA, Canadá, etc, etc, no es lo grotesco de esa “tricornada” decimonónica a tiros y “se-sienten-coños”; no es lo indigno de tal contubernio entre ridículo y trágico, incluyendo el subsiguiente Consejo de Guerra amañado, manipulado desde La Zarzuela, La Moncloa, etcétera, con los cargos políticos dando instrucciones políticas a jueces y fiscales; en lo cual destacó don Alberto Oliart (y con esas, digámosles, “órdenes de prevaricar”, y con meter a España en la OTAN, se diría que acuñó méritos para ser director de RTVE a los 82 años casi. ¡Querido y esperpéntico país!).

No, sino lo que duele en lo hondo a don Ángel es que el 23-F sirvió de “excusa para constreñir al Ejército a una función técnica”. ¡Ah, qué hermosa confesión y ansia de militarismo decimonónico, de “poder militar”! Remacha el coronel con desolación: a partir o a raíz del 23-F, “se ningunea al Ejército en beneficio del poder civil del Ministerio de Defensa”. ¡Bonita idea tiene don Ángel de lo que es un Gobierno democrático! Debería documentarse sobre lo que ocurre en Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Estados Unidos, Australia...

Tocando a la Memoria Histórica, dice Adán, “la denominación de la Ley de la Memoria la hace dudosa y sesgada”. Es, por ende, “una ley innecesaria, sectaria, que SÓLO SIRVE —mayúsculas, mías— para revivir unos dolorosísimos hechos”. Y “la retirada de símbolos del Ejército —del Ejército de media España, se le olvida, el que hizo morir, como dijera don Antonio Machado, a la otra media— es, para Adán, “una ofensa gratuita, grave e inexplicable, uno más de los numerosos agravios recibidos” por los militares de parte de la Democracia. Ya ven, según Adán hay que mantener el exhibicionismo y exaltación de “la victoria” y la guerra civil, de la traición a los juramentos y el apuñalamiento del legal y legítimo Gobierno de la República.

Hay más perlas de pitiminí en las declaraciones del coronel Adán, pero temo aburrirles. No ya su sobado odio eterno (nuevo anibalillo versus Roma) a las “hordas marxistas”, o su nesciente, en materia bélica, definición de Franco como “el general de más prestigio en el Ejército español del siglo XX” (¡el más homicida, hombre!, ¿sabrá el brillante historiador Adán quién fue el general valenciano Vicente Rojo Lluch?). Y suelta auténticas boutades estrafalarias, como la petición de “un servicio militar quizá de dos meses (obligatorio, si no entiendo mal), que sería muy provechosos para la nación”.

¡Habla tanto a humo de pajas don Ángel, sin documentarse ni siquiera en temas y leyes castrenses! Verbigracia: “los militares hemos jurado derramar la última gota de nuestra sangre en defensa de LA UNIDAD de España”, lo cual esgrime contra el Estado autonómico. Pues no se entera: él no juró tal, cuando lo hizo en 1.958, porque entonces la fórmula de jurar bandera no contemplaba tal referencia “unitaria”, que fue añadida al juramento por Ley 79/1980, de 24 de diciembre (cuando se echaba encima el golpazo militar; como una de las formillas de intentar pararlo, sustituyéndolo por el “golpe blando” de Armada con las más altas complicidades), y sólo permaneció en vigor dieciocho años y pico, hasta la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Me pregunto, en fin, si Adán me haría fusilar si le digo que la articulación política de España es un tema pendiente desde el Conde de Olivares y Duque de Sanlúcar la Mayor; que la II República lo iba a resolver (Estatutos catalán y vasco del 32 y el 36, y los que seguían); que Franco metió la historia entre paréntesis y a su muerte todo estaba igual pero mucho peor, lo que le hace “último” responsable de la existencia de ETA; y que la salida, a medio plazo, será el Estado Federal, en la estela confederal de los “reyes católicos” y la federal avant la lettre de la Casa de Austria. El modelo jacobino-centralista galo aquí no sirve, y menos tras las salvajadas de la dictadura franquiana.

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José Luis PITARCH


Comandante en la reserva y profesor de Derecho Constitucional

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