Algunos ya advirtieron de la peligrosidad de este tipo de medidas, pero pocos se atrevieron a hacerlo de forma pública en un momento donde la cordura democrática no vivía buenos momentos. A propósito del reciente asesinato de la menor de Seseña, Rubalcaba criticaba aquellos que pedían reformas penales con lágrimas en los ojos, pero él mismo hace algunos años, junto con su partido en aquel momento en la oposición, impulsó la aprobación de la llamada Ley de Partidos, al olor de los cadáveres de ETA. Al igual que los GAL contaron con un importante apoyo social, la normativa, aunque ponía en serio peligro principios democráticos fundamentales fue bien recibida entre una ciudadanía harta de ir funerales y un congreso partidario de legislar en la puerta del tanatorio. El "entorno de ETA" se convirtió en un término delictivo en sí mismo, pero es un concepto abstracto de límites tan difuminados que traspasarlos era cuestión de tiempo. Sindicatos, organizaciones juveniles y movimientos sociales de todo pelaje fueron ilegalizados por compartir una sóla cosa, un ideario independetista de izquierdas que les hacía irremediablemente formar parte del entorno. Todo lo relacionado con la lengua, la cultura vasca y su difusión, pasó a ser sospechoso de poner balas en el cargador y el margen era tan amplio que se necesitaba muy poco para acusar.
En este clima enrarecido de precariedad democrática llegó Egunkaria, un periódico impreso íntegramente en euskera, fundado por diferentes personalidades de la cultura y la sociedad vasca, tan poco sospechosas de nada como Juan Mari Torrealdia, catedrático de la Real Acedemia de la Lengua Vasca o el periodista Iñaki Uria. De línea editorial afín al nacionalismo de izquierdas, pero con colaboradores de toda ideología, el recorrido del periódico fue vertiginoso y pronto encontró su lugar en el mercado, hasta que 13 años después de su fundación allá por los noventa, la Audiencia Nacional en juicio sumarísimo condenó a Egunkaria al destierro del entorno. Durante más de siete años de peregrinaje, sus responsables se han visto obligados a demostrar su inocencia una y otra vez, en lo que es una violación de los principios jurídicos que concedió al acusador el derecho a tirar la piedra y esconder la mano, y aunque el delito no se sustentaba, la justicia del estado español contaminada por los intereses políticos, sólo ha "revivido" al enfermo cuando su defunción era ya irreversible. La sentencia que ahora el Tribunal Constitucional emite favorable a Egunkaria, si bien resarce moralmene a los responsables de periódico no compensa, al menos de momento, el coste económico que implica defenderse de la mentira y que hace hoy inviable su regreso a los kioscos. Cuando un sistema democrático, haciendo abuso de las instituciones del Estado, comete un atropello contra los derechos que dicen defender, su obligación pasa por resarcir a los damnificados en todos los ámbitos y el del bolsillo está cifrado en unos 60.000 euros. La censura está muy barata.
Es necesario además purgar a todos aquellos responsables del atropello, desde el juez Del Olmo, impulsor de la causa, hasta los magistrados que sin fundamento jurídico alguno han ido retrasando una y otra vez el cierre "temporal" del periódico, a los que podría llamar prevaricadores sino fuera porque eso, sólo lo decide Franco.
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