Estimada amiga:
Las informaciones que estos días publican los medios de comunicación y la apertura de procedimiento judicial sobre el espionaje realizado a altos cargos de la Comunidad y de varios Ayuntamientos son de una gravedad extrema.
No solo estamos señora Presidenta ante un uso de la información del dossier para el ajuste de cuentas Siciliano en el seno del PP, sino que además se ha vulnerado la Constitución y en concreto el art. 18 ubicado en el titulo uno de los derechos fundamentales que dice textualmente:
1 Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2 El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3 Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4 La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Hay que añadir el agravante o la mayor responsabilidad que contraen Cargos Públicos, miembros de Gobierno y Funcionarios implicados, manejando medios y recursos públicos en la violación de derechos fundamentales que tienen el mandato expreso de garantizar.
Señora Aguirre, es muy extraño que se cree en el seno de la Consejería de Interior y Justicia un grupo para hacer seguimiento y elaborar informes y que usted no sepa nada, estamos hablando de la tercera Conserjería en la estructura jerárquica del Gobierno que usted preside.
La existencia física y la publicación de un informe sobre propiedades, domicilios etc. del gerente del Canal Isabel II y de su familia está en el más puro estilo del chantaje de la extorsión y del ajuste de cuentas.
Si es cierto que usted no sabia nada como presidenta de la Comunidad de Madrid no puede presentarse como victima. Su responsabilidad es velar poque el Gobierno y la Administración que dirige actúe con respeto al estado de derecho, cesando a los cargos que actúen al margen de la Ley de forma fulminante. Al día de hoy no se ha producido ninguna dimisión ni cese y hemos de tener en cuenta que al margen de las responsabilidades penales que se deriven hay que depurar las responsabilidades políticas.
De ninguna forma estamos ante prácticas internas del Partido Popular en las que no se debe entrar desde el ámbito público. La Constitución establece que los partidos políticos han de funcionar democráticamente.
De confirmarse todos los datos que se van conociendo las responsabilidades políticas afectarían a:
1º A usted señora Aguirre como máxima responsable del Gobierno de la Comunidad.
2º Al Consejero de Interior y Justicia que en su departamento de Seguridad ha operado este grupo de (espías).
3º Si los informes y la forma de obtenerlos ha sido conocida por responsables políticos a otros niveles y estos no lo han denunciado exigiendo acabar de manera inmediata con estas prácticas ilegales, también han incurrido en responsabilidad política.
Finalmente decirle que aunque en todo esto aparece como chapucero estamos ante la quiebra de derechos Constitucionales básicos y lo mismo que Provenzano al ser detenido en Italia se supo que coordinaba la mafia con papelinos, en la Comunidad de Madrid se coordinaba información intima con papelinos e informes elaborados por los espías de la Administración madrileña, que, por cierto doña Esperanza no aparecen en la relación de puestos de trabajo de la Comunidad.
Antonio Romero Ruiz
Ex Parlamentario de IU
Coordinador de la RED por la III Republica
