Ricardo RODRIGUEZ

Acerca de la trama Gürtel existen dos relatos canónicos, como corresponde al bipartidismo reinante en nuestro país. Y, como cabía esperar, los portavoces de ambas narraciones han hallado la confirmación de sus teorías en el sumario cuyo secreto levantó el juez Antonio Pedreira el pasado 6 de abril. Idénticos hechos son para cada quien prueba de conclusiones opuestas. En lo que sí coinciden unos y otros, por supuesto, es en cuidarse de evitar que la profundidad de la mierda vaya a alcanzar los cimientos del sistema. Pero es cabalmente un sistema podrido de arriba abajo y no una anormalidad indecorosa dentro de un sistema en conjunto saludable lo que aparece un día tras otro ante nuestros ojos.

El relato canónico de los medios afines al partido del gobierno dice que la trama Gürtel es una red de corrupción vinculada al Partido Popular, que habría actuado con completa impunidad durante años, en especial en las comunidades autónomas controladas por esta formación -Madrid, Valencia y Galicia sobre todo. Los indicios apuntan a que ello es cierto, y el PSOE ha exigido con razón a Mariano Rajoy que asuma sus responsabilidades. Pero, cuando una red de corrupción alcanza las proporciones de la que nos ocupa e infesta hasta los tuétanos al principal partido político de la oposición así como a las Administraciones Públicas sobre las que rige, es inevitable concluir que el conjunto del Estado es permeable a la extorsión y al saqueo. No estamos ante el caso aislado de una pandilla de truhanes, sino ante el fracaso de todos los controles públicos de la democracia. Y ello requiere del partido del gobierno algo más que el reproche. Aparte de que predique con el ejemplo, naturalmente, cosa que está muy lejos de hacer.

El relato del propio PP resulta, por razones obvias, aún más inconsistente. La trama Gürtel se reduciría a un puñado de pillos que se ganaron el corazón generoso del ex tesorero del partido, don Luis Bárcenas, se aprovecharon de la proverbial buena voluntad de la derecha española y, si acaso, habrían hecho caer en la tentación a unos pocos miembros del partido con desusada afición por el lujo. Una desgraciada anécdota, en suma, de la que se estaría sirviendo la que para el PP es la verdadera trama, esto es, la conspiración de policías y jueces empeñados en hundir al partido de la derecha. En el colmo de la desvergüenza, el PP se presenta a sí mismo como la víctima de la historia.

Los portavoces de la derecha niegan que del sumario se pueda inferir la existencia de un engranaje de financiación ilegal del PP. Y es verdad que la financiación del partido no parece ser la única finalidad de la trama, ni siquiera la principal de alguno de sus protagonistas, a los que el enriquecimiento personal sin duda les despierta mayor entusiasmo que la salvación de la patria. En la comparación entre la trama Gürtel y el escándalo de Filesa se aprecia una evolución que ya fue advertida por el profesor Alejandro Nieto en su libro El desgobierno de lo público. Los “conseguidores” de cada partido se percatan de que en el ejercicio de su ingrata tarea de intermediarios pueden quedarse con su trozo de pastel y comienzan a actuar por su cuenta, para beneficio propio más que de la organización. Pero ello, no sólo no es incompatible con la financiación fraudulenta del partido, sino que llega a convertirse en uno de sus requisitos. La doble contabilidad del PP en Madrid desvelada en el lápiz de memoria que se incautó la policía y el mecanismo de pagos de facturas falsas por Fundescam con el fin de sufragar las campañas electorales de Esperanza Aguirre son, en cualquier caso, de sobra significativos.

Al margen de los relatos canónicos, y bajo el aluvión de nombres, cifras y empresas, las estrategias depredadoras que se vislumbran no son en exceso complejas ni muy originales, incluido el legendario código de honor de la omertá. No se olvide que el ex secretario de los populares valencianos Ricardo Costa cayó en desgracia más por lo que dijo que por lo que hizo.

Están las andanzas de los personajes estelares: Francisco Correa, don Vito, Álvaro Pérez, el Bigotes, o el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo. Hay una red de empresas que se dedican a organizar eventos y, presuntamente, a obtener dinero de las Administraciones Públicas por servicios no prestados, blanquear capitales sacándolos fuera de España y reintroduciéndolos en sociedades exentas de impuestos, generar facturas falsas o intermediar en operaciones urbanísticas. Las cantidades manejadas son astronómicas y marea el alcance del tinglado. A poco que uno haya seguido la prensa del último año habrá sentido el vértigo de hallarse ante un monstruo sin fin conocido. Pero las proporciones no deben nublar el meollo: Gürtel, de confirmarse lo que el sumario recoge, es un entramado de saqueo masivo de la riqueza pública del país.

Llegar hasta el final en la investigación de la trama requiere por supuesto que la Justicia dé buena cuenta de todos los responsables y de todos los crímenes que se pudieran haber cometido, sin cortapisas ni medias tintas de conveniencia. Pero también habría de suponer extraer una conclusión elemental. No es insólito que los ladrones intenten robar, pero, para que una pandilla de ladrones juegue a placer durante años con estructuras de poder del Estado, se lucre sin control de las Administraciones Públicas y penetre hasta fondo en un partido político que ha gobernado el país y podría volver a hacerlo, es imprescindible que el propio Estado esté corroído y la democracia, enferma. Un sistema económico basado en la especulación y la concepción patrimonial del poder, partidos políticos de estructura oligárquica y bases clientelares, carencia de controles públicos efectivos del fraude. Ésas son las condiciones sine qua non, el terreno sobre el que, de no llegar hasta el fondo, la trama Gürtel se reproducirá una y otra vez.

Artículo publicado en el número de mayo de Mundo Obrero.