Ricardo RODRIGUEZ

Trabajo en una administración de la Agencia Tributaria desde hace casi 20 años.

La realidad que me vengo encontrando de un tiempo a esta parte de manera cotidiana al cumplir mi tarea -como imagino que le sucede a otros muchos empleados de oficinas públicas con competencias similares a la mía- es la de jóvenes que ganan menos de 600 euros al mes y hacen jornadas de más de 12 horas diarias en centros comerciales; comisionistas de grandes compañías de energía cogidos a prueba durante un mes o dos a los que la empresa no paga ni los contratos que cierran porque no alcanzan un mínimo (es decir, que trabajan gratis, como en los buenos tiempos de la esclavitud); camareros sin relación laboral ni derecho social que valga obligados a darse de alta como “profesionales de hostelería” en vulneración salvaje del Estatuto de los Trabajadores; administrativos de empresas de transporte también sin contrato laboral y forzados a darse de alta como autónomos (se les llama “coordinadores de logística”, expresión muy fina que esconde falta de derechos y, por supuesto, despido gratuito).

Estos y otros abusos son los que dominan la realidad laboral del país. ¿De qué demonios sienten “pánico” entonces los empresarios al contratar, según aseguran el presidente de la patronal y el gobernador del Banco de España? ¿Qué pretenden? ¿Qué se restituya la esclavitud ya de forma abierta y se pueda azotar a los trabajadores desobedientes, pagándoles estrictamente la comida que consuman?

¿O es que empiezan a sentir “pánico” por si los trabajadores acaban hartándose de verdad y deciden que ha llegado el momento de que todo reviente, antes que dejarse matar de hambre?

Pues igual por esto sí que deberían preocuparse, porque todo el mundo tiene un límite, incluidos los esclavos.

Carta remitida a diferentes periódicos para su publicación.

Si no me falla la memoria, fue en la segunda mitad de los años ochenta cuando leí por primera vez la hoy manida expresión corrección política, usada entonces para aludir a cierta corriente social en boga en Estados Unidos y que se extendía por Europa que se dedicaba a perseguir con saña inquisitorial el empleo de un lenguaje ofensivo, o más bien que los inquisidores tomaban por tal, para grupos étnicos, culturales, naciones y animales en peligro de extinción, entre otros.

Denunciaban muchos, con razón, la hipocresía que entrañaba la suplantación de la realidad por la más grotesca de las censuras en la elección de las palabras. Como si decir «afroamericano» o «persona de color» en lugar de «negro» conjurase sin más el racismo, o como si un pobre lo fuese menos por llamarlo «ciudadano de escasos recursos», o sustituir el término de «minusválido» por el de «discapacitado» pudiera mejorar en algo la vida de los tetrapléjicos. Aparte, naturalmente, de la coartada que suponía para los racistas y los misóginos y los reaccionarios de toda laya la posibilidad de velar sus más arraigados prejuicios tras una forma de hablar tan cándida como ortopédica.

El fenómeno no era nuevo, por supuesto; la hipocresía social viene ahogando la libertad de las comunidades humanas desde tiempo inmemorial. Siempre hubo convencionalismos más o menos estúpidos, eufemismos y tabúes. Las singularidades, si acaso, de los nuevos disfraces se reducían a su conversión en ideología con entidad propia y a su generalización como tendencia, amén de su anidamiento en círculos sedicentemente progresistas.

Lo cierto, sin embargo, es que nadie o casi nadie quiso nunca considerarse a sí mismo políticamente correcto. Serlo se tomó muy pronto por síntoma de fatuidad y, por el contrario, presumir de ser políticamente incorrecto resultaba y resulta más elegante, prueba de mentalidad audaz y no atada por los aires de moda. Con lo que en las últimas décadas ha aumentado hasta el hartazgo el ejército de los que ladran las ideas más trilladas vanagloriándose de originalidad. Pasar por ser minoritario siempre ha vestido bien, sobre todo si se evitan los riesgos de serlo de verdad.

Con el rodar de los años se fueron aficionando a esta nueva argucia los más recalcitrantes arcaístas. Se trataba ciertamente de un hallazgo precioso que permitía hacer pasar vómitos medievales por valientes ocurrencias. A enorme velocidad fueron llenándose los medios conservadores de los usos de expresión propios de los cafres, pero presentados ahora no como el lastre de mentalidades repletas de telarañas, que es lo que en el fondo siguen siendo, sino como la rebelión de espíritus libres contra la odiosa «dictadura de lo políticamente correcto». Se fue perdiendo el pudor a volver a tachar de «maricones» a los homosexuales, llamar «vagos» a la totalidad de los trabajadores si se terciaba, hablar de «moros» y «rojos», o de «marimachos» si se referían, claro, a las feministas. Es decir, exactamente la misma baba repugnante que le chorreaba en sus arengas radiofónicas a Queipo de Llano durante la Guerra Civil, pero baba posmoderna, que se disimula mejor aunque le ponga a uno igual de perdida la entrepierna.

En la actualidad, habiendo logrado la extrema derecha un dominio abrumador de la prensa del país, se han rebasado cotas de inusitada ferocidad. En el recuerdo reciente de los lectores estarán con seguridad las joyas más sonadas, así como sus más cerriles autores, de manera que no voy a atormentar el estómago de nadie con una innecesaria lista de citas.

Pero sí llamaré la atención sobre la expansión del concepto de lo políticamente correcto más allá de los usos lingüísticos, que eran su original territorio, con la finalidad de servir de coartada a la promoción de un refrito ideológico próximo al fascismo y ciertamente indigesto.

Hace escasos días, el dirigente de la patronal Joan Rosell afirmaba que, de encargarse ellos del gobierno –es decir, los grandes empresarios que se reúnen con el presidente Zapatero para ordenarle lo que hay que hacer-, adoptarían decisiones necesarias para salir de la crisis pero «políticamente incorrectas». Más allá de la tomadura de pelo de intentar hacernos creer que no son ellos los que mandan sino los monigotes mercenarios que cuidan de sus intereses corporativos al frente de las instituciones, cuesta poco imaginarse qué tipo de decisiones serían y en qué consistiría su incorrección. El propio Rosell las ha mencionado en más de una ocasión: despedir a los funcionarios que se le antojen molestos (imagínense qué placer poder echar a la calle a los inspectores de Hacienda que se empeñen demasiado en perseguir el fraude fiscal de las empresas del propio presidente de la CEOE o de las de sus amigos), hacer desaparecer los servicios públicos, reducir al borde de la pobreza los salarios y obligar a trabajar más de catorce horas diarias. El señor Rosell tiene fama de hombre moderado y lo suele decir de otra manera, pero se trata de esto, más o menos, que es a lo que se vienen aproximando todos los gobiernos europeos, aunque no al ritmo pavoroso al que Joan Rosell y otros partidarios moderados de la esclavitud quisieran que fuesen hechas las cosas.

La trampa estriba en hacer creer que una tupida resistencia de prejuicios impide el desenvolvimiento de iniciativas valientes y radicales. La utilización propagandística de esta estrategia en la justificación del acuerdo de recorte de las pensiones ha sido muy significativa: la casi totalidad de los partidos políticos del Parlamento, todos los grandes medios de comunicación, las direcciones sindicales y muy poderosos grupos financieros promovieron el retraso de la edad de jubilación, así como el aumento del periodo de cálculo y de los años a cotizar para cobrar el 100 % de la pensión, y ello en un debate público en el que las opiniones discrepantes fueron lisa y llanamente borradas del mapa o, en el mejor de los casos, arrinconadas en plataformas alternativas de escasa audiencia, a pesar de que ciertas encuestas demostraron que representaban la opinión mayoritaria de la sociedad. Y, sin embargo, se invocaba la «valentía» para exigir que la reforma fuese lo más lejos posible en su tijeretazo a las pensiones. Extraña valentía ésta que consiste en obedecer siempre los designios de los más poderosos; singular audacia la que se confunde con la sumisión.

Similar inversión de la realidad se viene verificando en otros muchos campos de discusión política, según una muy bien articulada campaña de desmoronamiento de los pilares en los que se basa el contrato social de nuestra democracia, al menos en teoría. En un país en el que se financia generosamente con dinero público a la Iglesia católica año tras año, las autoridades civiles acuden en calidad de tales a las procesiones, continúan los crucifijos colgados en centenares de edificios públicos y el Estado gasta una fortuna en el viaje del papa, un día tras otro tenemos que soportar las jeremiadas de quienes protestan por una imaginaria persecución de los católicos, mientras periódicos de gran tirada publican en páginas destacadas especulaciones acerca de los milagros de Juan Pablo II dignas de ser pronunciadas en un auto sacramental del siglo XVI. Cada artículo, alocución televisiva o radiofónica de elogio a las aventuras imperiales de Estados Unidos en Oriente Medio o América Latina, va precedida de la colérica queja contra el patológico antiamericanismo que nos invade, a pesar de que en ningún medio de comunicación importante sea posible colar la menor crítica en profundidad de la política exterior de Washington. Hasta los banqueros y los grandes financieros se sienten repentinamente cercados y acogotados y exhiben, como hizo ante los accionistas de su entidad Emilio Botín, su alma dolorida por la persistente acusación de ser los responsables de la crisis con la que por lo visto se les hiere sin razón.

La representación del mundo que resulta movería a risa si no fuese por la constatación estremecedora de que está cuajando como auténtica en buena parte de la ciudadanía, que queda inerme ante una de las más espectaculares manipulaciones de la historia: quienes dominan militarmente el planeta, las mayores empresas y los más poderosos financieros disponen de una red multitudinaria de propagandistas a sueldo que los convierten en víctimas de una especie de rampante progresismo, omnipotente e irrefrenable. Como en aquel chiste del millón de chinos alrededor de los cuales corría otro chino y que lloraban porque decían estar rodeados.

La reacción de la inmensa mayoría de gobernantes del mundo, periódicos, televisiones, emisoras de radio y comentaristas ante el asesinato extrajudicial de Bin Laden, pisoteando cualesquiera principios elementales de justicia, una reacción que en ciertos supuestos ha alcanzado el sadismo, es el último capítulo de una escalada de glorificación de la violencia y de la ley del Talión que hubiese dejado sin aliento a los juristas de la Roma clásica.

Si desea uno encontrar artículos que defiendan la separación de la Iglesia y el Estado, el mandato constitucional de progresividad e igualdad del sistema tributario, la presunción de inocencia en la aplicación del derecho penal, o la prohibición por el derecho de gentes de la tortura, del expolio de naciones y de las matanzas indiscriminadas, habrá de buscarlos en páginas de internet y revistas minoritarias, representativas de tendencias políticas que, en las clasificaciones al uso, son tomadas por extremistas de izquierdas.

Es decir que la salvaguarda de los fundamentos de la moderna democracia liberal, aquellos que fueron propugnados en su día por Voltaire, Cesare de Beccaria, Hobbes, Montesquieu o incluso Adam Smith, ha quedado relegada a espacios minoritarios y ridiculizada como mero capricho de progres trasnochados. Se trata de más de doscientos años de historia, de cuyo legado la propia declaración universal de derechos humanos y las convenciones de Ginebra caen en la quema y se trivializan; son, se dice, escrúpulos sin importancia: lo que importa es ganar la guerra (su guerra), aplastar a los enemigos sin compasión (sus enemigos), ensalzar a los triunfadores. Quien quiera que dé muestras de humanidad o llame al recurso de la razón se vuelve sospechoso y puede ser marginado, reo de progresismo o de inconfesado comunismo, según el humor del delator. Como se denunciaba en el discurso preliminar al Sistema de la naturaleza que escribió el barón de Holbach y se imprimió clandestinamente nada menos que en 1769, «la razón se ve obligada a hablar desde el fondo de la tumba.» Otra vez.

Colocados en este punto, cabe preguntarse qué nos ha ocurrido para que en las sociedades europeas modernas se pueda pulverizar sin esfuerzo argumental alguno, haciendo uso de bromas sin gracia sobre lo «políticamente correcto», una tradición ilustrada y humanista que parecía férreamente enraizada entre nosotros.

Y habría que preguntárselo sin el menor ánimo retórico, comprometiéndose seriamente en buscar la respuesta, antes de que descubramos horrorizados que no éramos tan civilizados como creíamos, antes de que vuelvan a levantarse los patíbulos.

Como dice mi amiga la escritora Luisa Cuerda, a menudo el sopor que nos invade nos lleva a ver como normal lo inaceptable. Por lo que no es ocioso hacer comprender a aquellos que nos gobiernan que no somos imbéciles. Al menos, eso.

En el día de hoy, un grupo de personas hemos remitido a Presidencia del Gobierno la carta que más abajo reproduzco, en la que solicitamos estar presentes en la reunión que el jefe del Ejecutivo mantendrá con los principales empresarios del país. ¿Por qué no? ¿No dice nuestra Constitución que España es un Estado social y democrático de Derecho, informado, entre otros, por el principio de igualdad? ¿No significa esto que la opinión de todos los ciudadanos tiene exactamente el mismo valor, sin que puedan establecerse privilegios ni discriminaciones por la fortuna? ¿No eran éstas verdades elementales que todo el mundo admitía?

Si toleramos sin siquiera rechistar que hasta lo más elemental se disuelva ante nuestros ojos, estaremos perdidos de manera definitiva.

Pues pidamos todos asistir, sentémonos junto a los dueños del país -que nosotros somos gente pacífica y tan cargada de razones como el que más- y hagamos oír nuestra voz:

Madrid, a 22 de marzo de 2011

Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero:

Vista la noticia aparecida en diversos medios de comunicación, según la cual ha decidido usted reunirse con los directivos de las empresas más importantes del país el próximo día 26 de marzo para explicarles los acuerdos alcanzados en la última cumbre europea, así como para recabar su opinión al respecto y sus propuestas y sugerencias.

Teniendo presente que ninguno de los directivos empresariales y financieros que con usted se reunirán lo hará en representación de organización política, sindical o social de ningún tipo, sino por exclusiva razón de las fortunas que gestionan sus empresas.

Dado que la Constitución de 1978 no configura a España como plutocracia ni confiere privilegio legal alguno a los ciudadanos por motivo de su riqueza, sino como un Estado social y democrático de derecho, informado, entre otros, por el principio de igualdad, que se consagra a su vez en el artículo 14.

Entendiendo que lo anterior supone que la opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tiene exactamente el mismo valor, por lo que no cabe que el jefe del Ejecutivo otorgue preeminencia a directivos empresariales, por muy gordas que sean las cuentas de resultados de sus empresas, ni para la información directa ni para recabar su opinión.

Los abajo firmantes, todas y todos ellos ciudadanos en pleno uso de derechos y deberes, exigimos estar presentes en la reunión y que nuestra opinión sea escuchada, y asimismo que se dé cabida a esa reunión a cuantos ciudadanos y ciudadanas lo reclamen, organizando para ello los turnos necesarios si la afluencia impide tratar los asuntos en una sola sesión.

Reciba un cordial saludo



Suscriben esta solicitud:

Ricardo Rodríguez del Río
Luisa Cuerda Núñez
Teresa Donate García
Piedad Novillo Marchante
Félix López García
Luis González Carrillo
Sandra Ávila Rodríguez
Julio Hellín
Miguel Ángel Jiménez Martín
Elena Espinosa Lara
Felicita Velázquez Serrano
José Ignacio Cortés González
Santiago Vilar Romero
Sofía García-Hortelano Martín-Ampudia
Rafael Fernández Calvo
Manuel Martínez Llaneza
Salustiano Martín González
Liliana Pineda Castro
Julián Sotoca Muñoz
Pedro Manuel García Fernández
Ginés Fernández
Rocío Cruz Jiménez
Miguel Ángel Andrade Perea
Carmen Díaz Teixelo
Manuel Cañada Porras
José Miguel Machimbarrena Gutiérrez
Anabel Segado Sujar
Oscar García
Rosa María Córdoba Sánchez-Bermejo
Ángel Guillén Olmos
Beatriz Salmerón Bravo
Coral Gimeno Presa
Juan Pablo Mateo Tomé
Manuel Nolla Fernández
Mª Dolores González Ruiz
Luis Fernández de Trocóniz
Mariano López Monreal
José Paz Saz
Gregorio David Arranz Sanz
Omar Jassin
Enrique Santiago Romero
Javier Navascués Fernández-Victorio
José Antonio Corbillón Mirada
Concha Matute Marín
Oscar Molina Rubio
Clara López Matute
Blanca González Gozalo
Fernando Urruticoechea Basozabal
Mª Mar Matute Marín
Remedios García Albert
Víctor Morera Siscar
Sara Guillén Olmos
Rodrigo Vázquez de Prada y Grande
Tomasa Luengo Rodríguez
Roberto Rodríguez de Rozas
Roberto Márquez del Prado de la Casa
Inmaculada Vara Miñambres
Fernando Morante Aranada
Belén Martos Selma
Mª Luisa Alberca Muñoz
Alexandre Lladó Almiñana
Luis Martín Sánchez
Susana Oviedo Rosales
Luz Divina Zamora Antón

1.

El portavoz de la asociación profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, ha afirmado recientemente que, de no ser por la economía sumergida, en nuestro país ya se habría producido una grave explosión social.

Se trata sin duda de una hipótesis muy creíble. Ahora bien, si se quieren hallar los motivos por los que la economía sumergida podría estar ahogando una encolerizada sublevación ciudadana, cabe enfocar la realidad de varias formas, esencialmente de dos, aun cuando se reconozcan como ciertos los mismos hechos. Que se haga hincapié en uno o en otro enfoque depende de si se desea que la ira en contra de la injusticia por fin estalle o si se persigue, por el contrario, que la sociedad continúe anestesiada para facilitar los próximos capítulos de demolición del Estado de Bienestar.

Es posible, de esta manera, apreciar el crecimiento de la economía sumergida, que en España se suele cifrar en más del 20 % del total de producción de bienes y servicios, en la medida en que supone una tabla de salvación para miles de personas y de familias que, sin ella, perecerían de inanición o al menos caerían en la mendicidad. Exhibiendo el trillado, repugnante y siempre reaccionario valor del «mal menor» se estima que, al menos y en tanto las cosas no mejoren, la economía irregular permite a no pocos sobrevivir, y sobrevivir, claro, no es poca cosa. Esta argumentación respaldaba, por ejemplo, la declaración hace meses de la ex presidenta del INE, Carmen Alcaide, quien aseguraba que es necesario e incluso recomendable un volumen determinado, bien que controlado, de economía sumergida que sirva de válvula de escape, colchón social y estimule al mismo tiempo la competencia en el conjunto del sistema.

Aparte del estremecimiento que provoca escuchar a quien ocupó cargo institucional tan elevado justificando el fraude y el saqueo de riqueza pública y de derechos sociales (¿pues qué ocurriría si un juez del Tribunal Supremo asegurase que resulta vivificador para las relaciones personales un porcentaje determinado de violaciones, homicidios o abusos de menores?), salta a la vista que la realidad que se oculta en discursos como el anterior es la que de verdad se desea. Y es que la economía sumergida constituye un submundo de esclavitud, el paraíso para nuestra patronal, en el que miles de seres humanos sin derechos han de aceptar las condiciones de explotación que se les impongan, por duras que sean, a cambio de, simplemente, sobrevivir. Cierto es que la economía sumergida es más, y que también en ella se ocultan caraduras que eluden el fisco y completan con beneficios extra sus ingresos declarados, todo lo cual redunda en perjuicio del conjunto de la sociedad. Ésta es la parte de perversión, no obstante, que al menos de manera oficial se repudia y se dice censurar (asunto bien distinto es lo que en la práctica se hace por atajarlo). Pero su efecto más devastador es el de presionar sobre la totalidad de la sociedad para suprimir derechos y atrapar a cada vez más sectores de la clase trabajadora en las redes de la servidumbre. Hay una trampa obscena en la afirmación de que un cierto grado de indulgencia en este terreno permitirá a quien se haya quedado sin siquiera la ayuda de 426 euros recibir unos ingresos con los que comer, porque es cabalmente el desempleo y la carencia de ayudas públicas de subsistencia la que empuja a buscar en la servidumbre los recursos con los que siquiera comer. Y se le entrega, y se sabe que se le entrega, a los esclavistas, que son casualmente quienes defraudan a Hacienda y quienes especulan con la riqueza de todos, un ejército de reserva subterráneo que, a su vez, se detrae de la capacidad de lucha y resistencia del conjunto de la clase trabajadora.

2.

Hasta aquí, sin embargo, nada de cuanto se ha dicho es desconocido para cualquier ciudadano de izquierdas, o simplemente bien informado. Lo que para muchos quizá pueda constituir una sorpresa es hasta qué punto la economía sumergida forma parte de nuestra existencia cotidiana, cómo se mezcla con la economía «regulada» y con qué naturalidad se mueven en una y en otra simultáneamente las mismas empresas. Constatarlo reforzará la convicción de que el problema no radica en que los poderes públicos no hagan lo suficiente por acabar con esta lacra, sino en que deliberadamente la nutran y la protejan. La economía sumergida es un pilar imprescindible para acometer la gran transformación de nuestras sociedades en comunidades aherrojadas por poderes feudales, sofocando de paso el riesgo de revolución social.

Cuando un ciudadano común trata de representarse lo que la economía sumergida es, piensa por ejemplo en trabajadoras inmigrantes sometidas a condiciones salvajes de explotación en la recogida de la fresa, la ve en los grupos de jóvenes –en general, también inmigrantes- con los que puede encontrarse junto a estaciones de metro y cualesquiera esquinas de nuestras ciudades aguardando a que un hombre en una furgoneta los recoja para llevarlos al tajo, o se acuerda del fontanero y el albañil que le hicieron una chapuza en casa sin emitir factura.

Hay, no obstante, un sector de nueva economía sumergida del que no se habla tanto pero que se expande a tal velocidad que en pocos años podría terminar por convertirse en la forma de vida permanente de la mayoría de los trabajadores de nuestro país. Su particularidad reside en que se desarrolla a la vista de todos y en que a él van ingresando, sin que parezca que nos inquiete, nuestros hijos, los hijos de nuestros vecinos y, puede que no tardando mucho, nosotros mismos, si es que no hemos sucumbido ya. Caminamos a paso de gigante hacia una sociedad en la que lo residual será la parte de trabajadores con derechos, por pocos que éstos sean. Es el trabajo «libre», cada día en mayor medida, la excepción, y por ello mismo fácilmente calificable de «privilegiado» por la propaganda al uso en los grandes medios de comunicación. La esclavitud es la norma, o acabará siéndolo en menos tiempo del que nos imaginamos.

Los profesionales de la Agencia Tributaria, por ejemplo, e imagino que igual los de otras administraciones que desempeñan funciones públicas similares, recibimos cada día en nuestras oficinas, desde hace años, a los nuevos esclavos. No resalta su condición en la actualidad por su forma de vestir ni por su manera de conducirse entre nosotros; somos o seremos, en realidad, nosotros mismos; todos podemos pasar de un lado a otro de la frontera en cualquier momento.

Existe una figura muy conocida que refleja bien el supuesto de explotación al que me refiero. Se los encontrarán ustedes con frecuencia, seguramente han visitado más de una vez su casa. Hablo de esos jóvenes –y en ocasiones no tan jóvenes- que llaman a nuestra puerta y nos solicitan ver las facturas de gastos domésticos para asesorarnos acerca de las posibilidades prodigiosas de ahorro de que disponemos si cambiamos de compañía eléctrica o de gas. ¿Se han preguntado alguna vez cuáles son las condiciones laborales de estos tenaces representantes comerciales?

Por supuesto, ninguno de ellos dispone de contrato de trabajo ni propiamente salario; trabajan a comisión. Son reclutados por grandes compañías, con frecuencia a través de empresas de servicios interpuestas. Se les obliga a darse de alta como profesionales por cuenta propia (en el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas 599 de la sección segunda, Otros profesionales relacionados con el comercio, que, a diferencia del epígrafe de Agentes Comerciales, no obliga ni siquiera a colegiación), pero en la inmensa mayoría de los casos no están dados de alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social (dados sus emolumentos, es difícil que puedan correr con el pago mensual correspondiente, y además, de hecho, las propias empresas les aseguran indebidamente al contratarlos que no han de pagar cotización social alguna). Es decir, no cotizan a la Seguridad Social ni, consecuentemente, gozan de ningún tipo de protección, pero no contabilizan como economía sumergida puesto que están dados de alta en la Agencia Tributaria.

Es algo que se sabe. Si se cruzaran las bases de datos informatizadas de actividades económicas de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria –lo que, por cierto, se aprobó como una de las medidas del último Plan Integral de Prevención del Fraude en Consejo de Ministros de 5 de marzo de 2010 pero no se ha llevado a la práctica- estarían todos los casos detectados al instante. Con comprobar los pagadores se podrían poner en marcha los procedimientos pertinentes de sanción a las empresas por vulneración masiva de derechos laborales. Y tal forma de intervenir, sobre la totalidad, sería la única posible; las denuncias individuales harían caer toda la responsabilidad legal sobre los trabajadores, puesto que no existe relación contractual laboral; se castigaría a las víctimas de la estafa.

No menos desolador resulta el mecanismo que las compañías utilizan para reclutar a estos comisionistas. Se les ofrece un periodo de prueba, en general de un mes, en el que deben conseguir cerrar un número mínimo de contratos –diez, por ejemplo. Si pasado el mes, el candidato solamente cierra ocho o nueve contratos, la empresa no le paga nada (o, como mucho, le paga una cuantía exigua por las molestias), pero naturalmente se queda con los contratos conseguidos. O no del todo. Porque si el candidato fue captado por otro comisionista, las comisiones de los contratos de aquél se las reparten la empresa y el captador. Lo que conduce a un sistema de estafa piramidal clásico, en el que los «fracasados» trabajan gratis durante un mes (¿cuántos miles de contratos de quienes no alcanzaron el mínimo acumulan las empresas sin haber pagado ni un céntimo a cambio?) y los «triunfadores» entran en una dinámica de rivalidad delirante que les impulsará, no sólo a lograr el mayor número de contratos, sino a captar a otros comisionistas con el deseo de que fracasen para arrebatarles las comisiones de sus contratos.

En una administración media de la Agencia Tributaria en Madrid pueden estar dándose de alta del orden de diez a veinte «profesionales» de este tipo a la semana. Sumen todas las administraciones de la comunidad autónoma, todas las del Estado. Añadan otras muchas figuras nuevas: administrativos contratados también como profesionales autónomos, los llamados «coordinadores de transportes» (en realidad, trabajadores de empresas de logística que reciben y distribuyen encargos por teléfono pero que carecen de contrato laboral), incluso camareros autónomos (a los que, siguiendo una consulta de la Dirección General de Tributos publicada en la página web de la Agencia Tributaria, se obliga a darse de alta como Otros profesionales relacionados con la hostelería, epígrafe 799 de la sección segunda del IAE).

¿De cuántos hablamos? ¿De qué proporción? Se da la circunstancia paradójica de que, al esconderse en fórmulas legales de trabajo por cuenta propia lo que en realidad son relaciones de dependencia laboral aunque sin derechos reconocidos, no forman parte de la cuantía calculada en ningún estudio como economía sumergida pero que, justamente por ello, constan en registros públicos. Bastaría con tomar la decisión política y administrativa pertinente para hacer desaparecer estas formas de explotación y actuar contra los explotadores. Sobra aclarar que son ciudadanos sin derechos cívicos reales de protesta y reivindicación, por no hablar del derecho de huelga. Aparte de que su conciencia social se encuentra triturada por la urgencia de acabar con los rivales de la misma condición para sobrevivir, lo que estrangula todas las vías de solidaridad.

A nadie se le escapa que la organización social es abrumadoramente difícil en esta área de nuestra realidad más próxima. Pero ahí está. O la afrontamos, para lo cual es imprescindible comprender que debemos afrontarla, por lo menos, o nos aplastará a todos, más tarde o más temprano.

Nada más abrir los ojos esta mañana me he dicho que si no pensaba mucho en ello lograría evitar la tentación.

En el tren, varios viajeros leían prensa gratuita cuya portada informaba en grandes letras de los primeros resultados prácticos de la Ley Antitabaco. En el metro un grupo de muchachas especulaba sobre las posibilidades de esparcimiento sin privarse del vicio de fumar el próximo fin de semana. En la oficina no se comentaba otra cosa; había cierta confusión acerca de la distancia preceptiva a guardar frente a un hospital, un parque infantil o un colegio para no infringir la norma. He aprovechado los escasos minutos disponibles del café para echar un vistazo rápido al periódico, que narraba, cómo no, las anécdotas más llamativas en los aledaños de bares y restaurantes con motivo de la inauguración del veto al tabaco. Entre tanto, por la televisión del establecimiento emitían un reportaje en el que un joven sonriente entrevistaba a grupos de fumadores igualmente sonrientes que expulsaban sus humos al aire.

De niño me mareaba en los coches. En los viajes largos, desde que iniciábamos la marcha, siempre había un mayor emperrado en repetirme una y otra vez que si no pensaba en ello no me marearía, hasta que lograba que yo le vomitara encima.

A media mañana no he podido resistirlo por más tiempo: he salido corriendo de la oficina, me he apartado hasta un cercano descampado y, allí, he respirado hondo y después he encendido un cigarrillo.