Ricardo RODRIGUEZ

«Ser poeta es encontrar
en otros la propia vida»

Gabriel Celaya,
del poema “A Amparitxu”

Ayer murió Amparitxu Gastón, la mujer de corazón inmenso que fuera compañera de Gabriel Celaya durante más de cuatro décadas.

Me tengo prometido, para cuando la urgencia de la amargura no me atenace la mente ni me agarrote las manos, el acto de justicia de dejar testimonio escrito de cuanto nos regaló a mis vecinos de Leganés y a mí, durante todo el año 2001, en el décimo aniversario de la desaparición de Celaya. Decidimos que fuese el año del autor de los Cantos iberos, y lo colmamos de exposiciones, recitales, conciertos y otros muchos actos de recuerdo. Multitud de personas, instituciones y organizaciones colaboraron. Al cabo, se instaló, en el parque que hay frente al hospital Severo Ochoa, un busto del poeta, obra del escultor Eduardo Carretero, que se añadió al que ya había en ese momento de Rafael Alberti y dio lugar a que el parque pasara a llamarse parque de los poetas.

Entonces apareció ante todos nosotros, como un resplandor de humanidad, Amparitxu. Vino tantas veces –sobreponiéndose a menudo a su frágil salud-, fue tan infinita su generosidad, irradió tantísimo cariño, que a ninguno de cuantos la conocimos se nos borró la profunda huella de haber compartido aunque apenas fuesen unos minutos con ella.

Para cuando me abandone el sobresalto negro con que la muerte de alguien querido nos golpea siempre, levantaré acta de lo que a mi pueblo ofreció Amparitxu Gastón, de lo que le debemos, de su paso imborrable por nosotros. Y de sus ojos, que nos miraron tan adentro que nos hicieron salirnos de nosotros mismos.

Hoy sólo deseo proclamar mi gratitud, junto a la de tantos otros. Qué prodigiosa es la existencia que por ella transitan y en ella aman y padecen seres tan hermosos y excepcionales como Amparitxu.

Hoy sólo deseo volver a sorber las palabras de ella. Porque, aunque muchas personas no lo sepan, Amparitxu Gastón, aparte de la compañera inseparable de Gabriel Celaya, fue ella misma una excelente poeta. Entre otros muchos, en su libro A flor de labio, publicado en 1972, nos dejó un bello y asombroso poema titulado «Presagios».

Disfrútenlo, a ser posible en compañía:

«En la tarde cargada de terribles designios,
Inocente de todo, cruza la brisa nueva.
Los árboles confusos, silenciosos y negros
presienten y se callan como si fuese un sueño.

Cruza el aire una sombra de eternidad o de miedo.
Las fuentes ocultan la cabeza en sus brazos.
Cruzo deprisa el campo calladísimo y solo,
y los pájaros vuelan y escriben lo que ignoro.
Quiero huir como sea de este silencio helado,
de este Dios que me manda sin que yo lo comprenda,
envuelto en sus designios, cada vez más eterno,
ignorando mi vida, mi dolor y mi muerte».

A un mes del entrañable encuentro entre ciudadanos y ciudadanas de diferentes países, entre distintas culturas y comunes anhelos de emancipación que protagonizó Evo Morales en la plaza de toros La Cubierta, en Leganés, aún colea la singular protesta –y se dice que hasta denuncia judicial o amenaza de tal- del PP de la localidad contra aquel acto.

No creo que haya que darle al asunto mayor importancia de la que tiene. A cuantos allí estuvimos nos quedarán en la memoria la alegría compartida por miles de personas, la esperanza y la dignidad de un pueblo que decide tomar las riendas de su destino, que es lo que representa Evo Morales en Bolivia, como lo representa Hugo Chávez en Venezuela y, por encima de ambos y de cualquier otro dirigente, la ciudadanía que toma conciencia de su valor y su poder democráticos y actúa en consecuencia. La salida de tiesto del PP de Leganés quedará a lo sumo para el anecdotario de ridiculeces en las que a menudo se complacen ciertos políticos profesionales por no tener otra cosa mejor que hacer.

Pero, aunque sólo sea por dejar constancia de lo grotesco de la cosa, puede que no resulte ocioso al menos mencionarlo. Al menos, por una vez.

Lo que en esencia denuncia el PP de Leganés es que el acto en el que intervino Evo Morales fue en realidad un mitin político, un acto pues de partido y estrictamente de campaña electoral, por lo que el dinero público que el Ayuntamiento gastó en él (parece que unos 12.000 euros, destinados a pagar el alquiler de la plaza de toros) constituye una malversación de fondos con fines partidistas.

Y no es cierto. El acto consistió principalmente en un encuentro de Evo Morales, en su calidad de presidente de Bolivia y no de líder de un movimiento político concreto, con inmigrantes bolivianos que se acercaron de todos los rincones de nuestra geografía. Lo cual no impidió, por supuesto, que se abriera a la participación de españoles, chilenos, ecuatorianos y otros. Era el encuentro entre pueblos lo que se quería celebrar, el diálogo y la paz. En su día Aznar invitó al gobernador de Florida y hermano de George W. Bush a venir a nuestro país para que promoviera la guerra; porque en esto de las visitas institucionales cada uno tiene su estilo, claro. Durante el encuentro, Evo Morales explicó las líneas básicas del proceso de transformación de su país, del camino de recuperación de la dignidad como pueblo de los bolivianos y del conjunto de América Latina y de reconquista de la riqueza nacional para el desarrollo comunitario. Esto es, por supuesto, hablar de política, que es a lo que acostumbran a dedicarse los presidentes de los países, pero de política entendida en su significado de organización democrática de la sociedad y no del circo mediático obsceno que muchos aquí toman por tal. Quizá sea éste el origen del malentendido, porque me consta que la vida política municipal en Leganés últimamente crea malos hábitos.

El papel que desempeñó el Ayuntamiento de Leganés fue el de anfitrión, razón por la cual el alcalde se limitó a dar la bienvenida al presidente boliviano, como probablemente haría, habrá hecho y hará en el futuro con otros presidentes, alcaldes o diputados invitados. Mal está, desde luego, y a mí mal me parece que el Ayuntamiento deba gastarse dinero público por el uso de una plaza de toros de propiedad municipal. El problema es que su gestión es privada, por virtud de una concesión administrativa a setenta años. Claro que quien en su día tuvo la iniciativa de que ésa fuese la fórmula de gestión, allá por diciembre de 1995, fue el grupo municipal del PP. El PSOE lo apoyó y solamente el grupo de IU de entonces se opuso. Lo recuerdo bien porque yo era uno de los concejales de este último grupo. Ahora pasan estas cosas. Es lamentable, pero según quien proteste, puede que esté mejor calladito.

A mi juicio, hay dos razones para que el PP de Leganés se meta en este jardín. Cabe que intente usarlo absolutamente todo para su disputa doméstica con el gobierno municipal. Si es éste el caso, creo que se equivoca de medio a medio. Envilece con ello el debate político sobre importantes procesos de cambio social en el mundo, un debate lo bastante serio como para no mezclarlo con querellas mezquinas, sea cual sea la opinión que en el mismo se sostenga. Y perjudica también a los vecinos y vecinas de Leganés –al tiempo que a sí mismo como opción política- porque hay problemas demasiado graves en la ciudad como para andar distrayéndose.

Cabe, no obstante, otra posibilidad: que la queja del PP de Leganés responda al odio animal del sector más reaccionario de su organización por lo que Evo Morales o Hugo Chávez o Rafael Correa o Zelaya encarnan. En tal supuesto, la explicación que habría que dar a quien respalda como gran estadista al presidente de Colombia, acusado por organizaciones humanitarias de impulsar escuadrones paramilitares y matanzas de ciudadanos inermes, y tacha en cambio de dictador a presidentes que promueven procesos de alfabetización, reforma agraria o universalización de la salud pública, ha de ser sin duda una explicación más larga y contundente. Pero eso ya mejor otro día. Porque los bolivianos necesitan más nuestra solidaridad que los concejales del PP de Leganés las explicaciones.

Alguien debería encargarse de mitigar el entusiasmo de los ministros con menor experiencia al frente de su departamento, con el fin de evitarnos sustos innecesarios. Tal habría de ser el caso de Pepe Blanco, a quien el cambio de su papel de demagogo oficial del PSOE por el de ministro de Fomento le ha debido de ocasionar algún que otro trastorno mental que le ha llevado a pensar que en ocasiones no sobra parecer un poquito de izquierdas.

Como sabrán los ciudadanos que suelen estar al tanto de estos asuntos –por fortuna, no demasiados-, hace unos días le dio a Pepe Blanco por anunciar una subida de impuestos a los más ricos para financiar ayudas públicas a las capas más desfavorecidas de la sociedad. El dirigente del PP Javier Arenas, que se diría vive pegado a una tribuna, estuvo presto a reaccionar, dando la voz de alarma y avisando del previsible cataclismo que se nos vendría encima. Pero ¡qué barbaridad! –se escandalizó el señor Arenas-, ¿a quién se le ocurre? Que los ricos paguen impuestos. Ya solo faltaría que a alguien le entrara la manía de leer la Constitución y la Ley General Tributaria, en donde se proclama que los tributos deben ser progresivos y orientarse a la redistribución de la riqueza y a la justicia social, y exigir que se cumplan ambas leyes. Porque hay gente muy rara por el mundo, hay incluso gente que cree que las leyes se deben cumplir, hasta cuando favorecen a los pobres.

Ayer mismo, no obstante, informaba El País de que “determinados sectores” del propio gobierno han mostrado su desacuerdo con la propuesta de Pepe Blanco y que, en cualquier caso, el ministerio de Economía, que dirige Elena Salgado, ha dejado claro que, de subida de impuestos a los ricos, nada de nada. Ya encontrarán la manera de que, por elevación de tributos indirectos o al consumo o reducción de gasto público, paguen más los trabajadores. Como Dios manda. Estamos, pues, salvados.

El argumento que emplea el departamento de Economía para rechazar la subida impositiva a los ricos es, además, muy chistoso, porque tampoco conviene perder el buen humor. Siempre que se reclama aumentar la progresividad de la tarifa del Impuesto de la Renta y elevar los tipos más altos, siempre, siempre, siempre, se responde que esa tarifa se aplica fundamentalmente a las rentas del trabajo, por lo que su subida supondría castigar a los trabajadores con ingresos medios. Y, en efecto, el IRPF tiene una configuración dual (por cierto, gracias a determinada reforma introducida por un gobierno de Felipe González): hay una tarifa general, progresiva, que puede alcanzar el 43 %, y otra, con un tipo único mucho más bajo, del 18 %, que se aplica a las rentas de capital, entendidas de modo más o menos lato (rentas derivadas del ahorro, se les llama). Pero quien objeta este hecho jamás acepta la solución más sencilla: que todas las rentas, fuese cual fuere su origen, tributaran por una tarifa única de carácter progresivo. Se privilegian las rentas del capital sobre las rentas del trabajo porque tanto el PP como el PSOE –como la abrumadora mayoría de partidos nacionalistas- quieren que así sea; no se trata de un mandato de los dioses; las leyes y sus modificaciones se aprueban en el Parlamento por las señoras y señores diputados y senadores.

Por lo que parece, en atención a esta peculiaridad de nuestro Impuesto de la Renta, el ministro de Fomento había pensado en una subida de la imposición a las rentas del capital del 18 al 20 %. Ni se le pasa por la imaginación equiparar su tributación a las rentas del trabajo. En lo de aparentar ser de izquierdas, tampoco tiene uno que exagerar. Y ahora en el departamento de Economía le salen con que los multimillonarios no tributan por IRPF, dado que colocan sus fortunas en sociedades de inversión, logrando con ello pagar solamente un 1 %. Lo cual es cierto. Les ha faltado añadir que hace unos años unos cuantos funcionarios de la Agencia Tributaria decidieron aplicarse a la tarea de controlar las grandes fortunas (que es que hay funcionarios que van como locos) y el PP y el PSOE –y los principales partidos nacionalistas- se apresuraron a retirar la competencia al respecto de la Agencia Tributaria y entregársela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no fuera a ser que a los multimillonarios la angustia de que les traten como a cualquier otro ciudadano les quite el sueño.

Pero, claro, urge que a Pepe Blanco se le explique que esto no significa que en el ministerio de Economía estén urdiendo la trastada de hacer pagar el 43 % a las grandes fortunas y devolver su fiscalización a la Agencia Tributaria.

A ver si nos enteramos, Pepiño, que con las cosas de comer no se juega: los impuestos los pagan los pobres, las leyes se aplican sólo si benefician a los de siempre y el Estado está para asegurar los negocios de los banqueros y los especuladores inmobiliarios. Y esto es lo que se llama democracia liberal, de la que de vez en vez se puede sacar una limosnita para los parias y, casi siempre, sus comisioncitas para concejales y alcaldes prevaricadores y otras almas buenas. Tú dedícate a darle obras públicas, las que sean necesarias y las que no, a las constructoras, mientras se recuperan de la fiebre del ladrillo, y no te metas en cosas que no comprendes. Porque de lo que tiene que hablar la gente aquí es de espías, identidades nacionales y noviazgos de famosos. Y si aun así nos aburrimos, para eso tenemos a Hugo Chávez, que para malo nos vale en cualquier momento y con cualquier excusa.

Fíjate y toma ejemplo de los sindicatos, ¿no ves qué callados están y qué obedientes son?

Jueves, 18 de junio de 2009

1.

Todo el mundo sabe que la primavera acostumbra a traer la floración de los jardines, los calores del amor y la obligación de presentar la declaración de la renta, cosas todas ellas que excitan por igual, aunque en zonas erógenas diferentes. Hace ya unos cuantos años que también por estas fechas suelen algunas organizaciones sociales difundir sus campañas en pro de la llamada objeción fiscal, de manera simultánea a la tenaz propaganda clerical para que los buenos católicos marquen la casilla correspondiente a la Iglesia católica. La comparación no es ociosa, porque veremos que unas y otra campaña se asientan sobre la misma concepción fiscal, una concepción a mi juicio alarmantemente reaccionaria, por más que se vista, aun con la mejor voluntad del mundo, de las más altruistas y nobles intenciones.

La forma en que se trata de estimular a la ciudadanía para que objete fiscalmente y el método que se propone para hacerlo pueden variar en algunos detalles, dependiendo de la organización o la plataforma social de que se trate, pero siempre se repiten unos rasgos elementales. Se denuncia la manifiesta e indiscutible injusticia de que el Estado dedique cada vez menos recursos al sostenimiento de los servicios públicos básicos de sanidad o de educación, o a la ayuda a las capas sociales más desfavorecidas, invirtiendo en cambio cantidades desorbitadas en armamento, en industrias muy contaminantes o en cualquier otro fin dañino para la comunidad. La más extendida es la objeción fiscal que se justifica como protesta por los gastos militares, pero no es la única posibilidad. Este año, por ejemplo, cobra particular relevancia la oposición a la transferencia de miles de millones de dinero público a los bancos y al sector inmobiliario, entre otros causantes principales de la crisis, lo que, sin duda alguna, constituye una obscenidad.

La objeción se concreta en dejar de ingresar, en el momento de presentar la declaración de IRPF, una cantidad de dinero determinada que con anterioridad se habrá entregado a alguna organización social que luche por la paz, por la justicia social o por la conservación de la naturaleza. La cuantía suele ser pequeña, fija, calculada por un porcentaje de la cuota o decidida libremente por el «objetor». Como cantidad fija se vienen proponiendo 84 euros, con los que se quiere simbolizar los 84 países más empobrecidos del planeta. Y la opción del porcentaje de la cuota es singularmente cómica, porque supone que por lo general se librará de pagar a Hacienda más dinero quien más ingresos tiene, o visto de otra forma, que el derecho a objetar crece en proporción con la riqueza del contribuyente. Extraña noción de la justicia fiscal para ser avalada por grupos de izquierdas.

La fórmula más común para reflejar esta mengua en nuestra declaración consiste en consignarla sin más en la casilla en blanco de cualquier deducción o restarla a la cuota. De una u otra forma, como lo que se persigue es expresar una protesta, ha de ser lo suficientemente visible, no estar camuflada en concepto alguno que pudiera pasarse por alto con facilidad. Se recomienda por ello mismo que se dirija a la Administración de la Agencia Tributaria un escrito explicativo, reclamando que el dinero por nosotros restado de nuestra liquidación se reduzca de los gastos militares (o de las centrales nucleares o de las ayudas públicas a la banca o de todo a la vez), así como que se adjunte una copia del justificante de nuestra aportación a la organización o proyecto social que hubiésemos elegido.

Quede claro que comparto de corazón la idea de luchar para que los fondos públicos se destinen a garantizar servicios sociales de calidad a toda la ciudadanía y por reducir las desigualdades y combatir la injusticia. Las preguntas a resolver son si la objeción fiscal ayuda a tal fin, en la medida que sea, y si no tiene, en cambio, otras consecuencias incluso contrarias a las perseguidas.

Tras presentar nuestra declaración de la renta con su correspondiente acto cívico de objeción, pueden ocurrir dos cosas. Es previsible que la Agencia Tributaria emita una declaración paralela y nos cobre lo que dejamos de ingresar. Para esta eventualidad, los promotores de la objeción nos piden que recurramos hasta el final, con el propósito de convertir cada escrito de recurso en un nuevo acto de protesta (protesta, eso sí, que parará en las manos de un funcionario público al que normalmente nuestros anhelos de justicia social no le darán ni frío ni calor, y que se limitará a desestimar nuestras pretensiones según el procedimiento estipulado). Sería conveniente que se aclarase a los potenciales objetores de buena fe que cuanto más lejos lleguen con sus escritos de recurso más dinero van a pagar. Sobre todo, si se tiene presente que las organizaciones sociales defensoras de la objeción fiscal se suelen incluir ellas mismas entre las beneficiarias del dinero detraído al fisco y que es obligado observar una mínima honestidad con nuestros proveedores. De cualquier manera, en el mejor de los casos se nos cobrará la deuda más los intereses de demora. Aunque hay que saber que, habiendo manifestado nosotros la voluntad inequívoca de no ingresar una parte del impuesto, a sabiendas de que legalmente hemos de hacerlo, la Ley General Tributaria ofrece cobertura para sancionar el incumplimiento, sin ningún género de dudas. Otra cosa es que usualmente no se haga.

Ocurre en no pocas ocasiones, no obstante, que la Agencia Tributaria no nos hace ninguna reclamación. En algún artículo favorable a la objeción publicado recientemente he leído la piadosa explicación de que el motivo de tal indulgencia puede ser que no se detecte el menor ingreso, la desidia administrativa o incluso la «complicidad». En realidad, no funcionan así las cosas. En la práctica totalidad de las declaraciones, la falta de ingreso es detectada por el sistema informático (salvo que se escabulla en desgravaciones que no se comprueban no habiendo indicio de irregularidad, práctica que sería contradictoria con la intención de usar la objeción fiscal como denuncia pública). Y si una vez detectada no se cobra es, o bien porque la deuda es tan exigua que resulta mayor el coste del procedimiento administrativo para instar el pago, o bien porque, dada la creciente escasez de personal, las oficinas de la Agencia Tributaria se concentran en las deudas mayores. Siento, por lo demás, defraudar la confianza en la existencia de funcionarios solidarios con nuestra causa, pero me cuesta imaginar que haya muchos dispuestos a arriesgar su trabajo pasando por alto procedimientos que están estrictamente reglamentados, sobre los que cada decisión queda registrada con claves informáticas personales y que cuentan con multitud de controles, amén de ser auditados con relativa frecuencia.

Por un motivo o por otro, a menudo nos saldremos con la nuestra y pagaremos de menos a Hacienda. ¿Qué habremos conseguido con ello? Solamente reducir, mucho o poco, el volumen de los ingresos públicos del Estado. Desde luego, el gobierno destinará la suma de lo recaudado a los gastos que decida, y no a lo que los objetores le reclamen, y, de tener que reducir alguna partida, lo hará en la que le parezca bien. Un gobierno que realice una política económica conservadora –y, francamente, yo no espero otro tipo de gobierno, al menos en los años próximos-, tenderá a sacrificar justamente los gastos sociales y, en cualquier caso, cumplirá siempre sus compromisos con el ejército, con la OTAN, con las grandes empresas y con la banca. Si para hacerlo tiene que sacrificar gastos en la sanidad o la educación, lo hará. De manera que nuestra bienintencionada objeción fiscal, de ser exitosa, podrían notarla las capas sociales más desprotegidas por el empeoramiento de los servicios públicos. Nosotros habremos dado nuestro dinero a comprometidas organizaciones sociales, es cierto. Pero éstas, por muy diligentes que sean, constituirán siempre una red asistencial privada. Es decir que podemos estar provocando un traspaso de recursos de servicios públicos universales y gratuitos a entidades privadas. Es una forma más de privatizar o, dicho con otras palabras, de transformar el ejercicio de derechos, que hemos de exigir que presten los poderes públicos, en caridad dependiente de los buenos samaritanos. James Petras nos ha obsequiado con unos cuantos excelentes textos al respecto, no muy del gusto, claro, de ciertas ONG.

2.

Cabría pensar, sin embargo, que, aunque la objeción fiscal carezca de efecto alguno sobre los ingresos y los gastos públicos o incluso lo tenga ligeramente indeseable, pueda en compensación desatar un eco social de rebeldía contra las patentes injusticias del Estado capitalista. Pero el examen de los resultados de todas las campañas de objeción fiscal de los últimos años tendría que haber desengañado ya a sus instigadores en este punto. Nadie se hubiese enterado de que tales campañas se llevan a cabo si no es por la publicidad que a las mismas dan las organizaciones sociales promotoras. Y, por supuesto, los escritos dirigidos a la Agencia Tributaria no tienen absolutamente ninguna repercusión. En general, los funcionarios de turno van a prescindir de cualquier argumentación de naturaleza política al resolver los recursos; si acaso, la recordarán dentro del anecdotario de su trabajo. La visión mítica de docenas de altos cargos de la Administración aterrorizados por el valor ejemplarizante de la insumisión fiscal es una puerilidad que nada tiene que ver con el mundo real.

Ahora bien, si el mero ejercicio de la objeción fiscal no alcanza significación ni de manera simbólica, la propagación de las campañas sí puede alimentar entre la ciudadanía una visión de los tributos de sorprendentes resonancias neoliberales.

Para empezar, tendríamos que cuestionarnos si es muy de izquierdas, o siquiera progresista, reclamar el derecho de cada ciudadano a decidir individualmente qué ha de hacer el Estado con lo que ingresa de sus impuestos. Por ir aún más lejos: si nos figurásemos una sociedad que hubiese superado el capitalismo –socialista, comunista o libertaria-, ¿proclamaríamos como derecho de cada persona el de dictar a la comunidad qué destino dar a su aportación particular? ¿De qué demonios se habla entonces cuando se alude al objetivo de hacer a cada ciudadano «dueño de su Impuesto de la Renta»? ¿En qué índole de democracia económica estamos pensando, en la misma que Milton Friedman y Hayek? ¿No se trataba de la gestión colectiva de la riqueza de toda la sociedad? ¿O es que soy yo un antiguo? ¿Qué grado ha alcanzado la destrucción del pensamiento económico de la izquierda para que acerca de estos asuntos persista ni un atisbo de duda?

En el fondo, el fundamento sobre el que los partidarios de la objeción alzan sus pretensiones es el mismo que sirve a la Iglesia católica para reclamar del Estado un bocado del IRPF, tal como quedó dicho al principio. La Conferencia Episcopal y el Estado confesional español ofrecen a los ciudadanos más fervientes la posibilidad de que, en conciencia, destinen un porcentaje de su contribución fiscal a la impagable labor pastoral de don Rouco Varela. Y los partidarios de la objeción reclaman que idéntica posibilidad exista para los antimilitaristas o para aquellos a los que les repugna el saqueo del país a manos de los banqueros. En los dos últimos grupos me incluyo. El problema es que, cuando alguien reivindica un derecho político con carácter universal, debe contar con que no todos los ciudadanos van a hacer el mismo uso de él y admitir, a pesar de ello, que cualquier uso será legítimo. Muchos objetaremos a los gastos militares y entregaremos nuestra porción de ahorros a organizaciones progresistas, y otros los querrán sustraer de lo que invierta la sanidad pública en practicar abortos con dignidad y seguridad para las mujeres o del subsidio del desempleo, o incluso desearán que los gastos militares se incrementen, ya que a fin de cuentas el patriotismo también puede ser tenido por asunto de conciencia. De hecho, existe una campaña en pro de la objeción fiscal al aborto (ver, por ejemplo, la página http://www.arbil.org/100fiscal.htm). ¿Quién decidirá y con qué criterio hasta dónde llega la conciencia de cada uno? Y siendo Emilio Botín tan ciudadano como nosotros, habrá que concederle su derecho correspondiente a objetar y hasta, si decide hacerlo con la fórmula de un porcentaje de su cuota fiscal, tolerar que su derecho sea infinitamente más voluminoso que el de su jardinero.

En coherencia con el individualismo del modelo de sociedad que subyace en la aceptación de la objeción fiscal, está el individualismo de la objeción como medida reivindicativa de que el derecho a objetar se reconozca por la Ley. Los medios se ajustan con fidelidad al fin propuesto en este caso, tal como gustaba que sucediera a los primeros jesuitas. Quiero decir que, en la actual configuración del IRPF en nuestro país, la objeción fiscal como protesta sólo puede ser un acto eminentemente individual y además de elite, o cuando menos no igual para todos.

Se parte de la ficción de que pagamos nuestro Impuesto de la Renta en el momento de presentar la declaración, y no es así. En realidad, en los meses de mayo y junio lo único que hacemos es aportar a la Hacienda Pública un balance final de lo que hemos ido pagando a lo largo del año anterior por el conjunto de nuestras rentas. Los trabajadores asalariados habrán pagado su impuesto cada mes con la retención que se les ha ido practicando en nómina. Y los pequeños empresarios y profesionales obligados a efectuar pagos trimestrales a cuenta lo habrán hecho en la autoliquidación de cada periodo. Es realmente difícil practicar la objeción fiscal si a uno la declaración le sale a devolver; pero que le salga a devolver no significa que no haya pagado su IRPF, sino que en el balance final que aporta a la Hacienda Pública resulta que había ingresado de más y pide que se le restituya la cantidad sobrante. Si ni siquiera está uno obligado a declarar y no tiene tampoco derecho a devolución -situación en la que se encuentran cada año miles de ciudadanos, casualmente los de menores ingresos-, la objeción ya es del todo imposible, a pesar de que, como en el caso anterior, uno habrá pagado también religiosamente su impuesto. Por no hablar de los ciudadanos y ciudadanas más pobres, parados, pensionistas, marginados sociales cuyos ingresos, o absoluta falta de ellos, no les dan ni para que tengan retenciones del impuesto, que no pagan por IRPF, pero sí otros muchos impuestos al consumo bastante más injustos que el de la Renta, cada vez que compran el pan, suben al autobús o se comen una sopa que no les haya regalado la beneficencia.

Todos estos miles de personas quedan pues excluidos de la posibilidad de objetar fiscalmente. Es decir, hablamos de un «derecho» que podrán ejercer con todas las facilidades los empresarios, individuales o societarios, y al que les resultará muy difícil acceder, si no imposible, a los trabajadores asalariados, los pensionistas y los parados. En los viejos tiempos, a un derecho de esta naturaleza se le llamaba privilegio. Vamos a creernos la sinceridad de las organizaciones sociales que reivindican el derecho a objetar, pero lo cierto es que lo que piden es una opción fiscal de la que podrían disfrutar principalmente las clases sociales más altas, a las que yo no encuentro muy entusiasmadas con la paz mundial ni partidarias de la reducción de los gastos militares, o furiosas por las inyecciones de dinero público a la banca.

En ciertos folletos explicativos de los promotores de la objeción se trata de resolver el problema con la curiosa sugerencia de que quienes no presentan declaración de la renta envíen no obstante escritos pidiendo el reconocimiento del derecho a objetar. Muy elegante: que los pobres se solidaricen con nuestra acción fiscal responsable de pacíficos ciudadanos de clase media. También les podrían proponer que, con todo, colaborasen en sufragar los intereses de demora si la Agencia Tributaria nos reclama el ingreso. Para que se sientan más realizados, vaya.

Es muy significativo, por lo demás, que la objeción se proponga casualmente sobre el IRPF, uno de los pocos tributos de nuestro país –ya casi el único-, que conserva algún rastro de progresividad, si bien cada vez más exiguo por las sucesivas contrarreformas fiscales aprobadas en estas dos décadas tanto por los gobiernos del PP como por los del PSOE. Al menos desde que Marx y Engels incluyeron la exigencia de «fuertes impuestos progresivos» como una de las diez grandes propuestas para la transformación social en el Manifiesto comunista, el movimiento obrero solía otorgar gran importancia a la existencia de altos y muy progresivos impuestos de la renta para alcanzar la justicia social.

¿Por qué no, por ejemplo, una movilización social en contra del pago del IVA en la compra alimentos y otros artículos de primera necesidad? ¿Por qué no buscar la solidaridad de pequeños comerciantes para realizar actos simbólicos de venta sin IVA? Hace como un siglo que Rosa Luxemburgo escribió, en su obra La acumulación de capital, un conciso pero visionario capítulo en el que probaba la relación económica y social de los aumentos de los impuestos indirectos y al consumo con el militarismo. El incremento artificial de los precios que provocarían los tributos al consumo causaría un desvío de recursos productivos hacia un sector, el militar, en el que el gran capital podía resolver sus problemas de carencia de mercados garantizándose la demanda por decisión política del Estado y transformando la guerra, en sí misma, en terreno específico de acumulación. Rosa Luxemburgo ofreció datos que hacían sospechar que esto estaba sucediendo en los años inmediatamente anteriores al estallido de la Primera Guerra mundial. Tal vez no estaría de más reflexionar sobre las contrarreformas fiscales y las guerras actuales y ver si podemos hacer algo al respecto, en caso de que queramos que, como antimilitaristas, se nos tome en serio.

3.

Voy a reconocer para finalizar que hasta por temperamento soy muy escéptico con las propuestas de lo que se llama objeción de conciencia. Nunca me he planteado como fin principal de mi acción social tranquilizar mi conciencia sino cambiar la realidad para que sea menos odiosa. No quiero que me dejen al margen de las injusticias, sino que las injusticias no se cometan. No pienso hacerme a un lado mientras siga vivo. No aspiro a que lo que pague de mi Impuesto de la Renta no vaya a gastos militares o a ayudar a banqueros y especuladores, sino que no se aumenten los gastos militares y no se concedan ayudas públicas a banqueros y especuladores. Y tampoco persigo una sociedad en la que yo tenga derecho a decidir el destino de mis aportaciones a la comunidad. Mi ideal es la sociedad en la que todas y todos los que creamos la riqueza común decidamos colectivamente cómo gestionarla, para hacer verdad el principio de que cada cual aporte en la medida de su capacidad y cada quien reciba según su necesidad. Lo que sólo será viable si se acaba con el capitalismo, claro, y si el Estado capitalista como tal se transforma en una red de consejos populares que posibiliten que cada decisión pública sea adoptada de manera democrática y libre por la totalidad de la ciudadanía.

Quienes compartimos un ideal semejante, hoy desde luego remoto, tendríamos que convenir al menos en que las acciones que emprendamos para alcanzarlo han de ser esencialmente colectivas y caminar hacia él y no en sentido opuesto.

En la lucha cotidiana las formas de intervención pueden ser muchas. Con el simple acto de juntar a medio centenar de personas en la Delegación de la Agencia Tributaria de Madrid el primer día de la campaña de la Renta para protestar contra las guerras y la complicidad del Estado con los saqueadores del país se puede lograr aparecer en todas las televisiones y alcanzar un impacto en la opinión pública muy superior al de todas las campañas de objeción fiscal. En ocasiones se ha hecho. De manera más profunda y estable, no sobraría la organización de un movimiento ciudadano para exigir un sistema fiscal justo y progresivo, lo que es incluso un principio reconocido en el articulo 31 de la Constitución de 1978, pertinazmente incumplido como todos los demás que no convienen a los dueños de la patria. No es tan difícil explicar a la ciudadanía la intolerable injusticia que supone un Impuesto de la Renta dual, en el que se paga mucho más por los ingresos provenientes del trabajo que por los ingresos del capital, o cómo se ha ido menguando a marchas forzadas la progresividad del tributo en los últimos lustros. Hay que denunciar a quién benefician la supresión del Impuesto de Patrimonio y las rebajas constantes del Impuesto de Sociedades, y desenmascarar a la patronal de las inmobiliarias, que de nuevo solicitan la elevación de tipos del IVA. Propendemos a pensar que los impuestos son una materia en exceso árida para organizar movilizaciones sociales en torno a ella, a pesar de que constituyen la espina dorsal que sostiene el conjunto de servicios sociales ante cuya privatización nos rebelamos con razón.

Entre las acciones de lucha puede caber en ocasiones, por supuesto, la negativa cívica a pagar ciertos impuestos, bien porque sean injustos o bien porque en situaciones extremas decidamos romper con cualquier índole de colaboración con el Estado y arrostrar el riesgo de recibir el castigo correspondiente. En esto último consiste la verdadera desobediencia civil, que no deberíamos nunca trivializar, porque es algo demasiado serio. Cuenta el novelista Norman Mailer en su libro Los ejércitos de la noche que, dentro del movimiento social opuesto a la guerra de Vietnam en Estados Unidos, se incluyó, como gesto de desobediencia solidario con la quema de cartillas militares por los reclutas, el impago de impuestos. La idea era retar al Estado y declararse en completa rebeldía ante él hasta que saliera de Vietnam y dejara de asesinar a inocentes. En el sistema fiscal norteamericano, una acción tal puede ser muy visible porque, a diferencia del nuestro, en el que la Administración pública concentra sus medios en cobrar la deuda tributaria y la cuantía del delito fiscal es muy elevada, allí la consecuencia de no pagar es más a menudo acabar en la cárcel. En cualquier caso, se trata siempre de actos de auténtica insumisión fiscal, y no de mera objeción que incluso aspira a ser reconocida por el sistema de forma pacífica. Nada tiene que ver con un ridículo sucedáneo al estilo del bandido Fendetestas de El bosque animado. No puede uno declamar contra el imperialismo y los crímenes masivos del sistema y a continuación conformarse con sisar la calderilla del monedero.

Cuando ciertos ciudadanos han acometido actos radicales de resistencia civil, de honda significación ética y política, han podido correr con los graves riesgos personales si existía un enérgico movimiento social organizado que los respaldaba e incluso tenía fuerza suficiente para acobardar al poder. Es evidente que hoy no es éste el punto en el que se encuentran las sociedades occidentales, a pesar de que la indecencia y la dimensión de la rapiña, en un país con más de cuatro millones de parados, tendría que dar como para que habitáramos sobre un volcán social. No obstante, no por ello hemos de paralizarnos.

¿Cómo no hemos puesto aún en marcha una amplia campaña para proponer a la gente que saque sus ahorros de los bancos? Algo que sería del todo legal, pero que haría tambalearse de verdad los pilares del sistema y que es probable que aturdiera a más de uno aun en el caso de que no lográramos que nos hiciesen caso muchas personas de momento. Si de lo que se trata es de oponernos cívicamente con medidas efectivas a la entrega de miles de millones de dinero público a Botín, dejémosle claro al gobierno que el dinero que ellos les dan nosotros se lo vamos a retirar. ¿Cómo no se han generalizado acciones de ocupación de sucursales bancarias? En el encuentro de movimientos sociales celebrado en el año 2006 en la Universidad Complutense de Madrid, el economista Fernando Urruticoechea propuso animar a los propietarios de viviendas a que las vendieran, para estimular la sustitución de la vivienda en propiedad por el alquiler, pero también para provocar un desplome del mercado inmobiliario que desatascara por fin el tinglado económico infernal y corrupto en que se revuelve nuestro capitalismo nacional. Si mi memoria no falla, fueron algunas de las organizaciones sociales que hoy hacen audaz apostolado de la objeción fiscal las que no vieron con ojos muy amables la iniciativa.

Hay muchas formas de oponerse a las iniquidades del mundo, muchas, salvo la de hacer de la necesidad virtud y ocultar nuestros fracasos bajo la versatilidad de la conciencia privada.

Domingo, 17 de mayo de 2009

Desde que en el siglo XIX Robert von Mohl formulara la primera concepción fundamentada del Estado de derecho, la noción ha vivido innumerables vicisitudes a lo largo de más de ciento cincuenta años. Ya el jurista alemán le añadía una vertiente sociológica inexistente en la teoría puramente liberal kantiana y, de entonces para acá, fue sometida a crítica por su excesivo formalismo, se le sumaron los calificativos de social y democrático e incluso fue usada para sus fines bastardos por notables juristas nazis. Pero hasta en su significación más vaga –siempre que sea legítima-, y sin entrar en profundidad alguna, el Estado de derecho nace por oposición al oscurantismo absolutista y se caracteriza por la preservación de la libertad ciudadana frente al arbitrio de un poder sin control. Es el Estado de la razón, nos diría Robert von Mohl; en la Ilustración se halla su fuente inspiradora.

Desde luego, no podemos incurrir en la crueldad de exigir a los políticos profesionales que ostentan altos cargos que se anden con cuidado al usar las palabras. Para ellos, al igual que para Humpty Dumpty, el personaje de Carroll, el significado de las palabras no importa; lo que importa es quién manda. E invocarán los «instrumentos del Estado de derecho» -curiosa perífrasis- igual para ordenar el apaleamiento de jóvenes que reivindican el derecho a una vivienda digna en las calles de Madrid que para justificar que se asesine a personas y se abrasen sus cadáveres en cal viva. Sin remordimientos, sin titubeos. Y es una grave prostitución de las palabras. Pero cuando la estructura misma del Estado puede, a plena luz del día, vulnerar los derechos constitucionales básicos de miles ciudadanos y hacer pasar el fraude por limpia acción democrática ante una mayoría social anestesiada, cuando ya ni siquiera se hace necesario disimular la indecencia, es que se ha dado un salto de gigante hacia el abismo. La decisión del Tribunal Supremo, a petición de la abogacía del Estado y del Fiscal General, de anular la candidatura de Iniciativa Internacionalista a las elecciones europeas se encuentra a mi juicio en este nuevo peldaño de degradación.

La desvergüenza de los argumentos empleados para motivar el atropello ha alcanzado cotas inéditas. El hecho en sí constituye un hito del esperpento: se pretende ilegalizar una candidatura electoral y suprimir de tal forma el derecho de sufragio activo y pasivo de miles de personas que no han cometido ningún delito por el que sentencia judicial alguna los haya inhabilitado se dice que con el fin de salvaguardar la democracia. Sería para reírse si todo fuese una mala pesadilla. Pero no lo es.

En un artículo reciente, el escritor Santiago Alba Rico denunciaba que el conjunto de los llamados «indicios» de la vinculación de la candidatura con la izquierda abertzale nos hacen retroceder a la época siniestra de las ordalías medievales, lo cual es cierto. Pero se pueden encontrar también llamativas referencias más próximas, en el pasado siglo. Hubiera henchido de orgullo al senador Joseph McCarthy la investigación llevada a cabo sobre las andanzas de cada uno de los miembros de la candidatura en la que se vuelve sospechosa cualquier declaración, la presencia en actos o reuniones, cualquier sombra de relación próxima o remota con quienquiera próxima o remotamente relacionado con la izquierda nacionalista. Se alcanza lo grotesco cuando se menciona la asistencia de Doris Benegas al funeral de un parlamentario de HB en 1989, año en el que por cierto HB era una formación política legal. Tendríamos que preguntarnos dónde se sitúa el límite, porque tal vez habría que ilegalizar al PP por haber designado al ex militante de ETA Jon Juaristi como director de la Biblioteca Nacional. Por no hablar de la exigencia de declaraciones expresas de condena. Los representantes de la candidatura han manifestado su voluntad inequívoca de perseguir sus fines por procedimientos estrictamente pacíficos y legales, con lo que queda fuera de lugar la estupidez proferida por el ministro Rubalcaba de emplazar a elegir entre los «votos o las bombas». Rechazada la violencia como medio para alcanzar metas políticas, que es el requerimiento incluso de la Ley de Partidos, ¿qué más? ¿Una condena concreta de la violencia de ETA? ¿Y por qué no del asesinato del joven antifascista Palomino, por qué no de la invasión de Iraq, por qué no de los bombardeos de hospitales y caravanas de refugiados por la OTAN durante la guerra de Yugoslavia? Éste es el problema, ¿no es cierto? Basándose en una interpretación estricta de la Ley de Partidos se podrían prohibir todos. Lo que quiere decir que solamente se prohibirán aquellos que decida el poder establecido. No hay ley a la que se deban someter todos los ciudadanos; es ley lo que al príncipe le plazca. No existe el Estado de derecho, sólo la autoridad; no hay fuerza de la razón, únicamente la razón de la fuerza.

La idea de la «contaminación» de la candidatura por la presencia en ella del dramaturgo Alfonso Sastre es sin más totalitaria, repugna a la conciencia jurídica más laxa. Da lugar al absurdo de que un ciudadano que no ha cometido ningún delito y está en uso pleno de sus derechos civiles y políticos «contagie» involuntariamente la criminalidad a otros ciudadanos por el mero hecho de asociarse a ellos para una empresa, la de presentarse a unas elecciones, que a su vez es completamente legal. Recuerda a los folletos que se repartían en los hogares norteamericanos en la década de la caza de brujas dando instrucciones a los padres patriotas para que supiesen detectar si sus hijos se habían vuelto comunistas. A los que añadió la revista reaccionaria Commentary un sesudo estudio psiquiátrico en el que se explicaba cómo podía llegar uno a transformarse en un comunista sin darse cuenta. Por lo visto, Alfonso Sastre y otros portan sin saberlo un germen que difunde la maldad con independencia de lo que ellos hagan.

Y, como todo puede empeorarse, el auto del Tribunal Supremo ha incorporado una nueva perversión extraordinariamente peligrosa, que es la de basar la anulación en que por proximidad ideológica la candidatura puede ser tomada como referencia para los votantes de la izquierda abertzale. Ya en las demandas del abogado del Estado y de la Fiscalía General se señalaba acusadoramente la coincidencia de ideas. ¿Se referían quizá a la defensa del derecho de autodeterminación o a la búsqueda de una salida negociada a la violencia en el País Vasco? Pero ¿no habíamos quedado en que todas las ideas podían ser defendidas de manera pacífica? Ahora, la sentencia amplía de manera inaudita el arco de lo que podrá ser censurado limitándose a estirar según el gusto la noción de proximidad. Ni siquiera será imprescindible detectar, aunque sea de forma falaz, coincidencia alguna. En un país en el que poderosos medios de comunicación y destacados dirigentes del PP han tildado de extremistas de izquierdas a Gaspar Llamazares y al mismísimo Zapatero, las posibilidades que abre el auto del Alto Tribunal son como para echarse a temblar.

En otros tiempos se reprimió a los disidentes, más que ahora; en otros tiempos la libertad fue pisoteada, con muchísima más ferocidad que hoy en día. Lo que en la actualidad es diferente y nuevo y de lo que viene a ser una muestra infame el caso de Iniciativa Internacionalista es de la inversión descarada y absoluta del significado de las palabras. Aquellas ideas que fueron alumbradas para la emancipación humana y para luchar contra el oscurantismo –libertad, democracia, Estado de derecho- son invocadas con el fin cabalmente de retornar al oscurantismo y de volver a los ciudadanos a un estado de temerosa servidumbre. Es preciso desenmascarar la trampa y moralmente obligatorio no guardar silencio.