I Fought The Law

Ha pasado más de un mes desde los hechos que han hecho sacar a gran parte de la denominada opinión pública el asunto Bolonia, pero en realidad se trata de un proceso inscrito en un espacio temporal mucho más amplio. Desde hace unos 10 años, el movimiento estudiantil estatal, y con especial energía en el caso catalán, ha ido alertando de los peligros posibles para el carácter público e independiente de la Universidad ante reformas claramente orientadas para supeditarla a los intereses del gran beneficio privado como las planteadas por el proceso de Bolonia y su antepasado inmediato, la vilipendiada Ley Orgánica de Universidades aprobada por el Partido Popular, y cuyas recetas entonces denostadas, hoy son aplaudidas por el gobierno del PSOE. Las últimas manifestaciones, con su correspondiente represión, son solo la punta del iceberg de un movimiento mucho más amplio en el tiempo y el espacio, el cual ha tenido su visibilidad más grande a causa de una de las acciones policiales más descomunales que se recuerdan desde junio de 2001.

Tras la derrota ideológica de la izquierda más o menos crítica –independientemente de su ligazón o no con el bloque socialista dependiente de la URSS-, en los primeros noventa, las luchas sociales de nuevo carácter se han ido recomponiendo de manera progresiva y con bastante nervio en Catalunya. Esto ha ocurrid en muchos casos incluso al margen de los movimientos sociales clásicos de tipo vecinal, pese la abierta colaboración de la FAVB de Barcelona, y –especialmente- sindical debido a su perdida de combatividad y de espíritu crítico desde la derrota en la huelga general de 1994 y la renuncia a seguir combatiendo. En Catalunya, hasta la derrota del Pujolismo, hubo cierta tolerancia e incluso complicidad entre movimientos e izquierda parlamentaria, salvo periodos de ruptura profunda, como sería el caso del violento desalojo de los últimos acampantes por el 0’7 de la Plaça Sant Jaume de Barcelona a finales de 1995, la división en el seno de la izquierda a raíz reforma laboral de 1996 -uno de los mayores retrocesos en derechos laborales de la clase trabajadora, cuyas contrapartidas nunca llegaron- o la inclusión como delito de la okupación, en una país donde los intereses de los lobbys del ladrillo han penetrado en profundidad en el seno del poder político, condicionando e incluso marcando su agenda, por tanto reprimiendo duramente la liberación de espacios y promoviendo su inclusión como delito, en un momento histórico -1996- en que los okupas contaban con gran popularidad entre la población de a pie con cierta conciencia social. Pese a que a podía intuirse choques a nivel local con una izquierda institucional que decía una cosa, y hacía otra en la gestión municipal, no sería hasta la creación del primer gobierno Maragall en que estas contradicciones estallan a un nivel mucho más evidente y generalizado, disipándose cualquier atisbo de tolerancia para pasar a tratar hostilmente a todo aquello que se mueve por la izquierda y que no es controlado.

En el mundo estudiantil, al igual que con Jordi Pujol, esto se reflejará en una o dos huelgas generales cada año en la educación superior, que serán ignoradas sistemáticamente por las instituciones. La última vez que se accedió a negociar algo fue en 1995 y consistió sólo en una congelación de tasas. Desde entonces los gobiernos de la Generalitat han ignorado sistemáticamente a los estudiantes y sus movilizaciones, fuesen del signo que fuesen. Es en ese momento cuando los estudiantes varian la estrategia de presión y movilizadota, y pasan a ocupar edificios e instalaciones de manera indefinida, a la vez que dan a los espacios ocupados carácter público y formativo alternativo; nada nuevo, puesto que es un herramienta de lucha procedente del movimiento obrero hace ya muchas décadas, y posteriormente aplicada en el mundo académico. De las ocupaciones de facultad de finales de 2008, solo perdurará con carácter simbólico la del edificio histórico de la Universitat de Barcelona, como rescoldo sobre el cual poder edificar nuevas movilizaciones tras el anestesiante periodo de vacaciones. De su desalojo, muy posiblemente propiciado por el caso Enric Duran, aflorarán todas las contradicciones que dejaran a la izquierda institucional catalana fuera de juego, y a parte de sus jóvenes militantes –algunos de ellos, activos militantes contra la implementación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior- perplejos y llenos de contradicciones difícilmente resolubles a corto plazo. Esta es una crónica de esos días.