El espejismo de la depuración de responsabilidades
Si existieran las quinielas en el mundo de la política, más de uno nos hubiésemos hecho millonarios ante la previsibilidad de las responsabilidades depuradas por los hechos del 18 de marzo. No se apartó del servicio ningún miembro de la Brigada Mòbil, ni ningún mando, ni se determinó quién fue el responsable de la actuación policial ni quién dio las órdenes. Por el contrario, venía anunciándose desde la prensa y en mentideros varios que iba a ser cesado el director de los Mossos d’Esquadra, Rafael Olmos, y su sustitución por Joan Delort. Ambos son dos cargos técnicos procedentes de la anterior administración de CiU, y son considerados próximos al PSC. Por tanto, Saura intenta nadar y guardar la ropa: no depura responsabilidades policiales en profundidad, lo que le supondría críticas no sólo por sus socios de gobierno, sino también por los grupos de oposición; ni tampoco cesa ningún cargo político en un intento de minimizar el desgaste visualizable, lo cual le desacredita ante el movimiento estudiantil y los sectores más dinámicos de la sociedad catalana. Intenta por medio del cesamiento de un cargo intermedio no político quedar bien con todo el mundo, a la espera de que el tiempo haga olvidar estos hechos. Frente a las voces internas y del entorno de ICV-EUIA que han pedido la salida de la Conselleria d’Interior, tanto Saura como la dirigencia de ICV ha utilizado el argumento de una supuesta labor de modernización de la policía catalana, expresada en la detección de un solo caso de torturas en comisaría filmado por una cámara instalada en las dependencias de Les Corts, a la cual se suma el “miedo a la derecha”, es decir, que un gobierno de CiU lo haría peor; axioma que llevado a sus últimas consecuencias blindaría a la coalición de Saura contra cualquier tipo de crítica desde la izquierda social, hasta la utópica desaparición como amenaza electoral de la formación de Artur Mas i Duran i Lleida. Sin embargo, desde el activismo social se ha constatado en los últimos años incluso un aumento de la brutalidad policial y de los métodos usados para reprimir manifestaciones por parte de la Brigada Mòbil de los Mossos d’Esquadra, hecho que ha dado alas al rumor de que Miquel Sellarés tomó como referencia a la policía israelí cuando el cuerpo catalán se conformó a primeros de los ochenta.
El show parlamentario / oposición extraparlamentaria / la calle sin voz
Tras una semana de dimes y diretes, al fin comparece el Conseller d’Interior ante el Parlament de Catalunya, en una sesión de control caracterizada por la ausencia de los diputados de EUiA –que se han mantenido casi en silencio estos días, fieles a los acuerdos con ICV y en la línea de no discrepar con sus socios electorales-, y por la escenificación, por momentos grotesca, de unos representantes electos que en ningún momento han querido representar a los sectores sociales agredidos, ni identificarse con sus reivindicaciones.
Para el PSC, la sesión fue “inútil” dado que el problema básicamente era de “los violentos”. ERC y CiU se acercaron a posiciones casi ultraderechistas, al hacer una defensa encarnizada del prestigio y el honor de la policía catalana, que supuestamente Saura estaría ultrajando con sus tímidas autocríticas. ERC incluso, por boca de Josep María Carod-Rovira, anunció el aterrizaje de la “kale borroka” en tierras catalanas, endureciendo el mito enarbolado durante todos estos días de los grupos violentos en el seno de los estudiantes. CiU, por su parte, en una entrevista concedida por Artur Mas a Mònica Terribas en TV3, se vanagloria de afirmar que “hubiese desalojado a los estudiantes mucho antes”, sin entrar a valorar ni las formas, ni los testimonios de abusos policiales, ni mucho menos el flagrante caso de violación de la autonomía universitaria en caso de que esa decisión partiese desde el gobierno. PP y Ciutadans, por su parte, se suman a la defensa de la actuación policial e incluso piden más contundencia; y en una lógica de oposición y desgaste al gobierno, piden la dimisión de Joan Saura. El conseller, por su parte, afirma que alguna actuación de los vídeos “no le gusta”, asume el error de desalojar el edificio de la Universitat de Barcelona el día antes de la gran manifestación contra la Llei d’Educació de Catalunya, sin valorar los excesos de dicha actuación, y obvia tanto la posible depuración de cargos policiales como políticos, más allá de ya cantada destitución de Joan Olmos. Asimismo, afirma que procederá a mejorar los equipos y las infraestructuras de la Brigada Mòbil, y que hubo errores al aislar insuficientemente a los mil veces mencionados “grupos violentos”,
Poco días después, todos los grupos parlamentarios, incluido ICV-EUIA, votan a favor de una resolución en la que se da luz verde a la aplicación del EEES en Catalunya23, en los términos ya conocidos, y rechazando de manera explícita las ocupaciones de facultad y los encierros universitarios que pusieron contra las cuerdas a las autoridades académicas y la conselleria en las últimas semanas de 2009. En una línea similar, la manifestación del 19 de marzo contra la LEC, que convocó a todos los sindicatos de la enseñanza en una manifestación multitudinaria a la que se sumaron las Asambleas de Estudiantes, tampoco fue apoyada por ningún grupo parlamentario ni ninguna fuerza política con representación, al mostrarse ICV favorable a su aprobación, y EUiA cambiar su posición negativa por otra mucho más ambigua y tendiente al sí de sus socios.