Economía

Guia notificación actos administrativos. Alberto Caminero Lobera

06/04/2021

Guia notificación actos administrativos. Alberto Caminero Lobera

En esta guía vamos a tratar la notificación y publicación de los actos administrativos, regulados en los artículos 58, 59 art y 60 LRJAP y PAC.

En cuanto a la notificación, cabe señalar que sólo se notificarán los actos que afecten a derechos e intereses legítimos de los interesados. El plazo de notificación será de 10 días hábiles a contar desde que se dictó el acto.

La notificación deberá indicar si el acto es definitivo o no en vía administrativa, recursos que caben contra ese acto y órgano competente para su interposición. 

Toda notificación que conteniendo el texto íntegro de la resolución y el intento de notificación debidamente acreditado omita alguno de los requisitos anteriormente indicados, se entenderá defectuosa (anulable).

La notificación defectuosa surtirá efectos si el interesado efectúa un acto del que se infiere que conoce su contenido o interpone el pertinente recurso.

La notificación se practicará a través de cualquier medio que deje constancia de la recepción por el interesado. Si el interesados o su representante rechazaren la notificación se tendrá por practicada y se hará constar el rechazo de la misma del expediente.

En cuanto a su publicación, ésta sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos cuando el interesado sea una masa indeterminada de personas y cuando la notificación practicada sea insuficiente, en cuyo caso, es adicional.

Hablemos ahora de la ejecutoriedad de los actos administrativos y medios para llevarla a cabo.

Cuando decimos ejecutoriedad, nos referimos a la prerrogativa que tiene la Administración para la realización material (obligar al cumplimiento) de sus actos cuando hayan sido incumplidos sin necesidad de  contactar para ello a los Tribunales de Justicia. Se le concede ese privilegio ya que sus actos se presumen legítimos y ajustados a derecho.

Como medios de ejecución forzosa, señalados en el artículo 96 LRJAP y PAC, se encuentran el apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.

La Administración no puede elegir el medio de ejecución. El medio lo determina la ley y, en los casos en que pudiera elegirlo, tendrá que elegir el menos  restrictivo de los derechos de los ciudadanos.El apremio sobre el patrimonio se usa cuando el acto incumplido sea una cantidad liquida de dinero que se adeude a la Administración. Consiste en embargar o trabar bienes del obligado para proceder posteriormente a su subasta o enajenación (venta) aplicando el importe obtenido al pago de la deuda.

La ejecución subsidiaria se empleará cuando el acto administrativo incumplido no tenga carácter personalísimo (lo puede realizar un tercero). Consiste en que un tercero (persona distinta del obligado) va a realizar el acto a costa del obligado.

GUIA DE DEDERCHO ADMINISTRATIVO ALBERTO CAMINERO LOBERA 

En cuanto a las multas, son cantidades de dinero que la ley impone al que ha incumplido un acto administrativo con la intención de hacerle cumplir. Segun Alberto Caminero Lobera es compatible la multa coercitiva y sancionadora (que sólo pretende sancionar) ya que sus finalidades son distintas.En la multa coercitiva, son multas que se establecen mediante norma con rango de ley y se puede repetir o reiterar en los casos del artículo 99. Es una cantidad fija o porcentaje sobre otra cantidad.

Los casos del art  99 LRJAP y PAC son los siguientes:Cuando así lo autorizan las leyes, y en la forma que estas determinen, las administraciones públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado en los siguientes supuestos:

  • Cuando son actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
  • Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
  • Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

Por último, la compulsión sobre las personas se utiliza cuando el acto administrativo incumplido es personalísimo y consiste en una obligación de no hacer o de soportar algo. La Administración va a poder utilizar incluso la fuerza física para obligar el cumplimiento del acto en los casos que prevea la ley expresamente, siempre con el respeto máximo a la dignidad de la persona y a los derechos reconocidos en la CE ads100) por ej. desalojar un edificio para su derribo, disolver manifestación ilegal, …). Esos casos son: 

  • Cuando siendo actos personalísimos no procede la compulsión directa sobre la persona.
  • Cuando procediendo la compulsión la Administración no lo considere conveniente.
  • Cuando se trate de actos que el obligado pueda encargar a otra persona.

El procedimiento a seguir está detellado en la ley. Deben demostrar el no cumplimiento del acto. El título es precisamente el recibo en que conste la fecha máxima de pago o de cumplimiento del acto. Además, la administración no puede elegir el medio de ejecución. Lo determina la ley y, en los casos en que pudiera elegirlo, tendrá que elegir el menos  restrictivo de los derechos de los ciudadanos.

ALBERTO CAMINERO LOBERA 

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