La lucha contra el cambio climático y la recuperación de la naturaleza requieren una inversión considerable. Según el informe de la ONU sobre el Estado de las Finanzas para la Naturaleza, el mundo necesita un adicional de 4,1 billones de dólares (3,2 billones de libras esterlinas) para cumplir con las metas de clima, biodiversidad y degradación de tierras para el año 2050.
Actualmente, la mayor parte de esta financiación proviene de fuentes públicas, que aportan 133 mil millones de dólares. La atención se ha centrado en cerrar esta «brecha de inversión» a través de la financiación privada, comúnmente conocida como finanzas verdes. Este discurso ha llevado a muchos a considerar la inclusión de inversores corporativos como una verdad autoevidente.
Existen numerosas iniciativas que buscan asegurar inversiones privadas para restaurar la naturaleza, especialmente a través de mercados de carbono y biodiversidad. Sin embargo, se está pasando por alto un riesgo significativo: cuando asignamos un precio a algo que la naturaleza nos ha proporcionado, esto transforma fundamentalmente nuestra relación con ella.
La economía global ya se basa en la mercantilización de la naturaleza. Desde hace milenios, la comida y el combustible se han comprado y vendido. No obstante, ahora estamos ampliando este enfoque a elementos de la naturaleza que antes no se comercializaban, como el carbono o la biodiversidad en sí misma.
Este proceso puede modificar nuestra motivación hacia la conservación. Anteriormente, se podía tener la obligación moral de salvar una especie o un hábitat, pero al mercantilizarlos, nuestra motivación puede cambiar a «conservar porque es rentable.» El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó esta visión durante el lanzamiento del informe sobre el Estado de las Finanzas para la Naturaleza en 2021, afirmando que «al obtener beneficios de soluciones basadas en la naturaleza, podemos mejorar enormemente el bienestar y la prosperidad humana.»
Este enfoque también aumenta el riesgo de desigualdad. La mayor parte de la tierra del mundo es propiedad de unas pocas personas, lo que les otorga una ventaja al vender créditos de carbono, por ejemplo, plantando árboles o protegiendo pantanos en sus terrenos. Esto concentra la capacidad de generar ingresos a partir del carbono en manos de unos pocos, similar a cómo los grandes propietarios pueden cobrar alquileres y acumular más riqueza.
La narrativa implícita a favor de la mercantilización
El Reino Unido es un caso paradigmático donde la búsqueda de financiación privada para abordar las crisis climáticas y de biodiversidad ha llevado a ignorar los problemas derivados de la mercantilización de la naturaleza. En 2023, el gobierno británico estableció un objetivo de estimular 500 millones de libras esterlinas anuales en inversiones privadas para la recuperación de la naturaleza, con la intención de aumentar esta cifra a 1.000 millones para 2030. Hasta ahora, no hay indicios de que el gobierno laborista electo en 2024 cambie esta estrategia.
Sin embargo, al analizar 19 documentos de políticas y asesoramiento que componen esta estrategia de finanzas verdes, se encontró que la mayoría de ellos abordan los riesgos desde la perspectiva de cómo afectan a los inversores o al mercado. Hay un extenso debate sobre la incertidumbre en torno a los retornos financieros y la posibilidad de perder la confianza del consumidor debido al «greenwashing.» Solo un documento, que discute el «capital natural,» proporciona ejemplos específicos de amenazas éticas y culturales para las comunidades rurales.
En general, parece haber una narrativa implícita que favorece la mercantilización. No es que los riesgos sean desconocidos, sino que el marco se centra de manera decidida en las cuestiones comerciales, priorizando los desafíos potenciales para consumidores e inversores, en lugar de nuestra relación con la naturaleza. Mientras tanto, surgen más historias sobre políticas de «compensación de carbono» basadas en el mercado que benefician a los grandes terratenientes y pueden aumentar las desigualdades rurales, impidiendo que las comunidades locales accedan a los ingresos generados por parques eólicos, bosques o pantanos.
Los interesados en obtener beneficios de la naturaleza pueden minimizar los problemas relacionados con la mercantilización. Además, estos mismos problemas pueden ser inadvertidamente ignorados por personas comprometidas con la recuperación de la naturaleza, pero frustradas por la lentitud del progreso. Sin embargo, si no reflexionamos sobre cómo la financiación privada verde transforma fundamentalmente nuestra relación con la naturaleza, podríamos empeorar las cosas.
No se descarta la posibilidad de iniciativas éticas para invertir en la naturaleza, pero simplemente aplicar «buenos estándares» no será suficiente. Es necesaria una profunda reflexión colectiva sobre si esto es realmente lo que queremos como sociedad y, de ser así, cómo prevenir y mitigar eficazmente esos riesgos.
