Un grupo de tres senadores demócratas de Estados Unidos ha solicitado al gobierno de Donald Trump que aclare cómo se ha llevado a cabo el análisis de una propuesta que busca eliminar las protecciones de hábitat para las especies en peligro y amenazadas. En una carta enviada el lunes a los departamentos de Interior y Comercio, los senadores Adam Schiff, Sheldon Whitehouse y Cory Booker han expresado su preocupación por las implicaciones de esta regulación.
Modificación de la Ley de Especies en Peligro
El núcleo del debate radica en la definición de «daño» dentro de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act). Esta ley ha incluido históricamente la alteración o destrucción de los hábitats de estas especies, que constituye la principal causa de extinción. Sin embargo, el mes pasado, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. y el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas propusieron una nueva regla que establece que la modificación del hábitat no debería considerarse daño, ya que no equivale a la acción intencionada de atacar a una especie, término conocido como «take».
Los ambientalistas han argumentado que esta nueva interpretación podría facilitar que industrias y desarrolladores aleguen que no tenían la intención de causar daño a las especies en peligro, lo que podría llevar a una mayor amenaza de extinción para especies críticamente amenazadas como el pantera de Florida y el búho manchado.
Los senadores han advertido que esta propuesta podría poner en riesgo los avances logrados en la conservación de especies que anteriormente habían estado al borde de la extinción, como las águilas calvas, los lobos grises, los manatíes de Florida y las ballenas jorobadas. En su carta, los legisladores han calificado la medida como un intento de eludir la Ley de Especies en Peligro de Extinción, subrayando que «es ampliamente reconocido que una especie no puede sobrevivir sin un lugar seguro al que llamar hogar».
Además, han exigido al gobierno que explique cómo se podría hacer cumplir la ley en medio de los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, por despedir personal federal y recortar los presupuestos de las agencias.
La propuesta se encuentra actualmente en un periodo de comentarios públicos de 30 días, y los ambientalistas han manifestado su intención de impugnarla legalmente si llega a ser adoptada. Hasta el momento, los departamentos de Comercio e Interior no han respondido a las solicitudes de comentarios.
