Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta una serie de propuestas sobre cómo los países deberían abordar la formalización de la economía informal. Este documento servirá como base para las negociaciones sobre el tema en la Conferencia Internacional del Trabajo que se llevará a cabo en Ginebra en junio de 2025.
La formalización de la economía informal es un asunto candente, especialmente para los países africanos. En naciones como Nigeria y Ghana, más del 80% de la fuerza laboral opera en la informalidad. Según el informe de la OIT, esta economía informal representa una «barrera estructural» para la justicia social y el trabajo decente, dado que las empresas informales no contribuyen al fisco, lo que impide a los gobiernos financiar sus objetivos de desarrollo sostenible.
Desde mi experiencia en investigación y trabajo en políticas relacionadas con la economía informal, sostengo que el análisis de la OIT y sus soluciones propuestas son defectuosos. A mi juicio, se enmarcan dentro de una tradición de pensamiento erróneo sobre la formalización del trabajo informal.
La OIT sostiene que todos los «trabajadores independientes» deberían ser «integrados» bajo leyes que regulen a las empresas. Además, asume que proporcionar a estos trabajadores acceso a financiación, capacitación en negocios y habilidades, así como acceso a mercados, resultará en empresas más «productivas» que generen empleo. Estoy en desacuerdo con esta perspectiva.
Las falacias del enfoque actual
Según el informe de la OIT, las razones por las cuales los «trabajadores independientes» no se formalizan son la falta de capital para ser productivos, los altos costos de cumplimiento normativo y la desconfianza hacia las instituciones estatales. Esta lógica sugiere que el Estado debería: apoyar a las empresas para aumentar su productividad y rentabilidad; reducir los costos de cumplimiento; hacer las instituciones más confiables; y reformar la política industrial para mejorar la productividad y crear empleo. Sin embargo, estos enfoques no han funcionado.
Si el objetivo es el trabajo decente, la mayoría de las personas en el sector informal deberían estar bajo el amparo de la legislación laboral, en lugar de la legislación empresarial. A lo largo de las décadas, las políticas hacia el sector informal han cambiado. En la década de 1980, se consideraba que simplificar regulaciones y crear derechos de propiedad era la solución para que las microempresas informales se formalizaran. Este enfoque fue popularizado por el economista peruano Hernando De Soto en su libro «El otro camino: La revolución invisible en el Tercer Mundo».
En la década de 1990, el acceso al crédito, mercados, y la capacitación en negocios y habilidades, conocidos como «servicios de desarrollo empresarial», se convirtieron en la estrategia clave. A pesar de los esfuerzos, la informalidad ha aumentado en todas partes, lo que se refleja en el informe de la OIT.
El informe agrupa a los empleadores y a los trabajadores por cuenta propia en una sola categoría: «trabajadores independientes». Sin embargo, los datos de la OIT indican que los trabajadores por cuenta propia constituyen el 47% de los trabajadores informales, y menos del 3% son empleadores. En África, esta proporción es aún mayor, siendo los vendedores ambulantes una parte significativa del empleo informal.
El objetivo de «integrarlos a la regulación, con las ventajas y obligaciones que ello conlleva» para lograr un trabajo decente y aumentar la base impositiva, se basa en suposiciones erróneas. Tanto los trabajadores por cuenta propia como los vendedores ambulantes ya están regulados por normativas de salubridad y de orden público, y contribuyen al fisco mediante impuestos locales.
Además, el informe reconoce que los trabajadores por cuenta propia sufren violencia y acoso en sus lugares de trabajo. La violencia, los arrestos y la confiscación de bienes por parte de funcionarios municipales y de la policía son prácticas comunes. Para lograr un trabajo decente, es necesario que estos trabajadores se organicen colectivamente.
La legislación laboral reconoce que los intereses de los trabajadores y empleadores no están alineados. Proporciona un marco de negociación colectiva para que los trabajadores puedan negociar como grupo. Aunque actualmente la legislación laboral solo cubre a los empleados, propongo que se reforme para incluir a los trabajadores por cuenta propia. Los vendedores ambulantes y otros trabajadores autónomos están aquí para quedarse, y reformar la legislación laboral para garantizar su derecho a la negociación colectiva debería ser una parte crítica de la formalización.
