La Comisión Europea ha anunciado su intención de retirar las nuevas normativas contra el greenwashing, un término que describe la práctica de las empresas de hacer afirmaciones engañosas sobre sus productos en términos de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Este giro se produce tras la presión ejercida por legisladores conservadores que consideran que las regulaciones propuestas son demasiado gravosas para el sector empresarial.
La «Directiva sobre las Reclamaciones Ecológicas» obligaría a las empresas a aportar evidencias concretas que respalden sus afirmaciones sobre productos que se comercializan como carbono-neutro, biodegradables o «menos contaminantes». Las empresas tendrían que someter estas pruebas a la verificación de terceros independientes, enfrentándose a multas y otras sanciones en caso de incumplimiento.
Maciej Berestecki, portavoz de la Comisión en asuntos medioambientales, ha señalado que, dada la situación actual, se ha decidido desistir de la propuesta. Este cambio se produce justo cuando se estaba ultimando el texto en negociaciones tripartitas, con una reunión final prevista para el lunes. El Partido Popular Europeo (EPP), la mayor fuerza parlamentaria, ha expresado su desacuerdo con el contenido de la normativa y ha solicitado su retirada.
Implicaciones y reacciones
La decisión de la Comisión ha sido recibida con satisfacción por parte de Danuse Nerudova, negociadora del EPP, quien ha calificado la propuesta de «excesivamente compleja» y ha criticado la falta de una evaluación de impacto que demuestre que los beneficios de la normativa superarían las cargas impuestas a las empresas. «Necesitamos una regulación clara, proporcionada y basada en evidencia», afirmó Nerudova.
Por el contrario, la reacción de otros legisladores ha sido crítica. Sandro Gozi, del grupo centrista Renew, ha calificado la retirada de la normativa como «vergonzosa», argumentando que es inaceptable que el EPP, en colaboración con la extrema derecha, intente socavar una legislación fundamental destinada a proteger a los ciudadanos europeos de fraudes ambientales corporativos.
Desde las elecciones del año pasado, que llevaron a un cambio hacia la derecha en el Parlamento Europeo, la Unión ha iniciado una agenda de reducción de la burocracia, que algunos consideran que compromete la integridad del «Pacto Verde Europeo» impulsado por Ursula von der Leyen. Esta normativa, que requeriría a las empresas garantizar que sus cadenas de suministro globales están libres de abusos éticos y medioambientales, ha visto su implementación retrasada hasta 2028, dejando su futuro en un estado de incertidumbre.
La legislación sobre las reclamaciones ecológicas era una de varias iniciativas de la UE destinadas a combatir el greenwashing, complementada por otra ley aprobada el año pasado que prohíbe afirmaciones generales y difusas, como etiquetar productos como «ecológicos» o «naturales». Este contexto resalta la tensión entre la necesidad de regulación ambiental y las preocupaciones sobre la carga que tales regulaciones podrían imponer a las empresas, un dilema que está marcando la agenda política en Europa.
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