El reciente avance legislativo en los Estados Unidos, conocido como el One Big Beautiful Bill Act, ha suscitado un intenso debate en torno a la política energética del país. Esta ley, que ha sido aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, marca un claro retroceso en el apoyo a las energías renovables, favoreciendo en su lugar a las industrias de petróleo, gas y carbón. El presidente Donald Trump ha manifestado su intención de revertir la tendencia hacia las energías limpias, defendiendo un enfoque centrado en los combustibles fósiles como la solución a las crecientes necesidades energéticas del país.
Durante una reciente entrevista, Trump expresó su aversión hacia las energías renovables, describiendo las instalaciones de energía eólica y solar como elementos perjudiciales para el paisaje. «No quiero turbinas eólicas destruyendo nuestro lugar», afirmó, subrayando su compromiso con una política energética que prioriza la explotación de recursos tradicionales. Esta postura ha encontrado eco entre las organizaciones que representan a la industria energética, que consideran la nueva legislación como un triunfo de sus intereses.
Beneficios para la industria de combustibles fósiles
El texto legislativo no solo facilita la exploración y producción de petróleo y gas en tierras y aguas federales, sino que también reduce las regalías que las empresas pagan al gobierno, incentivando una mayor extracción. De acuerdo con Mike Sommers, presidente del Instituto Americano del Petróleo, esta ley representa una transformación significativa en el acceso a recursos energéticos, alineándose con las prioridades de la industria.
Además, la ley promueve el uso de tecnologías de captura de carbono, permitiendo a las compañías de petróleo beneficiarse de créditos fiscales por inyectar emisiones en pozos para aumentar la producción de crudo. Esta estrategia refleja un enfoque pragmático hacia la sostenibilidad, que busca equilibrar la demanda energética con la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático.
En contraste, las energías solar y eólica se ven perjudicadas por la eliminación gradual de los créditos fiscales que han sido esenciales para su desarrollo en las últimas décadas. Estos incentivos, que han estado vigentes desde 2005 y 1992, respectivamente, están programados para desaparecer en su totalidad para proyectos que entren en funcionamiento después de 2027, a menos que comiencen su construcción en el año siguiente a la promulgación de la ley.
La reacción de los líderes de la industria de energías renovables ha sido de preocupación. Abigail Ross Hopper, directora ejecutiva de la Asociación de Industrias Solares, ha declarado que esta legislación socava los cimientos de la recuperación manufacturera y el liderazgo energético global de los Estados Unidos. La eliminación de los créditos fiscales para componentes fabricados en EE. UU. podría resultar en un frenazo significativo de las inversiones en el sector, lo que, a su vez, podría llevar al cierre de fábricas y a una reducción de la capacidad industrial nacional.
