El 25 de junio de 2025, cuatro días después de que Estados Unidos llevara a cabo bombardeos aéreos sobre las instalaciones nucleares de Irán en Fordow, Natanz e Isfahan, el Parlamento iraní aprobó de forma abrumadora un proyecto de ley para suspender la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Esta legislación fue enviada inmediatamente al Consejo de Guardianes para su aprobación y fue oficialmente promulgada por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el 2 de julio de 2025.
Irán sostiene que la IAEA «cometió una traición» al régimen de no proliferación nuclear al presentar un «informe engañoso» sobre el programa nuclear pacífico del país ante la Junta de Gobernadores de la IAEA. Según Teherán, este informe sirvió de base para la reciente resolución antiiraní adoptada por la Junta y proporcionó a Israel el pretexto para lanzar agresiones militares contra Irán.
La escalada de tensiones se intensificó el 13 de junio, cuando un día después de que la Junta de Gobernadores de la IAEA aprobara su resolución contra Irán, Israel realizó ataques aéreos dirigidos contra objetivos civiles, militares y nucleares en el país, justificando sus acciones al considerar que el programa nuclear iraní representaba una amenaza para Tel Aviv.
Sin embargo, pocos días después del inicio de los ataques israelíes, el Director General de la IAEA, Rafael Grossi, hizo una admisión tardía al afirmar que la agencia no tenía pruebas de esfuerzos sistemáticos por parte de Irán para desarrollar armas nucleares. Este punto crucial, que debió haberse incluido en el informe original de Grossi, podría haber evitado la guerra de Israel contra Irán.
Motivos tras la suspensión de la cooperación con la IAEA
Los bombardeos estadounidenses causaron daños significativos en las instalaciones nucleares iraníes, aunque la magnitud total del daño –incluyendo el destino de más de 400 kilogramos de uranio enriquecido– sigue sin estar clara. Mientras Donald Trump afirmó que los ataques «destruyeron completamente» estos sitios, los medios estadounidenses han refutado esa afirmación, informando sobre daños mínimos y destacando la capacidad de Irán para una rápida reconstrucción.
Las autoridades iraníes han reconocido el daño considerable a sus instalaciones nucleares, pero la ausencia de inspectores de la IAEA ha impedido que la agencia proporcione una evaluación precisa del alcance de los daños. A pesar de que la IAEA ha solicitado acceso a inspectores, con la nueva ley, Irán probablemente avanzará en sus programas nucleares sin la supervisión de la IAEA o cámaras de monitoreo operativas durante un período considerable.
La inexactitud y parcialidad del informe de la IAEA, que condujo al ataque israelí, ha brindado a Irán la oportunidad de suspender temporalmente su «cooperación voluntaria» con la agencia. Esto le permite a Irán utilizar la ausencia de inspectores como una oportunidad para reconstruir rápidamente los daños sufridos y ejercer presión sobre sus adversarios.
Por lo tanto, esta legislación puede ser vista como una herramienta política para que Irán resista presiones externas, especialmente para hacer retroceder a las partes europeas y evitar que se active el mecanismo de reactivación de sanciones. Además, los ataques estadounidenses se produjeron en un contexto de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. Así, si Irán decide no volver a la mesa de negociaciones nucleares o retrasar las conversaciones indefinidamente, no se le podrá culpar por ello, dado que Estados Unidos, al llevar a cabo un ataque ilegal a sus instalaciones nucleares, ha cerrado el camino hacia la diplomacia.
Respecto a la «Ley de Suspensión de la Cooperación de Irán con la IAEA,» varios puntos clave deben ser destacados:
1. La ley no utiliza el término «terminación de inspecciones,» sino «suspensión de inspecciones,» lo que implica su naturaleza temporal.
2. La implementación de la ley está condicionada. Según la legislación, los inspectores de la IAEA podrán reanudar sus actividades de monitoreo en las instalaciones nucleares de Irán únicamente si se cumplen dos condiciones:
- a) Asegurar el pleno respeto por la soberanía nacional de Irán y la integridad territorial, así como la seguridad de las instalaciones nucleares y de los científicos nucleares, según lo establecido por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC).
- b) Asegurar el pleno reconocimiento de los derechos inherentes de Irán para disfrutar de todos los privilegios estipulados en el Artículo IV del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), especialmente el enriquecimiento de uranio dentro del país, según lo determinado por el SNSC.
La decisión sobre cuándo las instalaciones nucleares de Irán y sus actividades se consideren lo suficientemente seguras para el regreso de los inspectores de la IAEA será tomada por el SNSC de Irán. Por lo tanto, no parece que Irán tenga la intención de cortar permanentemente el acceso de los inspectores de la IAEA a sus instalaciones nucleares. Más bien, el movimiento del parlamento iraní sirve principalmente como un palanca política para que Irán, como firmante del TNP, no retroceda en su derecho al enriquecimiento nuclear y utilice todas las herramientas políticas posibles para contrarrestar la presión externa.
Esta legislación –una respuesta calculada por parte de Irán– no compromete el compromiso continuo del país con el Tratado de No Proliferación Nuclear, ya que Irán sigue plenamente obligado por sus responsabilidades de no proliferación. En cambio, actúa como un instrumento estratégico para obligar a las potencias occidentales, particularmente a Estados Unidos, a reconocer formalmente los derechos nucleares legítimos de Irán en el marco del TNP, específicamente su derecho a la tecnología nuclear pacífica, incluido el enriquecimiento de uranio para fines civiles. La medida refuerza efectivamente la posición de negociación de Irán mientras mantiene su cumplimiento técnico con los estándares internacionales de no proliferación.
