La administración de Donald Trump se encuentra en la fase de preparación para modificar una determinación científica fundamental sobre los daños de los gases de efecto invernadero, la cual es crucial para la capacidad del gobierno de Estados Unidos para abordar el cambio climático. Un proyecto de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para cambiar lo que se conoce como el «Endangerment Finding» fue enviado a la Casa Blanca el 30 de junio, según informó un portavoz de AFP. Se espera un anuncio inminente sobre este asunto, que plantea importantes implicaciones si se revoca la determinación.
¿Qué es el Endangerment Finding?
La Ley de Aire Limpio de 1970 otorgó a la EPA la autoridad para regular la «contaminación del aire que pueda anticiparse razonablemente que ponga en peligro la salud pública o el bienestar». Durante décadas, esta legislación se aplicó a contaminantes como el plomo, el ozono y el hollín. Sin embargo, a medida que la ciencia climática avanzó en la comprensión de los peligros de los gases de efecto invernadero en los años 2000, una coalición de estados y grupos sin ánimo de lucro solicitó a la EPA incluirlos en la ley, enfocándose en los vehículos de motor.
Este asunto llegó hasta la Corte Suprema, que en 2007 dictó que los gases de efecto invernadero califican como contaminantes del aire y ordenó a la EPA revisar su postura. Esto condujo al Endangerment Finding de 2009, que declaró los gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud pública y el bienestar, basado en un consenso científico abrumador y en investigaciones revisadas por pares.
Como explicó Meredith Hankins, abogada senior en clima y energía del Natural Resources Defense Council, «ese hallazgo de 2009 formó la base de todas las regulaciones posteriores de la EPA». Desde entonces, la agencia ha emitido estándares de gases de efecto invernadero para las emisiones de los vehículos y las plantas de energía, entre otros.
La postura de la administración Trump
El Endangerment Finding ha resistido múltiples desafíos legales, y aunque la primera administración de Trump consideró revertirlo, finalmente se contuvo. Sin embargo, este hallazgo se ha convertido en un objetivo directo del Proyecto 2025, un plan de gobernanza de extrema derecha muy seguido por la administración actual. En marzo, la EPA, bajo la dirección de Lee Zeldin, anunció una reconsideración formal de este hallazgo.
La administración argumentará que los costos económicos de la regulación han sido subestimados y minimizará el papel de las emisiones de vehículos en el cambio climático, a pesar de que el transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Dena Adler, del Instituto de Integridad de Políticas de la Universidad de Nueva York, ha señalado que «si las emisiones de vehículos no se consideran una contribución al cambio climático, es difícil imaginar qué lo sería».
Desde 1970, Estados Unidos ha emitido más gases de efecto invernadero basados en vehículos que los siguientes nueve países combinados, según un análisis que pronto se publicará.
La EPA ha manifestado que se apoyará en decisiones judiciales recientes, incluyendo una sentencia histórica de 2024 que limitó el poder regulador federal. Sin embargo, los expertos legales advierten que la administración enfrentará un desafío considerable. «Tomará algunos años para que la regla se finalice y llegue a la Corte Suprema para su revisión», comentó Adler.
Si la EPA pierde ante la Corte Suprema, el caso se devolverá, y la EPA tendrá que empezar de nuevo, momento en el cual el mandato de Trump podría estar cerca de su fin. Para tener éxito, el tribunal podría necesitar revocar su propia decisión de 2007 que condujo al Endangerment Finding, un escenario complicado dado que ninguno de los jueces que redactaron la opinión mayoritaria permanece en el banco.
A pesar de esto, las fuerzas del mercado podrían amortiguar el impacto de cualquier retroceso. Como ha señalado John Tobin-de la Puente, profesor en la escuela de negocios de la Universidad de Cornell, «las utilidades que realizan inversiones a largo plazo y las empresas que compran bienes de capital destinados a ser utilizados durante décadas no basarán esas decisiones en cambios de política a corto plazo».
