En el marco de la reciente legislación fiscal y de gasto impulsada por el expresidente Donald Trump, se ha incluido una disposición que ha pasado desapercibida para muchos, pero que pone en jaque la permanencia del icónico transbordador espacial Discovery en el museo Smithsonian de Virginia. La propuesta busca trasladar esta emblemática nave al centro espacial de Houston, Texas, un proyecto que ahora se enfrenta a serias incertidumbres legales y logísticas.
La Institución Smithsonian ha expresado su firme oposición a esta medida, argumentando que el Congreso carece de autoridad para disponer de lo que considera una propiedad privada. Según la institución, el Discovery fue transferido a su custodia por la NASA en 2012 bajo el acuerdo de que sería preservado como un bien público. «El Smithsonian posee el Discovery y lo mantiene en fideicomiso para el pueblo estadounidense», afirmaron en un comunicado reciente.
La iniciativa para mover el Discovery comenzó en abril con la introducción del «Bring the Space Shuttle Home Act» por parte del senador republicano de Texas, John Cornyn. Este proyecto fue finalmente incluido en la extensa legislación conocida como el «Big Beautiful Bill», que fue firmada el 4 de julio. Aunque se asignaron 85 millones de dólares para el traslado, la Oficina de Investigación del Congreso ha estimado que el costo real podría ascender a 325 millones de dólares, lo que plantea dudas sobre la viabilidad del plan.
Retos y controversias
El traslado del Discovery no solo enfrenta obstáculos legales, sino también técnicos. NASA previamente utilizó dos Boeing 747 modificados para transportar transbordadores retirados, pero actualmente uno se encuentra como pieza de museo y el otro está fuera de servicio. Esto limita las opciones de transporte, que podrían incluir el uso de tierra o agua. Sin embargo, los expertos advierten que la logística de un transporte acuático sería extremadamente complicada, dado que la entrada más cercana al río Potomac se encuentra a unos 30 kilómetros, y podría ser demasiado poco profunda para el transbordador, lo que complicaría aún más su traslado.
Dennis Jenkins, un ingeniero retirado de la NASA, ha señalado que los costos del movimiento podrían alcanzar cifras cercanas a mil millones de dólares. Además, Nicholas O’Donnell, un abogado especializado en leyes de museos y arte, ha subrayado que, si el Smithsonian tiene la documentación adecuada, ni el secretario de Transporte, Sean Duffy, ni ningún miembro del gobierno federal tendría autoridad para ordenar el traslado del Discovery.
La posibilidad de que el gobierno invoque la «dominio eminente» para apoderarse de la propiedad privada también se ha planteado, aunque esto implicaría compensar a la institución por su valor de mercado. Sin embargo, el Smithsonian, aunque independiente legalmente, depende en gran medida de fondos federales, lo que la hace vulnerable en este contexto político.
Este intento de trasladar el Discovery, uno de los últimos vestigios de un programa espacial que culminó en 2011 tras tres décadas de exploración, no solo ha generado tensiones políticas, sino que también ha reavivado el debate sobre la custodia y el legado de los logros de la NASA. La controversia pone de manifiesto las complejidades de la interacción entre la política, la cultura y la ciencia, en un momento en que el futuro de la exploración espacial sigue siendo un tema de gran relevancia en la sociedad estadounidense.
