La reciente renuncia del jefe del equipo de búsqueda y rescate urbano de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tras las devastadoras inundaciones en Texas el 4 de julio de 2025 ha puesto de manifiesto los problemas estructurales que enfrenta la agencia. Según informes de medios, su frustración con los obstáculos burocráticos que retrasaron la respuesta al desastre refleja una crisis de efectividad en FEMA, que desde su integración en el Departamento de Seguridad Nacional en los años 2000 ha sido objeto de críticas por la ineficiencia en su operativa.
La administración de Trump ha comenzado a reducir el personal de FEMA y ha planteado la posibilidad de desmantelar la agencia, trasladando más responsabilidades de respuesta a desastres a los estados. Sin embargo, la gestión federal de emergencias es crucial en Estados Unidos, y su debilitamiento podría tener consecuencias graves, especialmente en un contexto de cambio climático que intensifica la frecuencia y gravedad de los desastres naturales.
La evolución del manejo de desastres en EE.UU.
Antes de 1950, la respuesta a desastres no era considerada una responsabilidad federal. Las comunidades, junto con organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Americana, eran las encargadas de proporcionar asistencia. La ayuda federal se solicitaba caso por caso, y los recursos eran limitados, dependiendo de una certificación militar que validara que el desastre superaba las capacidades locales.
El gran desastre del Gran Inundación del Misisipi en 1927 y la crisis de los años 30, conocida como el Dust Bowl, evidenciaron la necesidad de una respuesta más estructurada. A partir de 1928, con la Ley de Control de Inundaciones, el gobierno federal comenzó a asumir un rol más activo en la gestión de desastres, aunque la coordinación entre agencias seguía siendo deficiente.
En 1950, se aprobó la Ley Federal de Asistencia en Desastres, que otorgó al presidente la responsabilidad de determinar cómo se distribuyeron los fondos de ayuda. Esta legislación sentó las bases para la creación de FEMA en 1979, que fue diseñada como una agencia independiente con el objetivo de coordinar la respuesta federal a desastres, apoyando a los gobiernos estatales y locales.
Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, FEMA perdió su autonomía al ser integrada en el Departamento de Seguridad Nacional, cuyo enfoque se centró más en la lucha contra el terrorismo que en la gestión de desastres naturales. A partir de entonces, la agencia ha enfrentado críticas por su ineficiencia, especialmente durante el huracán Katrina en 2005, donde la falta de preparación y de liderazgo adecuado llevó a una respuesta caótica.
Recientemente, los cambios en la dirección de FEMA y la falta de personal capacitado han generado preocupación. La administración actual ha impuesto políticas que ralentizan la toma de decisiones, lo que podría costar vidas en situaciones críticas. La propuesta de desmantelar FEMA y transferir la responsabilidad a los estados se percibe como una medida que podría agravar la situación, dado que muchos estados ya enfrentan dificultades financieras para manejar desastres de gran magnitud.
Algunos legisladores han sugerido restaurar FEMA como una agencia independiente a nivel de gabinete, lo que podría mejorar la agilidad en la respuesta a desastres. Menos capas de gestión facilitarían la movilización rápida de recursos, y una mayor autonomía permitiría a la agencia actuar con más eficacia y equidad en la distribución de ayuda.
