El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado una emergencia de seguridad pública en Washington y ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país, justificando la medida por un aumento de la delincuencia violenta y el deterioro urbano. Esta decisión, que ha generado un intenso debate político, se enmarca dentro de un contexto complicado en el que se han planteado serias dudas sobre la veracidad de las afirmaciones del mandatario.
Justificación de la emergencia
El orden ejecutado por Trump, que invoca la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Hogar de 1973, coloca temporalmente el departamento de policía de Washington bajo control federal y ha resultado en el despliegue de 800 soldados de la Guardia Nacional. La administración argumenta que la ciudad enfrenta una de las tasas más altas de homicidios y robos entre las grandes ciudades de EE. UU., señalando una tasa de homicidios de más de 27 por cada 100.000 residentes y robos de vehículos más de tres veces por encima de la media nacional.
El presidente, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, afirmó que Washington «debe recuperar su capital», haciendo hincapié en la necesidad de desmantelar los campamentos de personas sin hogar, aunque no presentó un plan claro sobre a dónde irían las miles de personas desplazadas.
Sin embargo, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha calificado la decisión de Trump como «inquietante e sin precedentes», defendiendo el control local sobre su departamento de policía. En su intervención, Bowser subrayó que, contrariamente a la narrativa del presidente, los delitos violentos han disminuido en la ciudad, alcanzando un mínimo de 30 años en comparación con el aumento de 2023, con una reducción del 26 % en la delincuencia violenta según datos del departamento de policía local.
Reacciones y desafíos legales
La decisión ha suscitado críticas de varios sectores, incluidos los demócratas, quienes han denunciado el movimiento como un intento de usurpación de poder y un acto de distracción. El senador de Illinois, Dick Durbin, ha calificado la acción de «teatro político», argumentando que Trump ignora los progresos en la reducción de la delincuencia que ha realizado la ciudad.
El procurador general de D.C., Brian Schwalb, se ha manifestado en contra de las acciones del gobierno federal, tildándolas de «sin precedentes, innecesarias e ilegales», y ha anunciado que se están considerando todas las opciones legales para proteger los derechos y la seguridad de los residentes de la capital.
Aunque la Ley de 1973 otorgó a D.C. más autoridad sobre sus propios asuntos, el presidente mantiene el poder de desplegar la Guardia Nacional en la ciudad. Esta no es la primera vez que se utilizan fuerzas militares en el territorio estadounidense; durante las protestas de Black Lives Matter en 2020, la Guardia Nacional fue criticada por su actuación, y también fue movilizada el 6 de enero de 2021, cuando los seguidores de Trump asaltaron el Capitolio.
La reciente movilización de tropas en Washington se añade a una serie de acciones que han puesto en cuestión los límites del uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, generando un intenso debate legal sobre la creciente presencia militar en el país.
