El 19 de agosto, una coalición de grupos medioambientales y legisladores estatales instó al gobernador de California, Gavin Newsom, a implementar normas más estrictas para reducir la contaminación por plástico en los océanos y en el paisaje californiano. Esta llamada a la acción se produce cinco meses después de que Newsom detuviera la propuesta de nuevas regulaciones que habían sido criticadas por las empresas del sector plástico.
Durante una conferencia de prensa celebrada frente al Capitolio estatal, donde se había acumulado una gran pila de envases de comida de plástico, burbujas y otros empaques plásticos usados, los ambientalistas denunciaron que, bajo presión de la industria, la administración de Newsom ha debilitado las reglas propuestas elaboradas por el Departamento de Recursos de Reciclaje y Recuperación de California (CalRecycle), tras la firma de la ley pionera SB 54 hace tres años.
Dicha ley establecía objetivos para obligar a las empresas a reducir la cantidad de plástico en el empaquetado que se vende en supermercados y otros puntos de venta, así como a financiar el reciclaje y recuperación de gran parte de este material, costos que actualmente asumen mayoritariamente las ciudades y los contribuyentes a través de programas municipales de reciclaje.
La presión de la industria y sus consecuencias
“Los océanos están asfixiándose en plástico”, afirmó Tara Brock, abogada de Oceana, un grupo medioambiental con oficinas en Monterrey y Sacramento. “Se estima que 33 mil millones de libras de plástico entran al medio marino cada año. Eso equivale a dos camiones de basura vertiendo plástico en el océano cada minuto. El impacto en el medio ambiente y nuestras comunidades no puede subestimarse”.
En marzo, Newsom detuvo las nuevas regulaciones que CalRecycle había elaborado tras dos años de reuniones públicas y estudios. En ese momento, la ex directora de dicho departamento, Rachel Waggoner, se había convertido en directora de California de uno de los grupos de la industria que abogaban por una mayor flexibilidad en las normas. Esta alianza industrial, conocida como Circular Action Alliance, incluye a empresas de alimentos, bebidas y comercio minorista como Amazon, Coca-Cola, General Mills, Kraft-Heinz, Nestlé, Procter & Gamble, Target y Walmart. Waggoner también había trabajado anteriormente como secretaria legislativa adjunta de Newsom.
La alianza industrial argumentó que las nuevas normas podrían costar 300 dólares por familia al año. Dos meses después, CalRecycle emitió nuevas reglas en mayo que eran menos estrictas. El martes, la oficina de Newsom declaró que se está intentando encontrar un equilibrio. “El gobernador Newsom fue claro al pedir a CalRecycle que reiniciara estas regulaciones para que trabajen en minimizar los costos para las pequeñas empresas y las familias”, afirmó Daniel Villaseñor, portavoz de Newsom.
El grupo industrial no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. Sin embargo, en marzo, otro grupo de la industria, la Asociación de la Industria del Plástico, elogió el movimiento de Newsom para reescribir las reglas. “Las políticas alcanzables y equilibradas requieren colaboración, no regulaciones apresuradas que creen consecuencias no deseadas para los californianos”, dijo Matt Seaholm, presidente y CEO de la asociación.
Los partidarios de las reglas originales se oponen a varios cambios clave, como permitir que los medicamentos de venta libre queden exentos, más excepciones para productos agrícolas y permitir que los procesos químicos que descomponen los plásticos cuenten como reciclaje. Una coalición de 33 organizaciones medioambientales, entre ellas Save the Bay, el Acuario de la Bahía de Monterrey y la Fundación Surfrider, enviaron una carta a Newsom y a Yana García, secretaria de la Agencia de Protección Ambiental del estado, instando a normas más estrictas sobre plásticos.
“Las instalaciones que operan procesos basados en solventes y térmicos se comercializan como ‘reciclaje químico’ o ‘reciclaje avanzado’, pero en la práctica, la mayoría de ellos no son reciclaje en absoluto. En el mejor de los casos, son un nuevo eufemismo para una práctica antigua y sucia: la incineración”, se menciona en la carta.
El desecho plástico se ha convertido en uno de los principales problemas medioambientales del mundo. Menos del 10% de los plásticos se reciclan en Estados Unidos cada año. Millones de toneladas de plástico de países de todo el mundo terminan en el océano, donde matan a peces, aves, tortugas marinas, ballenas y delfines que lo ingieren o quedan atrapados en él.
La producción de plástico consume grandes cantidades de productos derivados del petróleo, lo que contribuye al cambio climático, y puede durar cientos de años. En 2022, después de varios años de debate en Sacramento, los legisladores estatales aprobaron y Newsom firmó la histórica ley sobre plásticos, SB 54. Esta ley requiere que las empresas de plásticos y envases asuman gran parte de la carga para abordar las crecientes montañas de desechos plásticos.
Para 2032, deberán reducir el empaquetado plástico de un solo uso en un 25% y garantizar que el 65% sea reciclable y el 100% sea reciclable o compostable. Podrán hacerlo financiando programas de reciclaje, reduciendo la cantidad de plástico en su empaquetado o cambiando los tipos de plásticos que utilizan. La ley también prohíbe los envases de poliestireno, como tazas, platos y cajas de clamshell, comúnmente conocidos como Styrofoam, a nivel estatal, con efecto desde el 1 de enero de este año. Sin embargo, los ambientalistas afirman que la administración de Newsom ha sido lenta en hacer cumplir esta nueva prohibición, y que algunos productos aún se encuentran en las estanterías de las tiendas.
Frustrados por la lenta acción en el tema del plástico, los grupos medioambientales calificaron una medida electoral estatal en 2022 para imponer un impuesto de 1 centavo por cada paquete de plástico, desde botellas de Advil hasta cajas de fresas en los supermercados, con los 1.200 millones de dólares que habría recaudado de la industria destinados a ampliar los programas de reciclaje del estado. Sin embargo, retiraron la medida en un compromiso con la industria y los legisladores para que se aprobara la SB 54. Algunos grupos medioambientales afirman que, si la administración de Newsom no aprueba regulaciones suficientemente estrictas para implementar la ley, considerarán presentar demandas o colocar la misma medida en la boleta de 2026. “Tenemos múltiples herramientas en la caja de herramientas y vamos a explorar cada una”, dijo Mark Murray, director ejecutivo de Californians Against Waste, un grupo de defensa del reciclaje.
