Un grupo de expertos ha instado a que se responsabilice a los individuos por actos de «ecocidio», que son considerados las acciones más graves de destrucción ambiental. Esta propuesta ha sido presentada en un reciente artículo del British Medical Journal (BMJ), que argumenta que el Reino Unido debería adoptar un papel de liderazgo al promulgar legislación propia para criminalizar el ecocidio, inspirando así a otras naciones a proteger el planeta.
El término «ecocidio» fue acuñado en 1970 por el biólogo Arthur Galston, quien condenó la devastación ambiental a gran escala causada durante la Guerra de Vietnam. Más de cinco décadas después, el mundo enfrenta las crecientes consecuencias del cambio climático, que incluyen el aumento del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad. En este contexto, está surgiendo un impulso para establecer el ecocidio como un nuevo crimen internacional, lo que permitiría llevar a juicio a individuos responsables de actos graves de destrucción ambiental.
Propuestas legislativas y apoyo internacional
En mayo de 2025, Escocia introdujo un proyecto de ley para criminalizar el ecocidio, uniéndose a otros países como Argentina, Bélgica, República Dominicana, Italia, Países Bajos y Perú. Además, se ha propuesto incluir el ecocidio entre los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que sería un paso importante hacia la rendición de cuentas por daños ambientales graves.
No obstante, los autores del artículo del BMJ señalan que, bajo el marco de la CPI, los estados siguen siendo los principales responsables de investigar y procesar los crímenes fundamentales, lo que refuerza la necesidad de esfuerzos domésticos que apoyen la criminalización internacional del ecocidio. En este sentido, el Reino Unido tiene una oportunidad única para liderar al adoptar su propia legislación, ya que un proyecto de ley para criminalizar el ecocidio fue presentado en 2023, pero no ha avanzado.
La criminalización del ecocidio podría conllevar múltiples beneficios. La posibilidad de que los responsables, ya sean funcionarios públicos o ejecutivos de empresas, enfrenten responsabilidad personal podría servir como un disuasivo más eficaz que atribuir la responsabilidad únicamente a las organizaciones. Además, el derecho penal tiene un poder expresivo significativo. Tratar el daño ambiental no solo como un problema regulatorio, sino como un acto criminal, envía un mensaje contundente sobre los valores y prioridades sociales, lo que podría cambiar la conciencia y fomentar cambios significativos en el comportamiento humano y en las políticas públicas.
Asimismo, la prohibición del ecocidio en el Reino Unido cuenta con un amplio apoyo popular. Según una encuesta de Ipsos realizada en 2024 entre 22,000 participantes de países del G20, el 72% de los encuestados apoyó la criminalización del ecocidio, cifra que se eleva al 78% en el Reino Unido. Este fuerte respaldo sugiere que abrazar la campaña para la criminalización del ecocidio representa una oportunidad para que el Reino Unido actúe conforme a este consenso, colocándose como un líder global e inspirando a otras naciones en la protección del planeta y, en última instancia, asegurando un futuro sostenible para las generaciones venideras.
Más información:
Editorial: Criminalising ecocide, The BMJ (2025). DOI: 10.1136/bmj.r1715
