Un reciente estudio de la Environmental Working Group (EWG) ha revelado que los sistemas avanzados de filtración de agua pueden eliminar con eficacia no solo los contaminantes conocidos como PFAS, sino también una serie de sustancias tóxicas adicionales que amenazan la salud pública. Estos «químicos eternos», que no se descomponen en el medio ambiente, han sido objeto de creciente preocupación debido a sus efectos adversos en la salud humana.
La investigación, publicada en la revista ACS ES&T Water, analizó datos de 19 sistemas de agua en los Estados Unidos y el programa nacional de monitoreo de agua de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Los resultados indican que tecnologías de eliminación de PFAS, como el carbón activado granular, el intercambio iónico y la ósmosis inversa, son efectivas no solo para reducir los niveles de PFAS, sino también para mitigar la presencia de subproductos de desinfección del agua, nitratos agrícolas y metales pesados, como el arsénico y el uranio.
Impacto en la Salud Pública
El estudio indica que la instalación de tecnologías avanzadas de tratamiento de PFAS ha llevado a una reducción promedio del 42% en los niveles de trihalometanos y del 50% en los ácidos haloacéticos en el agua potable. Ambos son subproductos cancerígenos de la desinfección del agua. «Los subproductos de desinfección y otros contaminantes nocivos en el agua no son amenazas emergentes o desconocidas; hemos sido conscientes de ellos durante mucho tiempo», afirmó Varun Subramaniam, analista de ciencia de la EWG y coautor del estudio.
A pesar de la relevancia de estos hallazgos, el estudio también pone de manifiesto una alarmante falta de equidad en el acceso a tecnologías de filtración avanzadas. Solo el 7% de los sistemas de agua muy pequeños, aquellos que sirven a menos de 500 personas, utilizan estas tecnologías, dejando a millones de estadounidenses en comunidades rurales y desatendidas expuestos a PFAS y otros contaminantes peligrosos. En contraste, el 28% de las grandes utilidades han adoptado estas tecnologías.
Esta disparidad es un claro ejemplo de injusticia ambiental, donde las comunidades menos capaces de costear una filtración avanzada enfrentan los mayores riesgos para la salud. Según Melanie Benesh, vicepresidente de asuntos gubernamentales de EWG, «al ignorar estos beneficios secundarios, la EPA está dejando a los estadounidenses expuestos y perdiendo una gran oportunidad económica y de salud pública».
El estudio también subraya la necesidad urgente de repensar la política del agua en Estados Unidos, abogando por un cambio de una regulación centrada en un solo químico a estrategias holísticas que aborden el espectro completo de contaminantes. Esto debería comenzar en las comunidades que más lo necesitan, ya que la eliminación de PFAS también podría conducir a la reducción de otros químicos tóxicos simultáneamente.
En medio de estos hallazgos, se observan retrocesos regulatorios, como el reciente anuncio de la EPA de debilitar las protecciones contra los PFAS en el agua potable. Críticos advierten que estos retrocesos podrían prolongar la exposición a sustancias nocivas, especialmente en comunidades que no pueden implementar tecnologías de tratamiento de PFAS de manera independiente.
Con el 99% de los estadounidenses, incluidos los recién nacidos, presentando PFAS en su sangre, es fundamental que tanto los líderes federales como estatales aumenten la financiación para sistemas de filtración avanzada en comunidades desfavorecidas, fortalezcan el monitoreo nacional del agua y adopten regulaciones que consideren los contaminantes concurrentes. La oportunidad de proteger la salud pública a gran escala es demasiado significativa como para ser ignorada.
