En 2023, Australia llevó a cabo una consulta parlamentaria sobre la seguridad alimentaria, un proceso en el que el gobierno solicitó la opinión del público y de expertos en cuestiones clave para tomar decisiones más informadas. Esta iniciativa generó 188 aportaciones de distintos actores del sistema alimentario, incluyendo agricultores, expertos en salud, organizaciones comunitarias y grupos de defensa, lo que refleja la magnitud del problema y la amplia experiencia de la que Australia podría beneficiarse para abordarlo.
Dos años después, el gobierno federal utiliza esta información para desarrollar una estrategia nacional de seguridad alimentaria, denominada Feeding Australia. El informe final de la consulta contiene 35 recomendaciones destinadas a aumentar la productividad, resiliencia y seguridad del sistema alimentario australiano, con el objetivo de estar mejor preparado para el cambio climático, desastres naturales y otros eventos disruptivos.
Impactos en la seguridad alimentaria de los hogares
La seguridad alimentaria en los hogares tiene múltiples beneficios:
- Contribuye a que las personas lleven una vida más saludable.
- Reduce la carga sobre infraestructuras importantes, como los hospitales.
- Mejora el bienestar mental de los individuos.
- Fomenta la equidad y estabilidad en las comunidades.
- Cumple con un derecho humano fundamental.
Australia se encuentra en un momento crítico. Un cambio significativo y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria podrían beneficiar a millones de australianos en el futuro.
No obstante, aunque la consulta representa un avance, un análisis de las aportaciones de los expertos revela varias áreas clave que quedaron sin abordar.
Preocupaciones de los expertos
Las preocupaciones compartidas por los expertos sobre la preparación de Australia en materia de seguridad alimentaria son numerosas. En primer lugar, existe un amplio respaldo a la necesidad de una política nacional coordinada. Muchos aportes pidieron una colaboración intergubernamental y la creación de un «plan nacional de alimentos», así como supervisión y rendición de cuentas bajo un nuevo cargo de «ministro de alimentos» en el gobierno.
Otro tema recurrente es la conexión entre la crisis del coste de la vida y la inseguridad alimentaria. La presión económica se debe a que los pagos de bienestar están por debajo del umbral de pobreza, y a la vez, los salarios están estancados mientras los precios de la vivienda se disparan. Investigaciones indican que uno de cada ocho hogares en Australia sufre inseguridad alimentaria.
Los expertos subrayan que la ayuda alimentaria de emergencia, aunque necesaria como respuesta a la crisis, no es una solución a largo plazo. En cambio, piden reformas estructurales que incluyan aumentar los beneficios gubernamentales por encima del umbral de pobreza y expandir la vivienda asequible, propuestas respaldadas por investigaciones actuales.
Las preocupaciones medioambientales también ocupan un lugar central. Muchos de los expertos enfatizan la necesidad de que la agricultura australiana transite hacia prácticas regenerativas, que pueden incluir la labranza mínima del suelo, el uso de cultivos de cobertura para mejorar la retención de agua o la rotación del ganado para evitar el daño del suelo. Esto reduciría la dependencia de herbicidas y fertilizantes sintéticos, una estrategia que también cuenta con el respaldo de investigaciones recientes.
Para muchos expertos, la adaptación al cambio climático está intrínsecamente ligada a la seguridad alimentaria. Se ha instado a actuar para proteger las tierras agrícolas de la expansión urbana, mejorar la financiación y la educación para la agricultura urbana, y prepararse para choques climáticos como sequías e inundaciones.
Aunque el informe final de la consulta incluye numerosas recomendaciones, también se evidencia la falta de atención a varios temas críticos. Por ejemplo, no se menciona el «derecho a la alimentación» de los australianos, un principio que ha sido legislado en 120 países. Asimismo, se observa la ausencia de una regulación más clara sobre el etiquetado de alimentos y normas comerciales más estrictas para proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
Las aportaciones de los expertos señalan un camino hacia una Australia verdaderamente segura en términos alimentarios, una que sea justa, sostenible y resiliente. Una estrategia nacional puede construir sobre estas aportaciones e informarse en las mejores prácticas internacionales.
Las recomendaciones emergentes de esta investigación son las siguientes:
- Legislar el derecho a la alimentación: Reconocer la alimentación como un derecho humano proporcionaría un marco legal que guiaría todas las decisiones políticas, permitiendo que las respuestas gubernamentales a la inseguridad alimentaria trasciendan los enfoques temporales y se alineen con los estándares internacionales.
- Establecer un plan nacional de alimentos y un marco de gobernanza: Se solicita abrumadoramente un plan nacional de alimentos completamente financiado, además de un ministro dedicado y un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria compuesto por diversos actores.
- Abordar los factores estructurales de la inseguridad alimentaria: La pobreza y la inseguridad habitacional deben ser tratadas como cuestiones de política alimentaria. Aumentar los pagos de apoyo al ingreso, invertir en viviendas asequibles y garantizar el acceso a recursos alimentarios comunitarios son esenciales.
- Transformar los sistemas alimentarios para la salud y la sostenibilidad: La salud depende de ecosistemas saludables. Por lo tanto, una estrategia nacional de seguridad alimentaria debe invertir en agricultura regenerativa y proteger la tierra cultivable, al mismo tiempo que fomenta economías alimentarias locales y regula adecuadamente las industrias perjudiciales.
La consulta sobre la seguridad alimentaria generó una gran cantidad de pruebas e ideas para avanzar. Sin embargo, el informe final dejó sin abordar muchas de las cuestiones más urgentes. Para asegurar verdaderamente el futuro alimentario de Australia, la acción gubernamental debe priorizar los factores sistémicos de la inseguridad, la desigualdad y el declive ecológico.
