La situación política en Estados Unidos se ha visto marcada por un prolongado cierre del gobierno que ha generado tensiones tanto en el ámbito legislativo como en el social. A medida que las facciones enfrentadas en Washington continúan su estancamiento, la cuestión del pago a los militares podría convertirse en un elemento clave para forzar un acuerdo.
No se prevé que los soldados sean movilizados para obligar al Congreso a retomar sus labores, pero el inminente pago programado para mediados de octubre, que afecta a 1,3 millones de miembros activos de las fuerzas armadas, podría convencer a los legisladores y a la Casa Blanca de que ignorar esta fecha tendría un coste político significativo.
Economistas de Goldman Sachs han señalado que la fecha de pago del 15 de octubre podría ser un evento determinante para alcanzar un compromiso que restablezca la financiación y anticipan que el cierre podría concluir a mediados de octubre. Sin embargo, los mercados de predicción sugieren que hay una alta probabilidad de que el cierre se extienda más allá de esta fecha, con un 71% de posibilidades de que dure más de lo previsto.
Implicaciones del cierre gubernamental
Mientras las partes han adoptado posiciones firmes respecto al presupuesto fiscal, la posibilidad de que el pago a los militares se vea comprometido podría generar un descontento público considerable. En el mejor de los casos, esto podría llevar a la aprobación de una resolución temporal que permita al gobierno continuar operando, según los analistas de Goldman.
Si no se logra un acuerdo, el estancamiento podría prolongarse aún más. Observadores del Capitolio han expresado su escepticismo ante la votación programada en el Senado, que se llevará a cabo el próximo lunes. El presidente Trump ha amenazado con que, si no se llega a un arreglo, los despidos temporales derivados de este impasse podrían convertirse en permanentes.
Por otra parte, existen diversos factores que podrían presionar al Congreso a actuar, más allá del tema militar. Con la suspensión de publicaciones de datos que los responsables políticos consideran fundamentales, la posibilidad de retrasos en aeropuertos y la paralización de la mayoría de los servicios gubernamentales, la urgencia por alcanzar un acuerdo se hace palpable.
Sin embargo, persiste la preocupación de que ninguna de las partes esté dispuesta a ceder. Expertos sugieren que el descontento por el pago militar, las operaciones de la TSA o los pagos hipotecarios retrasados para los miembros del servicio podrían convertirse en catalizadores para un posible compromiso. Aunque una resolución temporal parece ser el resultado más probable, no se descarta el riesgo de un cierre prolongado que podría extenderse hasta noviembre.
Fechas clave como la posible expiración de beneficios para mujeres, bebés y niños el 13 de octubre, el inicio de la inscripción abierta para Obamacare el 1 de noviembre y el receso programado del Congreso para el Día de Acción de Gracias el 21 de noviembre, son momentos críticos a tener en cuenta en este contexto de incertidumbre.
Los analistas de Pimco advierten que, aunque los cierres son relativamente sencillos de llevar a cabo, las reaperturas presentan mayores desafíos. Este cierre, el primero completo desde 2013, parece ser especialmente complicado de resolver, al menos en el corto plazo.
