La situación en el sistema de aviación de Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico, evidenciado por la escasez de controladores aéreos que ha comenzado a afectar de manera significativa la operativa de vuelos en el país. Según un comunicado reciente de la Administración Federal de Aviación (FAA), las preocupaciones por el impacto del actual cierre del gobierno en la aviación están en aumento, lo que ha llevado a la advertencia de posibles retrasos adicionales en los vuelos.
El lunes y martes de esta semana, aproximadamente 10,000 vuelos se vieron afectados por retrasos, aunque el miércoles el número se redujo a poco más de 1,900. Esta situación se ha visto agravada por la disminución en el número de controladores aéreos disponibles, lo que ha llevado a la FAA a ralentizar o incluso detener las llegadas en aeropuertos como el de Burbank, California, y el de Nashville, Tennessee.
Compromiso de los Controladores Aéreos
El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha señalado que se ha observado un «ligero aumento» en las llamadas de enfermos entre los controladores aéreos. A pesar de las difíciles condiciones laborales, cerca de 11,000 controladores certificados continúan desempeñando su labor, muchos de ellos trabajando turnos de 10 horas hasta seis días a la semana, demostrando una dedicación extraordinaria para guiar de manera segura a millones de pasajeros hacia sus destinos, todo ello sin recibir remuneración durante el cierre del gobierno, según ha informado la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo.
La situación actual no es aislada; en el pasado, cierres de gobierno prolongados han tenido repercusiones notables en la aviación estadounidense. Un parón que se extendió por más de un mes a finales de 2018 y principios de 2019 culminó en serios inconvenientes en los viajes aéreos, particularmente en Nueva York, debido a la misma problemática de escasez de controladores.
La incapacidad del Senado para aprobar un nuevo paquete de financiación, que ya ha llevado el cierre del gobierno a su octavo día, resalta la fragilidad del sistema. Mientras tanto, los trabajadores «esenciales», como los controladores aéreos y los agentes de la TSA, siguen en sus puestos sin cobrar, lo que plantea dudas sobre el compromiso del gobierno con su bienestar.
