El reciente anuncio del gobierno de Nueva Zelanda sobre la reforma de las normativas que regulan las tierras de conservación pública ha suscitado un intenso debate. La propuesta busca eliminar obstáculos para «desatar el crecimiento económico» en áreas protegidas, lo que podría tener implicaciones significativas para la biodiversidad del país.
En la actualidad, aproximadamente un tercio del territorio neozelandés está bajo algún tipo de protección, incluyendo parques nacionales, áreas de administración y parques de conservación. Algunas actividades comerciales ya están permitidas, como excursiones guiadas, vuelos en avión y pastoreo de animales, siempre que cuenten con la aprobación del Departamento de Conservación.
Propuestas de cambio
Las modificaciones propuestas en la Ley de Conservación incluyen una revisión de las designaciones de tierras, con la posibilidad de deslistar o intercambiar hasta un 60% del área actualmente protegida. El Ministro de Conservación, Tama Potaka, ha indicado que no puede especificar qué áreas se verían afectadas ni en qué porcentaje, ya que los cambios dependerán de la demanda de tierras.
Si bien es legítimo preguntarse si se pueden obtener mayores beneficios económicos de las áreas protegidas, la respuesta no es sencilla. La propuesta consolidaría un nivel sin precedentes de discrecionalidad ministerial y adoptaría un enfoque acelerado para permitir actividades económicas como la minería, lo que podría poner en grave riesgo la biodiversidad nativa.
El modelo actual de conservación en Nueva Zelanda, conocido como «conservación de fortaleza», limita las oportunidades comerciales a áreas específicas, normalmente alrededor de instalaciones ya establecidas. Este enfoque ha sido criticado por ser insuficiente y por basarse en valores subjetivos que justifican estrictas protecciones sin un análisis científico adecuado.
Un camino alternativo podría fundamentarse en principios informados por la ciencia. Esto incluiría un análisis de las brechas para identificar ecosistemas y especies que están insuficientemente protegidos, regulaciones basadas en conocimientos ecológicos y la aplicación de principios de proporcionalidad y precaución en las respuestas regulatorias.
Nueva Zelanda ha firmado el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece que al menos el 30% de las tierras de conservación deben representar la mayoría, si no todos, de los ecosistemas nativos para 2030. A día de hoy, los ecosistemas costeros, de tierras bajas y áridas están subrepresentados, mientras que los entornos alpinos y montanos están sobrerrepresentados. Un cambio drástico sin considerar la representatividad podría acarrear pérdidas ecológicas irreversibles.
La reforma debería incluir foros específicos por región y a nivel nacional, donde se involucren tanto a científicos como a comunidades indígenas (iwi) para discutir los usos económicos de las tierras y establecer consensos sobre actividades que deberían ser limitadas o excluidas en áreas vulnerables. Asimismo, es fundamental que el Departamento de Conservación colabore con científicos independientes para desarrollar un nuevo marco de zonificación que guíe las concesiones comerciales y el acceso recreativo.
El enfoque de Nueva Zelanda hacia la conservación debe ser revisado y adaptado a las realidades ecológicas actuales, priorizando la salud del medio ambiente sobre intereses económicos a corto plazo. La capacidad de los neozelandeses para involucrarse en un diálogo constructivo sobre la conservación de sus tierras es esencial, y es responsabilidad de los políticos actuar con sabiduría para evitar un daño irreparable a la biodiversidad del país.
