El presidente Donald Trump anunció el pasado martes que a partir del 1 de febrero se suspenderán las transferencias de fondos federales a las ciudades y estados que se declaren como «ciudades santuario». Esta medida se justifica, según el mandatario, por el hecho de que dichas jurisdicciones protegen a delincuentes en detrimento de los ciudadanos estadounidenses, lo que, a su juicio, provoca fraude y delincuencia. Ante esta amenaza, se han manifestado reacciones de rechazo y temor, así como acciones de previsión por parte de líderes electos y organizaciones comunitarias que ya están preparando un «armamento legal» para contrarrestar esta decisión en los tribunales. Se basan en fallos judiciales previos que han impedido que se retengan fondos federales en otras partes del país, argumentando que se trata de recursos aprobados por el Congreso.
La Coalición de Inmigración de Nueva York ha señalado que las familias trabajadoras, los niños y los ancianos serán los principales afectados por esta decisión. Su director, Murad Awawdeh, ha instado a las autoridades a desafiar esta medida, en virtud de la Décima Enmienda, y ha denunciado el incumplimiento de la responsabilidad del gobierno federal de proporcionar servicios esenciales a todos los condados y ciudades. Aunque no se han especificado los fondos que dejarían de llegar, un informe de la contraloría municipal revela que en el presupuesto de la Ciudad de Nueva York para el año fiscal 2025 se contemplan 9,6 mil millones de dólares en ingresos federales, lo que representa el 8,3% del total, siendo el Departamento de Educación el que más recibe, con cerca de 1,97 mil millones.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha expresado su firme oposición a la decisión de Trump y ha afirmado que la ciudad defenderá sus derechos, ya sea en los tribunales o en otros ámbitos. La gobernadora Kathy Hochul también ha manifestado que Nueva York colaborará con el gobierno federal en la persecución de delincuentes peligrosos, pero no apoyará ataques contra las familias trabajadoras. La historia reciente muestra que la Administración Trump ha enfrentado reveses judiciales en sus intentos de limitar los fondos a las ciudades santuario, siendo un juez federal en San Francisco uno de los que falló en contra de estas decisiones el pasado agosto. La ciudad de Nueva York ha sido declarada santuario debido a su legislación que limita la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
