Las protestas que comenzaron a finales de diciembre de 2025 en Irán, en respuesta a la crisis económica del país, han evolucionado hasta convertirse en un levantamiento nacional que abarca la mayoría de las provincias. En su undécimo día de manifestaciones, se han registrado movilizaciones en más de 100 ciudades, con miles de ciudadanos exigiendo el fin de la teocracia y dirigiendo sus críticas hacia el líder supremo, Ali Jamenei. Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 34 muertes y más de 1.200 detenidos, mientras que las fuerzas de seguridad han recurrido a munición real y han llevado a cabo redadas en hospitales.
El descontento popular se originó por la depreciación sin precedentes del rial iraní, que alcanzó un valor de 1,47 millones por dólar en el mercado libre, junto con una inflación superior al 42% y el aumento de los precios de alimentos básicos. Las huelgas iniciadas por los comerciantes del Gran Bazar de Teherán rápidamente se expandieron, contando con la participación de estudiantes, trabajadores y minorías étnicas. Los manifestantes han expresado su frustración con consignas como «¡No a Gaza, no al Líbano: mi vida por Irán!», priorizando así la crisis interna sobre las políticas exteriores del régimen.
Las ciudades de Teherán, Isfahán, Shiraz, Mashhad e Ilam han sido escenario de violentos enfrentamientos, con imágenes que muestran a jóvenes derribando símbolos del régimen y bloqueando calles. En regiones como Ilam y Lorestan, se han reportado situaciones en las que las fuerzas de seguridad se han visto obligadas a huir o han utilizado fuego real, incluso llevando a cabo incursiones en hospitales para detener a los heridos. El príncipe exiliado Reza Pahlavi ha instado a la realización de acciones coordinadas desde el exterior, mientras sus consignas resuenan en las calles junto a banderas pre-revolucionarias. La represión ha sido severa, con denuncias de uso de gases lacrimógenos y detenciones masivas, incluidas de menores. A pesar de las promesas de reformas económicas por parte del presidente Masoud Pezeshkian, el escepticismo persiste entre los manifestantes. Mientras tanto, Jamenei ha hecho distinciones entre «manifestantes legítimos» y «alborotadores», amenazando con una respuesta dura hacia estos últimos y culpando a «enemigos extranjeros» por la situación. En el ámbito internacional, el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido sobre la posibilidad de intervención si las muertes de manifestantes pacíficos continúan, lo que ha generado preocupación en Teherán. A pesar de los cortes de internet y las restricciones mediáticas, se siguen difundiendo vídeos que documentan los hechos. Este levantamiento, más amplio y descentralizado que el de 2022, refleja un rechazo generalizado hacia 46 años de régimen islámico y plantea un clamor por un cambio político radical, impulsado por la juventud y sectores marginados.
En su primera declaración pública el 3 de enero de 2026, Ali Jamenei reconoció que las quejas económicas de los comerciantes son «legítimas» y que es necesario dialogar con los manifestantes pacíficos; sin embargo, hizo hincapié en que no habrá diálogo con los «alborotadores». Por su parte, el presidente Pezeshkian ha adoptado un tono más conciliador, reconociendo el «derecho constitucional a la protesta pacífica» y anunciando reformas económicas, como la eliminación de tasas de cambio preferenciales y la implementación de subsidios directos a los consumidores. También ha ordenado investigaciones sobre incidentes de violencia, como la incursión de fuerzas de seguridad en hospitales, y ha instado a las fuerzas a no actuar contra los manifestantes pacíficos.
