El reciente anuncio de un impuesto sobre las segundas residencias en Nueva York ha suscitado un amplio debate sobre la valoración de la propiedad inmobiliaria en una de las ciudades más caras del mundo. La propuesta, presentada por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani, tiene como objetivo imponer un recargo anual a las propiedades residenciales que superen los 5 millones de dólares, con el fin de generar aproximadamente 500 millones de dólares anuales para ayudar a cubrir el déficit presupuestario de la ciudad.
A pesar de que los detalles específicos sobre las tasas impositivas y su implementación aún no han sido revelados, expertos en tasación y abogados advierten que este nuevo impuesto podría desencadenar intensas batallas legales sobre cómo se valoran las propiedades de lujo. El sistema de impuestos sobre la propiedad de Nueva York, considerado obsoleto, subvalora significativamente las cooperativas y condominios, lo que sugiere que la ciudad deberá desarrollar un nuevo método para evaluar estas segundas residencias de alto valor.
Desafíos en la implementación y la valoración
Una de las cuestiones clave que se plantea es quién tendrá la responsabilidad de establecer el valor imponible: ¿será el propietario de la propiedad o la ciudad? Además, se ha planteado la posibilidad de que los propietarios de segundas residencias deban contratar tasadores cada año para determinar el valor de sus apartamentos, lo que podría dar lugar a un nuevo sector dentro de la industria de tasaciones.
Este impuesto, que aún necesita la aprobación de la legislatura estatal, enfrenta una fuerte oposición por parte de la industria inmobiliaria. Propuestas similares han fracasado en el pasado, y la reciente crítica a la medida por parte de Citadel, un importante jugador en el sector inmobiliario, destaca la resistencia que enfrenta el gobierno de Nueva York en este ámbito.
Los expertos han señalado que el actual sistema de evaluación de propiedades en la ciudad tiende a valorar los inmuebles por debajo de su valor real de mercado. Este fenómeno, que se remonta a una compleja historia legal, se basa en el valor de alquiler de ciertas propiedades, resultando en cifras de evaluación que son absurdamente bajas en relación con el mercado. Por ejemplo, el ático de Ken Griffin, adquirido por 238 millones de dólares, tiene un valor evaluado de solo 6.99 millones, lo que ilustra la desconexión entre la evaluación municipal y el verdadero valor de mercado.
Para cumplir con el objetivo de ingresos del nuevo impuesto, los funcionarios de la ciudad se verán obligados a crear un nuevo sistema que refleje más fielmente los valores de mercado. Una posible solución sería exigir a los propietarios que realicen tasaciones regulares, lo que podría generar una gran demanda de servicios de tasación. Sin embargo, esto también podría llevar a que los propietarios ajusten las tasaciones para evitar alcanzar los umbrales impositivos, creando un patrón de valoraciones que evite el impuesto.
En un contexto en el que las políticas fiscales suelen ser objeto de críticas, es importante observar cómo las decisiones de los gobiernos locales impactan tanto en la economía como en la vida de sus ciudadanos. Mientras que algunos pueden ver este impuesto como un paso hacia una mayor equidad fiscal, otros podrían considerarlo un ataque a la propiedad privada en un mercado que ya enfrenta desafíos significativos.
