La sede del Instituto Cervantes en Utrecht ha sido embargada de forma cautelar por orden de un tribunal en los Países Bajos, en el marco de un litigio relacionado con los recortes en las primas de energías renovables aprobados en España en 2013. Esta medida se enmarca en el cumplimiento de la ejecución de laudos arbitrales internacionales a favor de varios fondos de inversión.
Según los documentos judiciales a los que han tenido acceso medios locales, el inmueble, valorado en unos 10 millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, será vendido ante notario si no se efectúa el pago de la compensación reclamada. Las autoridades españolas fueron notificadas formalmente el 20 de abril, pero hasta el momento no se ha realizado ningún pago.
El conflicto tiene su origen en la reforma energética impulsada durante el gobierno de Mariano Rajoy, la cual redujo de manera retroactiva la remuneración de las instalaciones de energías renovables. Esta decisión generó numerosas demandas ante tribunales de arbitraje internacional, principalmente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID), vinculado al Banco Mundial. En total, las reclamaciones superaron los 10.000 millones de euros, aunque el Gobierno sostiene haber reducido esta cifra en un 85% gracias a varias sentencias y acuerdos alcanzados.
El edificio embargado es uno de los centros culturales españoles más emblemáticos en los Países Bajos. Situado frente a la catedral y la torre Dom, el Instituto Cervantes de Utrecht ocupa una iglesia renovada de 1913 adquirida por el Estado en 1972. La institución cuenta con aulas, un salón de actos y una biblioteca especializada, además de tener una «extensión» en Ámsterdam.
Fuentes cercanas a los acreedores han indicado que la propiedad no estaría protegida por inmunidad soberana debido a su condición de institución cultural, lo que complica la defensa de España mientras continúa la batalla legal por las deudas pendientes con el sector de las energías renovables.
