Movimientos ciudadanos contra centros de datos en California y Aragón
En California, un pequeño grupo de vecinos ha iniciado un movimiento ciudadano para oponerse a la instalación de un gran centro de datos en Monterey Park. Como resultado de sus esfuerzos, el Ayuntamiento ha aprobado una moratoria de 45 días y está considerando una prohibición permanente de dicha instalación. Esta situación encuentra un eco en España, donde en Aragón se ha formado un frente similar. Ecologistas, movimientos vecinales, científicos y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para detener un nuevo centro de datos de Amazon, que se destina a su negocio de computación en la nube y a la inteligencia artificial.
Las preocupaciones de estos movimientos no son infundadas. Investigaciones periodísticas han puesto de manifiesto que los centros de datos de Amazon en España extraen un volumen de agua considerablemente mayor del que la empresa había reconocido inicialmente. Documentos internos filtrados también han revelado que Amazon ha desarrollado estrategias para ocultar su verdadero consumo de agua. Estas revelaciones han generado un amplio debate sobre los efectos socioambientales de la expansión de las infraestructuras tecnológicas, que no solo afectan el acceso al agua, sino también a la soberanía digital de las comunidades locales.
La oposición a estos centros de datos no es un fenómeno aislado. En Chile, comunidades organizadas lograron frenar la construcción de un gran centro de datos de Google en Santiago en 2024, gracias a la presión social por el impacto en el suministro de agua. En la comuna de Quilicura, vecinos y activistas han llevado a cabo protestas innovadoras, como el lanzamiento de un «chatbot humano» que invita a las personas a formular preguntas a seres humanos reales en lugar de a algoritmos. Esta dinámica plantea importantes interrogantes sobre la creciente dependencia de la inteligencia artificial, el impacto humano de estas infraestructuras y la necesidad de una regulación que contemple los efectos a largo plazo de la expansión de las grandes corporaciones tecnológicas en la vida cotidiana de las comunidades.
