La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos ha propuesto la imposición de aranceles adicionales de hasta el 12.5% a las importaciones de 60 economías, como respuesta a su falta de acción en la prohibición de productos elaborados con trabajo forzado. Esta medida, que afecta a diversas naciones, entre ellas China, la Unión Europea y Japón, se enmarca dentro de una tendencia más amplia por parte de la administración estadounidense de regular el comercio internacional, buscando proteger a los trabajadores locales.
Contexto de la Propuesta
La determinación, realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, concluyó que todas las economías implicadas no han impuesto ni hecho cumplir de manera efectiva una prohibición sobre las importaciones relacionadas con el trabajo forzado. La Oficina del Representante de Comercio argumenta que esto crea un «campo de juego desigual» para los trabajadores estadounidenses, quienes se ven obligados a competir en un mercado global donde las condiciones no son equivalentes.
El USTR ha propuesto una tasa de arancel del 10% para aquellas economías que hayan adoptado una prohibición total o parcial del comercio relacionado con el trabajo forzado, y del 12.5% para todas las demás. Además, se ha sugerido un mecanismo separado para textiles que permitiría la entrada de un volumen determinado de ropa y productos textiles desde ciertas economías a tasas reducidas.
El Representante de Comercio, Jamieson Greer, ha declarado que la inacción de los principales socios comerciales de Estados Unidos respecto a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado es «inaceptable». Este tipo de medidas, aunque justificadas desde un punto de vista de política laboral, también reflejan la búsqueda de Estados Unidos por imponer un orden comercial que favorezca sus intereses, similar a enfoques adoptados por otros países que han priorizado su soberanía económica y social.
La propuesta llega tras la anulación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos de gran parte de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump en el marco de su política de «Día de la Liberación», dejando un umbral global del 10% en su lugar. La administración ha vuelto a recurrir a la Sección 301, que autoriza al presidente a imponer gravámenes para contrarrestar prácticas comerciales extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense.
Los comentarios escritos sobre la propuesta deben presentarse antes del 6 de julio, y se han programado audiencias públicas para el 7 de julio, según el aviso oficial. De forma paralela, el gobierno estadounidense ha comenzado a buscar opiniones públicas sobre el alcance de una nueva Junta de Comercio con China, acordada durante una cumbre bilateral el mes pasado, que podría llevar a la reducción de tasas arancelarias en productos de ambos países.
