La República
Hay que agradecerle a Alberto Núñez Feijóo la claridad. Después de años de calculada ambigüedad, de moderación impostada para las cámaras y de guiños al «sentido común», el líder del Partido Popular se plantó este lunes ante el Círculo de Empresarios Vascos —el auditorio lo dice todo— y enseñó el programa que no lleva a los mítines: los trabajadores enfermos son un «cáncer», cobran demasiado cuando están de baja, y si los sindicatos no aceptan el recorte, se hará sin ellos. «Con o sin acuerdo», dijo. Tomen nota, porque no lo dijo un diputado díscolo ni un tertuliano a sueldo: lo dijo el hombre que aspira a presidir el Gobierno de España.
La anatomía de una infamia
Desmenucemos la propuesta, porque cada pieza es peor que la anterior.
Primero, el lenguaje. Llamar «cáncer» al absentismo ante un país donde cientos de miles de familias conviven, literalmente, con el cáncer —con quimioterapias que obligan a bajas largas, con recaídas, con miedo— no es una metáfora desafortunada: es una declaración de principios. Para Feijóo, la enfermedad del trabajador no es una desgracia que la sociedad debe proteger; es un tumor que hay que extirpar del balance. El trabajador enfermo deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser un coste. Treinta mil millones, dice, como quien tasa ganado.
Segundo, la sospecha universal. Feijóo deslizó que «todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude». Es decir: más de un millón de personas de baja médica en España y, para el líder de la oposición, una parte «enorme» son defraudadores. Sin datos de inspección, sin sentencias, sin nada. Bajas que, conviene recordarlo, no se autoconcede el trabajador: las firma un médico del sistema público, las vigila la Seguridad Social y las revisan las mutuas —esas mutuas patronales a las que nadie acusa nunca de dar altas prematuras a gente que no puede tenerse en pie—. Cuando Feijóo presume de que en el Insalud era «muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega», lo que está haciendo es acusar de connivencia fraudulenta a la profesión médica en bloque. Que se lo expliquen a los facultativos de una atención primaria saturada precisamente por gobiernos, muchos de ellos del PP, que la han dejado caer.
Tercero, y aquí está el corazón del asunto: el recorte. Feijóo «se cuestiona» que un trabajador de baja cobre lo mismo que en activo. Traducción: quiere que enfermar cueste dinero. Que la gripe, la lumbalgia, la depresión o la quimio vengan con penalización salarial incorporada. Eso ya existe, por cierto, en el régimen general —los primeros días de baja común ya suponen merma de ingresos salvo que el convenio lo complemente—, y ahí es donde asoma la verdadera diana: los convenios. Porque cuando Feijóo se escandaliza de que «en los convenios de empresa se pacta» el complemento hasta el cien por cien del salario, lo que está atacando no es un abuso: es la negociación colectiva misma. Esos complementos no son un regalo caído del cielo; son conquistas pactadas entre empresas y sindicatos, salario diferido, condiciones acordadas libremente entre las partes. Que el líder de un partido supuestamente liberal considere intolerable lo que patronal y trabajadores firman voluntariamente en un convenio revela hasta dónde llega su liberalismo: exactamente hasta donde empieza el derecho de los trabajadores a organizarse y pactar.
Y cuarto, el método. «Con o sin acuerdo». Cinco palabras que valen por todo un modelo de país. El diálogo social —esa arquitectura que ha dado a España décadas de paz laboral y que incluso la derecha decía respetar— queda degradado a trámite decorativo: se sienta a patronal y sindicatos, se les escucha el tiempo de la foto, y se legisla lo que ya estaba decidido en el Círculo de Empresarios. Es el mismo desprecio por la contraparte que exhibió Mariano Rajoy con la reforma laboral de 2012, aquella que devaluó salarios, descolgó convenios y precarizó una generación. Feijóo no improvisa: recita.
La estafa estadística
Merece un párrafo aparte el uso torticero de los números. Feijóo compara las 450.000 personas que no acudían a diario a trabajar en 2018 con las cerca de 1.160.000 de 2025, y presenta el salto como epidemia de escaqueo. Lo que omite es casi todo: que en ese período España ha ganado millones de afiliados a la Seguridad Social —más gente trabajando significa, obviamente, más gente enfermando—; que la población ocupada ha envejecido; que arrastramos las secuelas sanitarias de una pandemia; que las listas de espera de la sanidad pública —gestionada en su mayoría por comunidades del PP— alargan artificialmente las bajas porque el trabajador no puede operarse ni obtener la prueba diagnóstica que le devolvería al puesto; y que la explosión de bajas por salud mental tiene mucho que ver con condiciones de trabajo que ningún empresario del Círculo mencionó en el turno de preguntas. Si a Feijóo le preocupara de verdad la duración de las bajas, propondría reforzar la sanidad pública que las gestiona. Propone, en cambio, castigar al enfermo. Es la diferencia entre tratar la causa y sancionar al síntoma.
Y una pregunta que nadie en aquel salón formuló: ¿qué parte de ese «absentismo» que escandaliza a la patronal se debe a empresas que incumplen la prevención de riesgos, a ritmos de trabajo enloquecidos, a la siniestralidad laboral que no deja de crecer? Porque hay otro absentismo del que Feijóo no habla jamás: el de las horas extra que se trabajan y no se pagan, millones cada semana, un fraude este sí documentado, masivo y con nombre y apellidos empresariales. De ese cáncer, silencio.
De qué lado está cada cual
La respuesta del Gobierno fue inmediata y, por una vez, certera. Pedro Sánchez señaló que quien llama cáncer a las bajas y propone que los enfermos cobren menos «deja claro de qué lado está». Pero la izquierda haría mal en quedarse en el tuit. Lo de Bilbao no es una anécdota de precampaña: es la pieza que faltaba del puzle. Un PP que pacta con Vox la «prioridad nacional» en cuatro comunidades, que convierte el acceso a la sanidad en frontera, y que ahora anuncia que legislará contra los convenios «con o sin acuerdo», está describiendo con precisión notarial el país que construiría desde La Moncloa: menos derechos para el que trabaja, menos protección para el que enferma, menos sindicato para todos, y el Estado puesto al servicio de quien ya tiene la sartén por el mango.
Conviene no equivocarse de debate. El absentismo injustificado existe, como existe el fraude fiscal —bastante más caro, por cierto, y curiosamente ausente de los discursos de Feijóo ante empresarios—, y se combate con inspección, con medios y con una sanidad que funcione. Lo que Feijóo propone es otra cosa: aprovechar un problema real para ejecutar un viejo anhelo patronal, el de que la enfermedad sea un riesgo privado del trabajador y no una contingencia protegida por la sociedad. Eso tiene un nombre, y no es «reforma»: es un ataque sin cuartel a los trabajadores y trabajadoras de este país, empezando por los más vulnerables de todos, los que están enfermos.
En Bilbao, ante quienes aplaudían, Feijóo eligió bando. El resto de España está avisada: cuando dice que «está fácil», habla de tu nómina cuando caigas enfermo. Los derechos, como respondió alguien esta semana, no se recortan. Se defienden. Y se defienden ahora, antes de que quien los llama cáncer tenga mayoría para operar.
