La sociedad catalana y española está asistiendo a una serie de resoluciones judiciales algo inesperadas, por decirlo suavemente:
1) El archivo del caso contra Esperanza Aguirre tras lesionar a un agente de movilidad y arrollar su moto al fugarse de estos, quienes la habían multado por estacionar en un carril bus. El juez consideró que «no está acreditada la desobediencia y las lesiones denunciadas» y que la “solución no puede ser otra que el sobreseimiento, pues la denuncia ha sido rebatida por la denunciada, existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes, y dudas serias hacia la credibilidad de estos”. En otras palabras, la versión de los agentes de movilidad era menos creíble que la de Aguirre, a pesar de que había un gran número de viandantes que vieron cómo Aguirre arrollaba la moto y se fugaba.
2) El caso 4F, relatado exhaustivamente en la película-reportaje Ciutat Morta, estrenada en la televisión pública catalana (con 5 minutos de censura) el pasado 17 de enero. El reportaje explicaba como, tras el lanzamiento de un tiesto que dejó en estado vegetativo a un policía en Barcelona, se acusó a una serie de jóvenes, varios de los cuales fueron brutalmente torturados, vejados y encarcelados durante años. Esto provocó, además, el suicidio de Patricia Heras, una chica a la cual detuvieron únicamente por su estética, ya que ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos.
La única prueba expuesta en el caso fue la versión de unos policías (los cuales serían condenados por inventarse pruebas y torturar a otros detenidos en otro caso), la cual queda desmontada en el reportaje. La película pone hincapié en la complicidad de absolutamente todos los elementos del supuesto Estado de Derecho: la juez (quien desestimó todas las pruebas de la defensa y trató a los arrestados como culpables desde el primer momento), la Fiscalía, la Audiencia Provincial, la policía, altos cargos políticos, funcionarios y muchos medios de comunicación. Todos pusieron de su parte para culpar a esos jóvenes aún sabiendo que no fueron ellos. Necesitaban encontrar culpables, aunque no lo fuesen, para cerrar el caso y hacer creer a la población que el sistema funciona. Este caso recuerda a la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, cuando la policía pierde la pista del disidente que se niega a quemar libros como dicta la ley y decide detener a un ciudadano corriente, echándole la culpa de todo con un montaje policial espectacular que toda la ciudadanía ve por televisión. Una vez atrapado el culpable, aunque se trata de un inocente, la población cree que el sistema ha logrado resolver el problema y sigue confiando él.
3) El caso de Alfonso Pérez, Alfon, el joven madrileño condenado a 4 años de prisión por portar explosivos en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Alfon se defendió aduciendo que ni él ni sus acompañantes portaban ninguna bolsa y explicó que fueron los policías quienes exhibieron una mochila en el momento de la detención. El abogado de Alfon relataba, tras salir del juzgado:
“Ha quedado acreditado que (Alfon) es inocente porque hay unas contradicciones manifiestas, sobretodo con el tema de la cadena de custodia del supuesto artefacto explosivo: quién lo ha cogido, cómo se ha llevado a analizar… No coincide el grupo de policías que recepciona el artefacto con el que se lo remite a los TEDAX (especialistas en desactivación de explosivos), no coincide el número de atestado, no coinciden los instructores ni los secretarios, no coincide el número de la brigada, no coincide la descripción del supuesto artefacto en una comparecencia y en otra. Son unas contradicciones tan grandes que rompen la cadena de custodia. Incluso sin llegar a discutir que Alfonso no llevaba el objeto, que lo hemos dicho desde el principio, entendemos que debe ser una condena absolutoria. […] Se pidió un estudio holofoscópico de las huellas y curiosamente no hay ninguna huella de Alfonso (en el artefacto) pero sí que hay cuatro resultados positivos de huellas pero no se han investigado.”.
¿Se puede condenar a alguien habiendo todas estas irregularidades? ¿De quién son esas huellas y por qué no se investigan? ¿No será que buscan criminalizar las protestas con este caso? Llegados a este punto, la relación entre estos tres casos es clara: mientras la versión de los agentes de movilidad no es suficiente para condenar a alguien que ostenta un poder elevado como Esperanza Aguirre, sí se ha condenado a penas de prisión a ciudadanos corrientes con el simple relato de la policía y con enormes contradicciones en las pruebas como en el caso de Alfon o con versiones de los hechos totalmente disparatadas como en el caso del 4F. Nos encontramos, pues, ante una justicia selectiva, que actúa dependiendo de la clase social a la que pertenezca el acusado.
¿Qué hubiese ocurrido si Alfon hubiera estacionado en un carril bus y se hubiese fugado arrollando una moto de los agentes tras ser multado? ¿Le habrían absuelto? Aguirre se ha defendido diciendo que podía marcharse sin recoger los papeles de la denuncia y que los agentes de movilidad no son policías. Sin embargo, los agentes de movilidad son agentes de la autoridad siempre que están de servicio y pueden practicar detenciones. Esto significa que Aguirre no podía abandonar el lugar hasta que se lo ordenasen los agentes. Está claro que la justicia no es igual para todos. Si perteneces al pequeño grupúsculo que controla las empresas del Ibex35 (los cuales evaden miles de millones de impuestos cada año) o eres parte de sus súbditos que se dedican a legislar a su favor (como Esperanza Aguirre, Montoro y tantos otros políticos), la justicia será benevolente. Si por el contrario, perteneces al 99% restante de la población, es posible que te persigan y acusen de un delito que no has cometido sólo para criminalizar a los trabajadores, estudiantes, okupas, afectados por las preferentes o hipotecas o cualquier otro colectivo explotado, timado y afectado por esta crisis provocada por esos a los que la justicia perdona sus crímenes. A todo esto debemos sumar la salida de Bárcenas de la cárcel, un hombre que acumuló una fortuna de 70 millones de euros en paraísos fiscales (supuestamente dinero de empresarios a cambio de tratos de favor, aunque en el PP se empeñan en decir que no tienen nada que ver) y que ha permanecido únicamente 18 meses en prisión. Saldrá ya que ha logrado reunir los 200.000 euros que le pedían como fianza, cifra ínfima teniendo en cuenta quién es este señor. Está claro, por lo tanto, quiénes quieren mantener el sistema que permite que exista esta corrupción ingente: la clase dominante, ese 1% que controla la economía y la política española. Dirán, por supuesto, que van a cambiar muchas cosas para mejorar el sistema, repetirán dogmas como que la justicia es igual para todos y dirán también que no hay otro sistema mejor. Todo ello está pensado para perpetuarse en el poder, para seguir controlándolo todo. Ya es hora de que el 99% restante, los que pagamos las crisis provocadas por los ricos, nos demos cuenta de que es el sistema el que permite que el caso 4F, el de Alfon y el de tantos otros sindicalistas hayan seguido adelante, que es el sistema el que permite que partidos políticos se financien ilegalmente, que es el sistema el que permite que los grandes empresarios evadan miles de millones, lo que provoca recortes sociales.
Esto no se soluciona poniendo a otro partido en el gobierno. Hace falta más. Sólo cuando entendamos eso, sabremos quién es nuestro enemigo.
