El Parlamento húngaro aprobó un proyecto de ley este lunes que permite al gobierno del primer ministro ultranacionalista Viktor Orban legislar por decreto, bajo un régimen de estado de emergencia indefinido, «para combatir el nuevo coronavirus».
El primer ministro húngaro, jefe de gobierno admirado por la familia Bolsonaro y por los partidarios de Vox en España, dio otro paso «hacia la dictadura», «un golpe», según algunos parlamentarios de la oposición. La ley aprobada hoy en el Parlamento húngaro recibió 137 votos a favor y 53 en contra. Además de otorgarle a Orban pleno poder, el texto también establece hasta cinco años de prisión para cualquiera que difunda «noticias falsas» sobre el nuevo coronavirus o «medidas gubernamentales».
Las nuevas disposiciones permiten al líder húngaro extender el estado de emergencia, que ha estado en vigor desde el 11 de marzo, indefinidamente, sin necesidad de la aprobación del Parlamento.
«El proyecto encaja perfectamente en el marco constitucional húngaro», defendió la ministra de Justicia Judit Varga la semana pasada. Pero la política implementada por Orban en una década de poder hace que la oposición tema que el líder de 56 años esté abusando de las medidas excepcionales que permite la Constitución.
Desde 2010, según muchas organizaciones independientes, Orban ha multiplicado los ataques al estado de derecho, con reformas que han debilitado la justicia, restringido las acciones de la sociedad civil, silenciado la prensa y las artes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que estaba «siguiendo con preocupación» los acontecimientos políticos en Hungría. Amnistía Internacional criticó una ley que otorga carta blanca a Orban y su gobierno para restringir aún más el respeto de los derechos humanos en el país.
Al comienzo de la epidemia, el primer ministro culpó al papel de la inmigración en la propagación del virus, diciendo que fueron «principalmente los extranjeros quienes introdujeron la enfermedad». Orban, que una vez fue un disidente anticomunista y se convirtió al discurso nacionalista y antiinmigratorio por puro oportunismo electoral, ha cambiado profundamente el panorama político, judicial, constitucional y mediático del país que ha gobernado desde abril de 2010. A menudo entra en disputa con instituciones europeas, la ONU y representantes de la sociedad civil, que critican el «giro autoritario», la «violación de la democracia» o la «violación del estado de derecho» en Hungría.
