Hace relativamente poco, ha entrado en vigor una nueva ley en Cataluña que ofrece mayor tranquilidad a los propietarios de inmuebles. A partir del pasado 17 de febrero, esta normativa, aprobada por el Gobierno de la Generalitat, pretende frenar la ocupación ilegal en esta comunidad autónoma.
Los altos niveles de ocupación ilegal en Cataluña, concretamente, en Barcelona y su área metropolitana, sitúan a la cabeza a esta autonomía. De hecho, lidera las denuncias estatales de los casos que se han registrado en todo el país. Este problema ha supuesto un dolor de cabeza también para las agencias inmobiliarias, como Immobarceló, debido a que cuentan con un gran número de viviendas para alquilar o vender.
Todo lo que debes saber sobre la nueva ley contra los okupas en Cataluña
Esta nueva ley da respuesta a una grave problemática que deja desamparados a los propietarios de inmuebles y agencias inmobiliarias en esta comunidad autónoma. Con esta medida, se agiliza el proceso de desalojo de los invasores, gracias a una serie de acciones, que evitan, en ciertas ocasiones, comenzar con los trámites del desahucio.
Las cifras que ofrece el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, entidad que ha realizado un análisis sobre la situación actual, son preocupantes. Particularmente, en Cataluña, donde se registran el 42 % de los casos, según los datos extraídos del Ministerio del interior en el 2022.
En este informe también se recoge que la mayor parte de estos casos se dieron en la provincia de Barcelona, con 4875 viviendas ocupadas de forma ilegal. La diferencia con Madrid es considerable, ya que la capital está en la segunda posición, con 1406 ocupaciones.
A lo largo del 2023, el volumen de demandas (3950) ha descendido en relación con otros años; sin embargo, la cifra sigue siendo bastante alarmante. En el 2022 se contabilizaron 7005 denuncias por este delito, incluyendo los casos de usurpación o allanamiento de morada.
La nueva ley contempla que si un okupa es conflictivo, la Administración puede iniciar el desahucio. Por lo tanto, no es necesario esperar a que un propietario haga este trámite, siempre y cuando se trate de la seguridad de los vecinos e inmueble. En ese aspecto, la intuición local concede un plazo de cinco días hábiles para que el ocupante acredite que dispone del contrato de alquiler.
En el caso de que se trate de una agencia inmobiliaria, el ayuntamiento otorga 30 días para comprobar que se ha comenzado el desalojo del inmueble. Si durante ese tiempo, no se da respuesta a ese requerimiento, la institución está en su pleno derecho de desalojar a los okupas. Además, impondrá pagar los gastos administrativos del proceso y sanciones, que están entre los 9000 y 90 000 euros.
Por último, cabe indicar que la vivienda desalojada podrá ser adquirida por la institución durante siete años. Pasado este tiempo, podía entrar a formar parte del plan de alquiler social del Estado. Aunque la ley ya entró en vigor, algunos expertos consideran que todavía existen algunos escollos o confusiones, a pesar de garantizar mayor protección.
En conclusión, si estás interesado en alquilar o vender una propiedad, lo mejor es confiar en una inmobiliaria seria y profesional como Inmobarceló. Además, si este tema te preocupa, lo más conveniente es solicitar asesoramiento previo para saber cómo actuar en estas situaciones, que están a la orden del día.
