Venezuela se encuentra en un momento crítico, con la oposición preparando una gran manifestación para este jueves, tras la proclamación de Edmundo González como «presidente electo» en unas elecciones que han sido objeto de controversia. La oposición, que se presenta como la voz del cambio, ha convocado a ciudadanos en el país y en diversas ciudades del mundo, incluida Madrid, para lo que consideran el inicio de un proceso que podría llevar a la caída del régimen de Nicolás Maduro. González, un diplomático jubilado de 75 años, promete regresar al país en los próximos días para ser investido presidente, aunque su llegada se desarrolla en un contexto de tensión y represión.
El Gobierno de Maduro, por su parte, ha tomado medidas drásticas, militarizando el país y preparándose para una ceremonia de investidura programada para el viernes. Las autoridades han dejado claro que no permitirán ninguna injerencia externa que amenace su control sobre el poder. Este clima de tensión ha llevado a muchos a prever un aumento de la violencia y la represión en las calles, un escenario que ya ha sido habitual en la historia reciente del país.
Posicionamiento internacional y la respuesta de España
El Gobierno español ha decidido no enviar representación a la ceremonia de investidura de Maduro, una decisión que refleja la postura de no reconocer la legitimidad de un proceso electoral cuestionado. Fuentes del Ministerio de Exteriores han confirmado que «no va a haber ninguna representación de España» en el evento, lo que indica una clara postura de rechazo hacia el régimen actual.
En América Latina, los países se han dividido en tres grupos respecto a la situación en Venezuela. El primer grupo, que incluye a naciones como Cuba, Bolivia y Nicaragua, ha reconocido a Maduro como ganador y enviará representantes de alto nivel a la ceremonia. Un segundo grupo, que incluye a Brasil y México, ha optado por enviar a sus embajadores, aunque sin una invitación formal. Por último, un tercer grupo, que abarca a Chile, Argentina, Estados Unidos y la Unión Europea, ha decidido no enviar a nadie, reafirmando su rechazo a la legitimidad del proceso electoral.
La situación es compleja para España, que cuenta con una comunidad significativa de aproximadamente 350.000 españoles en Venezuela y empresas como Repsol operando en el país. La necesidad de mantener un canal de comunicación con el régimen de Maduro es evidente, a pesar de la falta de reconocimiento de su gobierno. La reciente renovación del embajador español en Caracas, Álvaro Albacete, sugiere un intento de mantener la diplomacia abierta, a pesar de las tensiones.
La historia reciente de Venezuela ha estado marcada por intentos fallidos de la oposición, como el reconocimiento de Juan Guaidó como «presidente encargado» en 2019, que no logró consolidar el apoyo necesario para desafiar al chavismo. La llegada de María Corina Machado ha reavivado la esperanza entre algunos sectores de la oposición, aunque la represión del régimen sigue siendo una amenaza constante.
Las manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición podrían enfrentar una dura represión, similar a la que se ha visto en otros contextos de América Latina. La historia sugiere que el Gobierno de Maduro no dudará en utilizar la fuerza para mantener el control, lo que plantea un futuro incierto para el país y sus ciudadanos.
