El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido abrir una diligencia informativa tras recibir más de 900 quejas relacionadas con el comportamiento del juez Adolfo Carretero, quien está a cargo de la instrucción del caso que involucra a Íñigo Errejón y la actriz Elisa Mouliáa, en el contexto de una denuncia por agresión sexual. La polémica se ha desatado principalmente por la forma en que se llevó a cabo el interrogatorio a la denunciante durante su declaración.
Detalles del Interrogatorio
El interrogatorio tuvo lugar el pasado 16 de enero, donde tanto Errejón como Mouliáa declararon ante el juez por primera vez. Durante la sesión, el juez Carretero cuestionó en repetidas ocasiones el testimonio de la actriz, poniendo en duda su denuncia basándose en el tiempo que tardó en presentarla. El magistrado llegó a preguntar si la denunciante había tenido algún tipo de interés en Errejón, sugiriendo que su denuncia podría ser una reacción a un rechazo. Mouliáa, en respuesta, explicó que no se atrevía a hablar por miedo a las consecuencias, especialmente por ser madre.
Además, el juez realizó preguntas que cuestionaban la reacción de la actriz durante los hechos. Interrogó por qué no se sintió capaz de expresar su desacuerdo en el momento, a lo que Mouliáa respondió que se sintió muy cortada y violentada. Carretero también le reprochó no haber mencionado en su denuncia que había estado bajo los efectos del alcohol, a lo que la actriz explicó que su estado era consecuencia de haber consumido más de lo habitual y que eso le generó lagunas en su memoria. Preguntas sobre la naturaleza del acto también fueron planteadas, lo que ha suscitado un gran malestar en el ámbito social y político.
Las críticas hacia el juez han sido contundentes, especialmente desde el partido Sumar, que calificó su interrogatorio como «revictimizante» e «inaceptable». Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, denunció que el trato del magistrado no proporcionó un ambiente seguro ni para la denunciante ni para otras mujeres que podrían estar considerando presentar denuncias similares. La indignación se ha extendido también a otros sectores, con Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, subrayando la necesidad de una formación en perspectiva de género para muchos jueces, un tema que ya había sido abordado por el Ministerio de Igualdad en legislaturas anteriores.
