Controversia por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia
La reciente publicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha desatado una intensa polémica en el ámbito político español. Este texto, que fue aprobado por las Cortes, parece haber sufrido modificaciones no comunicadas oficialmente, lo que ha llevado al Partido Popular (PP) a denunciar una posible irregularidad en el proceso legislativo. La clave de la controversia radica en la inclusión de una subida salarial para dos categorías de jueces, que no figuraba en la versión original de la ley.
La ley, publicada el 3 de enero, establecía inicialmente una serie de medidas para mejorar la eficiencia del servicio público de justicia, pero excluía a los jueces del grupo 5 y a los órganos unipersonales y tribunales de instancia del grupo 4 de cualquier aumento salarial. Sin embargo, solo ocho días después, el Gobierno emitió una corrección de errores que incluyó esta subida salarial, lo que ha levantado sospechas en la oposición. El PP ha señalado que no existe una explicación clara en el BOE respecto al origen de esta corrección, y que el contenido de la enmienda transaccional de Sumar, que podría haber justificado el cambio, no está debidamente publicado.
Ante esta situación, el portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha calificado este acto de un uso «fraudulento» de la corrección de errores, recordando que este mecanismo debería limitarse a correcciones ortográficas y que cualquier modificación sustancial de una ley debe llevarse a cabo mediante una nueva legislación. En respuesta, el PP ha presentado una proposición para enmendar la errata del Gobierno y ha instado a plantear un conflicto de atribuciones. Este conflicto, si se materializa, podría llevar a la Cámara Alta a requerir formalmente al Gobierno y al Congreso la retirada de la corrección de errores, un paso que ya se ha tomado anteriormente en situaciones similares, como ocurrió con la ley de amnistía.