El conflicto por el impuesto sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) continúa en el seno del Gobierno español. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado su descontento ante la decisión de Hacienda de imponer el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a algunos trabajadores que perciben el SMI, que ha sido elevado recientemente a 1.184 euros mensuales. Desde el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, se asegura que esta medida es necesaria y ya se considera una decisión tomada, a pesar de las críticas de Sumar y la oposición del Partido Popular, que busca alternativas para mitigar este impacto fiscal en las comunidades que gobierna.
En una entrevista reciente, Yolanda Díaz acusó a María Jesús Montero de contradicciones respecto a la tributación del IRPF para quienes reciben el SMI. La ministra de Hacienda había afirmado que solo el 20% de los beneficiarios del SMI estarían obligados a tributar, a lo que Díaz respondió que esta cuestión no había sido discutida dentro del Gobierno. Díaz lamentó que se pretenda gravar a los trabajadores con los ingresos más bajos, mientras se otorgan «regalos fiscales» a sectores como el energético. «Yo quiero que paguen impuestos los que ganan mucho dinero, no los que ganan 15.000 euros al año», subrayó la ministra de Trabajo.
La justificación del Gobierno
Las declaraciones de la ministra Díaz se produjeron un día después de que Montero defendiera la reciente subida del SMI como un logro del Gobierno, que ha aumentado este salario en más de 400 euros desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. Según Montero, la subida a 1.184 euros mensuales no solo busca garantizar una vida digna para las familias, sino que también está alineada con los estándares europeos, situando el SMI en el 60% del salario medio. Montero argumentó que con el aumento del SMI, el salario ya no puede considerarse una mera «renta de subsistencia», y que, por tanto, debe venir acompañado de derechos y obligaciones fiscales.
