Las autoridades migratorias de Estados Unidos han iniciado una investigación sobre los beneficiarios de los programas de inmigración establecidos durante la presidencia de Joe Biden, en un contexto marcado por la preocupación por posibles fraudes. Según informes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) ha suspendido el procesamiento de solicitudes de beneficios para migrantes que ingresaron al país bajo programas especiales, afectando a decenas de miles de ucranianos.
Estos programas, que permitieron la entrada legal de grupos considerados vulnerables o valiosos para el país, fueron implementados por la administración Biden. Uno de los más destacados, conocido como Uniting for Ukraine (U4U), permitió que más de 117,000 personas llegaran a EE. UU. hasta mediados de 2023. Sin embargo, la nueva administración ha decidido poner en pausa el procesamiento de solicitudes pendientes, lo que cierra las puertas a otros estatus de protección, según reporta CBS News.
Suspensión de programas y preocupaciones sobre fraude
Un memorando fechado el 14 de febrero, emitido por el director interino del USCIS, Andrew Davidson, establece una “pausa administrativa” en todas las “solicitudes de beneficios pendientes” de aquellos que ingresaron bajo el programa U4U y otros programas similares dirigidos a personas de América Latina y el Caribe. Esta decisión no solo limita las opciones de los beneficiarios para obtener otros estatus legales, como la residencia permanente a través de la Green Card, sino que también los expone a posibles deportaciones.
Davidson ha expresado su preocupación por el fraude generalizado y la falta de investigaciones sobre los riesgos potenciales para la seguridad pública asociados con estos programas. En su comunicado, mencionó que se habían descubierto miles de solicitudes fraudulentas en el programa CHNV, que abarcaba a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, donde se identificaron “patrocinadores en serie” y otra información dudosa. Algunos casos han sido confirmados como fraudulentos, lo que ha llevado a la conclusión de que algunos migrantes no fueron “completamente verificados”.
La pausa en el procesamiento de solicitudes podría levantarse tras una “revisión y evaluación exhaustiva” de la población afectada. Esta medida se enmarca dentro de la estrategia de la administración Trump, que ha prometido combatir la migración masiva en la frontera sur y llevar a cabo deportaciones a gran escala de individuos que se encuentren en situación irregular en el país.
