El primer mes del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido un despliegue de poder ejecutivo sin precedentes. Desde su toma de posesión el 20 de enero, el republicano ha comenzado a implementar la agenda política que le valió el apoyo de una mayoría de votantes, y lo ha hecho con una intensidad que ha sorprendido incluso a sus críticos más acérrimos.
Trump ha ido más allá de las acciones habituales de un nuevo presidente, como revertir políticas de su predecesor, Joe Biden. Ha lanzado una operación masiva de deportación de inmigrantes, desarticulado políticas que considera ‘woke’, impuesto aranceles y perdonado a los condenados por el asalto al Capitolio. Además, ha iniciado una campaña contra lo que él considera excesos de la burocracia y del gasto público, apoyándose en figuras como Elon Musk, el hombre más rico del mundo.
Desafíos a la Constitución y el sistema democrático
Las acciones de Trump han incluido órdenes que desafían la Constitución. En su purga del servicio civil, ha despedido a 17 inspectores generales y otros funcionarios encargados de supervisar al Gobierno y de establecer directrices éticas. Se ha arrogado poderes sobre agencias independientes, ha congelado fondos ya aprobados por el Congreso y ha eludido procesos establecidos para desarticular agencias gubernamentales. Todo esto se ha llevado a cabo bajo una interpretación expansiva de su poder, que pone en jaque principios fundamentales como la separación de poderes.
Esta embestida contra el sistema de gobierno estadounidense amenaza con desestabilizarlo desde dentro. Trump cuenta con un dominio absoluto de su partido, que controla el Congreso y no ofrece resistencia a sus incursiones en los poderes legislativos. A pesar de que el sistema democrático de controles y contrapesos aún resiste, ha sido erosionado durante su primer mandato y los tribunales han frenado algunas de sus acciones, con al menos 12 decisiones en su contra en más de 70 demandas presentadas.
Sin embargo, Trump ha comenzado su mandato ignorando tanto una ley del Congreso como una decisión del Tribunal Supremo, lo que ha elevado los temores sobre una posible crisis constitucional. Recientemente, en su red social, citó a Napoleón al afirmar que «quien salva a su país no viola ninguna ley».
La operación política que ha desplegado Trump en este primer mes se caracteriza por una sofisticación y organización que le faltaron en su primera presidencia. La oposición, desarticulada tras la derrota electoral, se encuentra ante un torbellino de acciones y declaraciones que dificultan su respuesta. Este caos, que es celebrado por sus votantes, ha llevado a Trump a alcanzar índices de aprobación cercanos al 50%, aunque su margen de valoración favorable se ha reducido en casi cinco puntos desde el inicio de su mandato.
La revolución que plantea Trump no solo se siente en Estados Unidos, sino que también se refleja en sus declaraciones sobre Panamá, Groenlandia, Canadá o Gaza, así como en su relación con Vladímir Putin y su postura hacia Ucrania. Su política exterior y sus amenazas arancelarias han comenzado a desestabilizar el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial.
Expertos advierten que lo que se alza entre Estados Unidos y el autoritarismo son los tribunales, que representan la última esperanza para la democracia. Sin embargo, el sistema legal tiende a ser lento, lo que plantea el riesgo de que, para cuando se tomen decisiones judiciales, Trump ya haya consolidado su poder. Si el Tribunal Supremo le da la razón en sus acciones, se sentará un precedente peligroso que podría permitirle actuar sin límites.
