El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado un acto de conciliación con la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en el marco de una posible querella por injurias y calumnias. González Amador reclama una indemnización de 40.000 euros si Alegría no se retracta de unas declaraciones en las que le calificó como «delincuente confeso». Esta demanda se inscribe dentro de una serie de acciones legales que el empresario ha llevado a cabo contra diversos miembros del Gobierno, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, quien también está citado a un acto de conciliación el próximo 12 de febrero.
No es la primera vez que González Amador toma medidas legales en este contexto. En diciembre pasado, anunció su intención de presentar una querella contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por llamarle «defraudador confeso», solicitando una indemnización de 20.000 euros. Asimismo, ha demandado ante el Tribunal Supremo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por intromisión ilegítima en su derecho al honor, reclamando 40.000 euros en este caso. La situación se complica aún más con la citación del presidente del Gobierno, quien deberá comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid debido a sus declaraciones sobre González Amador.
Por otro lado, la Fiscalía de Madrid ha respaldado la continuación de la investigación a González Amador, que se abrió en octubre pasado por la jueza Inmaculada Iglesias. Esta investigación busca determinar si el empresario cometió delitos adicionales relacionados con el uso de una empresa para ocultar ingresos, en este caso, vinculados al Grupo Quirón. El fiscal ha argumentado que los indicios de posibles delitos, identificados por la jueza y fundamentados en actuaciones de la Inspección Tributaria, justifican la mantenencia activa de la investigación. La empresa en cuestión, Círculo Belleza SL, adquirida por González Amador, es objeto de escrutinio por su aparente falta de valor real y por supuestos pagos ilícitos asociados a su compra.
