La corrupción que afecta al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al Gobierno de Pedro Sánchez parece estar lejos de resolverse. Recientemente, el empresario Víctor de Aldama ha presentado un documento de 37 páginas ante el Tribunal Supremo en el que desvela detalles comprometedores sobre una red de corrupción que involucra a altos cargos del partido y al propio Sánchez. Aldama, considerado uno de los cabecillas de la llamada «trama Koldo-Ábalos», ha afirmado que varias empresas se beneficiaron de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, con el conocimiento y la aprobación del presidente del Gobierno.
En su declaración, Aldama menciona que tres empresas vinculadas a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, recibieron adjudicaciones de contratos públicos, siempre bajo la condición de que se pagaran comisiones a cambio de los mismos. Según Aldama, estas adjudicaciones contaban con el visto bueno de Sánchez, quien era informado puntualmente a través de Ábalos, considerado su «mano derecha». Las empresas Lantania SAU, Levantina Ingeniería y Construcción SL y Ortíz, Construcciones y Proyectos SA son mencionadas como receptoras de estos pagos, los cuales estaban destinados a asegurar la mediación de Aldama ante el Ministerio de Transportes.
El escándalo no se limita solo a la trama de corrupción en torno a las adjudicaciones, sino que también afecta a ADIF, la empresa pública encargada de la gestión de infraestructuras ferroviarias. Aldama ha señalado al actual presidente de ADIF, Ángel Contreras Marín, como un presunto integrante de esta red de amaño de contratos. Se ha revelado que se facilitaron propiedades inmobiliarias, incluyendo un chalet, a Ábalos a cambio de favores políticos, lo que ha provocado un gran revuelo en los círculos políticos.
Aldama ha hecho acusaciones directas contra Sánchez, afirmando que el presidente no solo tenía conocimiento de las operaciones corruptas, sino que también las aprobaba. Esta situación contrasta con las declaraciones previas de Sánchez, quien ha negado cualquier implicación en la trama. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha expresado que Sánchez se encuentra «acorralado por la corrupción de su Gobierno, su partido y su familia», subrayando la gravedad de la situación.
El clima político se ha vuelto cada vez más tenso para el PSOE, que recientemente celebró su Congreso Federal en Sevilla. Lo que debería haber sido una muestra de unidad se convirtió en un evento criticado por la oposición como una «ceremonia de la corrupción». La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, fue particularmente dura con sus críticas, señalando que mientras Sánchez aplaudía a condenados por corrupción, el PP celebraba a aquellos que trabajaban para ayudar a las víctimas de desastres naturales.
El panorama judicial para el PSOE se presenta complicado, con cerca de una veintena de delitos bajo investigación y casi una treintena de jueces involucrados en la instrucción de casos relacionados con la corrupción que acechan al partido. Las recientes revelaciones de Aldama podrían marcar un punto de inflexión en la carrera política de Sánchez, quien enfrenta uno de los mayores desafíos de su mandato. A medida que el caso Koldo y sus ramificaciones continúan desarrollándose, la presión sobre el presidente y su partido aumenta, dejando abierta la posibilidad de que esta crisis política tenga implicaciones de largo alcance.
