La reciente caída del dictador sirio Bashar el Asad ha desatado una ola de atención sobre los oscuros capítulos del régimen que gobernó Siria durante más de cuatro décadas. Centenares de familias de desaparecidos se han concentrado en los principales centros de detención del país, en busca de información sobre sus seres queridos, muchos de los cuales han estado en paradero desconocido durante años o incluso décadas. En este contexto, Hayat Tahrir al Sham (HTS), una milicia de ideología yihadista que ha jugado un papel crucial en los avances sobre Damasco, ha comenzado a preparar una transición política al nombrar a Mohamed Bashir como primer ministro, quien anteriormente dirigía el Gobierno de Salvación en la provincia de Idleb.
Uno de los lugares que ha cobrado protagonismo es la prisión de Sednaya, situada a unos 30 kilómetros al norte de Damasco. Según diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, se estima que alrededor de 30.000 personas han muerto en este centro penitenciario entre 2011 y 2018, la mayoría como resultado de torturas, falta de atención médica y privación de necesidades básicas. Las imágenes desgarradoras de la prisión, reveladas por un exguardián en 2013, generaron una indignación internacional sin precedentes, mostrando a prisioneros desnudos y desolados en el suelo.
Tras la liberación de Sednaya, han sido hallados entre 40 y 50 cadáveres, según Rami Abdurrahman, presidente del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Dichos cuerpos pertenecen, según la misma fuente, a «ejecuciones recientes». Los Cascos Blancos, reconocidos por su labor de rescate en medio de los bombardeos, se han movilizado para investigar posibles celdas ocultas donde aún podrían estar encerrados presos. Sin embargo, emitieron un comunicado desmintiendo la existencia de estas habitaciones secretas y solicitando ayuda internacional para localizar a los miles de desaparecidos durante el régimen de Asad. Algunos familiares denunciaron que los directivos de la prisión habían destruido pruebas documentales para ocultar el paradero de los desaparecidos.
La búsqueda de justicia y la transición política
Los ciudadanos sirios también se han congregado alrededor del ‘barrio de seguridad’, donde se encontraban varias instituciones gubernamentales. Sleiman Kahwaji, un rescatista que fue detenido en 2014, relató que pasó «55 días bajo tierra» junto a otros 54 prisioneros, y que durante su cautiverio algunos murieron por falta de atención médica. En las paredes de su celda, los prisioneros dejaban mensajes desgarradores a sus familias.
Mientras parte de la población siria intenta desenterrar su doloroso pasado, los nuevos líderes del país se afanan por establecer una transición política que promete ser complicada. Mohamed Bashir, el nuevo primer ministro, ha convocado una reunión para coordinar la transferencia de archivos e instituciones entre el Gobierno de Salvación y el antiguo régimen de Asad.
HTS ha dictado órdenes a sus milicias para que eviten la presencia militar en las ciudades, delegando la seguridad en sus agentes internos. Esta decisión ha resultado en una menor visibilidad de las fuerzas armadas en las calles. Además, el liderazgo islamista ha emitido directrices para que los combatientes no interfieran en la vestimenta de las mujeres, buscando distanciarse de comparaciones con los talibanes afganos. Estas iniciativas han sido bien recibidas por la comunidad internacional, que ahora demanda acciones concretas que respalden estos mensajes. Geir Pederssen, enviado especial de la ONU para Siria, ha calificado estos cambios como «mensajes positivos» que deben ser corroborados con hechos tangibles en el futuro cercano.
